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Luego de lograda una clamorosa victoria de quienes estamos empeñados en producir un cambio en Venezuela, no solo de gobierno, sino también una transformación profunda en la conducta de quienes ocupan posiciones relevantes en la conducción del sector democrático, que por cierto, ha comenzado con la estrategia del enjambre, que no es otra cosa que cada ciudadano sea su propio líder para lograr un solo objetivo que es la recuperación de una autentica democracia y plenas libertades, que significa que cada quien pueda hacer todo aquello que la ley no le prohíba, que pueda expresar todo lo que piensa de la manera que lo sienta, que cuando acuda a un tribunal la sentencia sea producto de lo alegado y probado en autos, y no el capricho de un comisario político. En otras palabras, que ninguna persona tenga el temor que el ejercicio de sus derechos pueda conducirlo a la cárcel. El régimen que nos gobierna se empeña en mantener la ilusión de que obtuvo la victoria, espejismo que le genera sonrojo a quienes fueron sus testigos en las mesas electorales y que obligados tienen que morir callados, pero que su conciencia les carcome el alma. Afortunadamente la inmensa mayoría de los gobiernos y pueblos libres conocen la verdad, no solo a través de los medios, redes sociales y sus embajadores, sino que han tenido acceso a las actas impresas por las máquinas de votación y que el poder electoral bajo la presión del gobierno derrotado ha sido obligado a ocultar.
Transcurridos 70 días, no solo es que la tiranía se niega a reconocer el resultado, sino que quien fuera el jefe de campaña y actual presidente de la Asamblea Nacional, sin ningún pudor, con el mayor cinismo y carente de toda vergüenza, convoca a todos los factores políticos del país a un encuentro para acordar una «revisión de todo el ordenamiento jurídico que rige los procesos electorales y los partidos políticos» se necesita tener una cara de roca para hacer semejante propuesta; para formular tal solicitud, lo primero es reconocer que Edmundo González Urrutia es el presidente electo, y el primer punto de la agenda tiene que ser, aprobar las normas que regirán la transición. Lo planteado es algo semejante a cuando el ladrón que le ha robado su patrimonio no acepta que lo hizo, pero le invita a reunirse con él para ver si lo puede ayudar a recuperarlo. Si el proponente tuviera buena fe, habría convocado para que todos ratificaran su adhesión y exigieran el cumplimiento de lo consagrado en el artículo 5 de nuestra carta magna.
Por lo expresado por algunos voceros protagónicos del régimen, que cada día son menos, esa reunión pautada para el momento en que estoy terminando este artículo, tiene por objeto echar las bases para, en el término de la distancia, aprobar una serie de normas que le den amplias facultades al poder ejecutivo para cada día limitar más el poco espacio para el ejercicio cívico que persiga mantener áreas democráticas. Son capaces de aprobar reformas que contengan con efecto retroactivo que quien obtuvo más votos en las elecciones del 28 de julio no es el ganador, si no quien llegó de segundo. Que solo tendrán derecho al sufragio quienes sean militantes de la coalición que respalda al gobierno. Que para conformar un partido político se necesita la autorización del Ministerio del Interior. Que para formar parte de la administración pública hay que ser militante de la coalición gubernamental. Que para salir o ingresar al país se requiere autorización del régimen. Que nadie puede opinar mal del gobierno, muchos menos protestar so pena de ir a la cárcel. Que los bienes de todos los compatriotas que se han ido del país, pasarán a ser propiedad del Estado y éste decidirá su destino. Todo esto y muchísimo más, significa que la lucha entre la oposición y el gobierno, entre el chavismo y el antichavismo, entre María Corina Machado y Edmundo contra Nicolás Maduro, ha terminado. Ahora comienza la lucha entre quienes creemos en la democracia y la libertad plena y los que aúpan y respaldan una tiranía impuesta por la fuerza de los negocios y del poder militar. Debemos estar claros: o logramos que este gobierno termine el 10 de enero de 2025 o comenzaremos a vivir igual que en Cuba. ¡Usted decide cómo quiere vivir!
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