El independentismo catalán se embarca en un nuevo conflicto político entre las distintas fuerzas soberanistas. Lo hace como consecuencia de la respuesta política a la sentencia por la que se condena a Laura Borràs a cuatro años y medio de prisión y trece de inhabilitación.
Este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó a la todavía presidenta del Parlamento de Catalunya por los delitos de prevaricación y falsedad documental durante su presidencia al mando del Instituto de “Lletres Catalanes” al considerar acreditado que ésta habría adjudicado a dedo hasta diecisiete contratos obviando la legislación de contratación pública.
La respuesta política no ha sido homogénea. Mientras el núcleo duro de Laura Borràs cierra filas alrededor de su presidenta y acusa al Tribunal de haber actuado con un ánimo de venganza, desde la formación republicana de ERC aseguran que se trata de un caso de corrupción política que en absoluto tiene que ver con el proceso soberanista.
Esta diferencia ha generado un clima de calma tensa entre los partidos independentistas que, sumado a la salida de Junts del ejecutivo autonómico, ponen de relieve la profunda brecha que existe actualmente en el seno del independentismo.
El indulto a Laura Borràs: una medida inédita
Dejando de lado la cuestión política del asunto, conviene resaltar la novedad de la sentencia que dejó boquiabierto a más de uno. El propio tribunal sentenciador consideró, pese a condenarla a cuatro años y medio de privación de libertad, que se trataba de una condena injusta y desproporcionada, motivo por el que solicitó al Ejecutivo de Pedro Sánchez el indulto parcial de la pena.
Se trata de una cuestión sin demasiados precedentes. El más común se retrotrae a la época en la que el servicio militar era obligatorio en España, incurriendo en delito aquel que no lo realizase.
En aquellos tiempos, los que se negaban a servir a España sus servicios militares eran procesados y condenados por los tribunales de nuestro país, siendo muchos jueces y magistrados quienes a la vez de la condena solicitaban el indulto de los condenados al entender desproporcionadas las consecuencias punitivas de sus actos.
Desde entonces, no obstante, no se recuerda ningún otro caso en que el propio tribunal que condena sea el que solicite la medida de gracia. Algo que todavía recobra más importancia teniendo en cuenta la naturaleza de los delitos atribuidos a Laura Borràs.
Recurso de casación ante el Tribunal Supremo
La todavía presidenta del Parlamento catalán ha asegurado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo. Denuncia que ha sido objeto de la “LawFare” española y que no ha tenido un juicio justo.
Me permitirán afirmar que, en parte, a la presidenta le asiste algo de razón al entender que su juicio no ha sido justo. No lo ha sido porque en esa misma situación ningún otro servidor público se hubiera visto beneficiado por la petición de indulto parcial de la pena de privación de libertad.
No obstante, recuérdense estas palabras. Si la presidenta del partido post convergente decide finalmente recurrir en casación ante el Tribunal Supremo deberá asumir el riesgo de que, si esa sentencia es ratificada por éste, cuando se tramite el indulto ya haya cambiado el Ejecutivo.
Dicho en otras palabras, y teniendo en cuenta que la medida de gracia sólo puede tramitarse una vez adquirida la firmeza de la sentencia, podría darse la circunstancia de que cuando el Tribunal Supremo resolviera el recurso ya no estuviera gobernando la coalición de PSOE y Unidas Podemos; complicándose así la concesión del indulto y pudiendo auto condenarse a sí misma –por el simple hecho de recurrir– a tener que ingresar en prisión.
En definitiva, el independentismo catalán vive nuevamente inmerso en un clima de tensión política manifiesto que únicamente degrada a las instituciones. Laura Borràs debería ir pensando en dar un paso al lado y preservar –si tanto amor le profesa– al Parlamento de Cataluña.