El incidente naval ocurrido en días pasados al sur del azimut sur y la inclusión en la farsa electoral de mayo próximo de candidatos a gobernador y diputados del Esequibo, considerado por el régimen como el Estado de la Guayana Esequiba, ha hecho resurgir las tensiones con Guyana que como sabemos introdujo en marzo de 2018 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en la cual le pide al tribunal que reafirme la validez del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899, decisión que Venezuela ha considerado desde siempre nulo e írrito, lo que abrió el camino a negociaciones después de la independencia de Guyana en 1970 y al Acuerdo de Ginebra de febrero de ese mismo año que regula sin duda la solución de la controversia territorial entre los dos países.
En contra de la posición de Venezuela, que sostuvimos muchos entonces, la Corte decidió el 18 de diciembre de 2020 que era competente y que podía ejercer su jurisdicción y conocer el fondo de la demanda de Guyana, es decir, si el laudo del 3 de octubre de 1899 es válido o nulo. Lamentablemente y pese a la opinión de la mayoría de los estudiosos del tema, Venezuela no compareció, presentando apenas un Memorándum que poco ayudó a la posición del país.
Independientemente de esa absurda posición del régimen de Maduro de no comparecer y de insistir en negar la jurisdicción del tribunal de las Naciones Unidas, preocupa la actitud de confrontación que asume el régimen para defender nuestros intereses y los derechos que históricamente tiene Venezuela sobre el territorio del Esequibo, separándose de los medios que establece el derecho internacional para resolver la controversia, en este caso, el arreglo judicial que aunque no responde a nuestra posición es una realidad que debemos enfrentar.
El llamado a la farsa electoral de mayo ha generado una gran preocupación en Guyana aunque como la vez anterior, con el famoso por fracasado referéndum sobre el Territorio Esequibo, las amenazas del régimen de tomar de facto o de jure el territorio, ignorando el proceso ante la Corte, no pasarán de allí. Es irresponsable hablar, como lo hace el régimen al acordar esta farsa ilegitima e ilegal, de electores venezolanos en el territorio en reclamación, colocar mesas electorales y hacer campaña, presentar candidatos a gobernador, alcaldes y a la Asamblea Nacional, también pensar en instalar una oficina en el territorio que sabemos si bien no es parte del territorio guyanés, ese país lo administra y lo controla.
Ante esa delicada situación que refleja la poca seriedad con la que el régimen y sus bufones tratan este tema, el pasado 7 de marzo y de conformidad con el Estatuto (art. 41) y del reglamento de la Corte (art. 73, 74 y 76) Guyana solicita al tribunal que adopte una serie de medidas relacionadas con el “proceso” electoral organizado por el régimen de Maduro para distraer la atención y poder negociar eventualmente su “legalidad” que nunca la obtendrán por ser su comprobada legitimidad de origen y menos aun lograr un “consenso nacional” alrededor de la dictadura para defender nuestros intereses y recuperar el Territorio Esequibo.
Guyana le solicita a la Corte que decida que Venezuela “debe abstenerse de realizar cualquier elección en o en relación con cualquier parte del territorio situado del lado guyanés de la línea fronteriza, tal como establecido por el laudo arbitral de 1899” y en particular le solicita al tribunal que le pida a Venezuela que no extienda el derecho a voto en las elecciones venezolanas “a toda persona que viva en el territorio” (en reclamación); que no distribuya boletines de voto, cartas de elector, materiales electorales u otros documentos electorales físicos o electrónicos a la población de dicho territorio”; que no designe, presente o apoye candidatos a las elecciones en el mismo territorio, que no establezca mesas de votación en el mismo y que entre otras, no tome ninguna medida relacionada con oficinas de los “elegidos”. En resumen, pide Guyana a la Corte, que le solicite a Venezuela que “se abstenga de llevar a cabo cualquier acción que busque anexar de jure o cualquier parte del territorio que está del lado de Guyana, tal como está establecido -sostiene Guyana- en el laudo arbitral de 1899, especialmente, la no incorporación del territorio de la ‘Guayana Esequiba’ a su territorio”.
La Corte deberá considerar esta solicitud, pero antes deberá oír los argumentos o la respuesta de Venezuela, para lo cual fijará una fecha próxima, incluso para las audiencias públicas, aunque Venezuela siga negando la jurisdicción de la Corte. El proceso sigue y quiérase o no Venezuela es parte en el mismo.
De nuevo estamos ante la eventual no comparecencia, es decir, el abandono de nuestros intereses, que respondería a la absurda posición que ha asumido hasta ahora el Estado venezolano conducido por el grupo de Maduro. La falta de transparencia, la opacidad demostrada estos años, hace responsable exclusivo al régimen que habiendo abandonado nuestros intereses y la acción jurídica propia de un país respetuoso del orden, intenta una solución de la controversia mediante actos distintos, incluida la amenaza del uso de la fuerza.
La solución de la controversia con Guyana está regulada por el Acuerdo de Ginebra de 1966, un éxito de la diplomacia de la democracia que tuvimos hasta 1999, que remite a la Corte Internacional de Justicia en donde debemos comparecer y defender con inteligencia los derechos que tenemos sobre el Territorio Esequibo, desde 1777 parte del territorio de Venezuela.
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