Todo el mundo sabe que el régimen que oprime a Venezuela está sometido por la Corte Penal Internacional (CPI) a investigación por la comisión de crímenes de lesa humanidad. En un Informe de 22 páginas, fechado el 30 de marzo pasado, que el fiscal de la CPI, Karim Khan, presentó a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte, se acusa a la dictadura de Nicolás Maduro de perseguir, torturar, violar y encarcelar a civiles y que “a las víctimas las sometieron a actos de violencia que incluyen palizas, asfixia, casi ahogamiento y descargas eléctricas”, con “más de 100 (que) sufrieron diferentes formas de violencia sexual incluida la violación”, que han derivado en “graves daños a su bienestar mental y físico”. Son “miles de opositores percibidos o reales del gobierno de Venezuela”, perseguidos por motivos políticos y sin ninguna base legal. Todo el plan de agresiones fue “alentado o aprobado por el gobierno y llevado a cabo principalmente por miembros de fuerzas de seguridad del Estado”, señalándose además que “tales actos fueron con la posible ayuda de grupos o individuos progubernamentales”.
Se está en presencia del ataque de “una política de Estado sistemático” contra la población civil que amplía la política que implementó su predecesor el fallecido Hugo Chávez Frías, quien, desde su tumba en el Cuartel de la Montaña, seguramente “a través de un pajarito” –como lo confesó tiempo atrás el propio Maduro- le transmite ciertas órdenes. No hay día en que los medios de comunicación no registren los atropellos y violaciones de los derechos humanos, al igual que los inimaginables hechos de corrupción, protagonizados por los personeros gubernamentales –de alto y bajo calado- que están hundiendo al país. Se fusila con veleidosa complacencia la libertad de expresión y se desfalca a Pdvsa con la participación directa –que no podía ser ignorada por los encumbrados jerarcas del régimen- del propio ministro del Petróleo, Tareck el Aissami, que renunció al cargo, pero no se conoce, a la fecha de escribir estas líneas, ninguna medida o sanción contra él, ni tampoco si se fue o no del país.
En su informe, el fiscal Khan refutó uno a uno los argumentos esgrimidos por el régimen dictatorial de Maduro, que está tratando de evitar la continuación de la investigación. La persecución, por motivos políticos, se ha acentuado al menos desde abril de 2017 en adelante. Por esa razón, el fiscal concluyó que, “a la luz de consideraciones cuantitativas y cualitativas, entre ellas la escala, la naturaleza, la forma de comisión y las repercusiones de los crímenes”, tienen tal gravedad como para que la Corte adopte nuevas medidas.
Quedamos en espera de las providencias adicionales a dictar por la CPI.