La semana pasada la visita de Edmundo González Urrutia, embajador de carrera por concurso (1971), egresado de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV, “la Casa que vence las sombras”, representó un evento extraordinario, poco común en la historia electoral de Venezuela. “Hijo de la educación pública”, como él mismo se describe; con estudios superiores en American University, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos; su trayectoria profesional le distingue por ser funcionario de carrera por concurso, primer secretario en la Embajada de Venezuela en Washington con el excanciller Iribarren Borges, arquitecto del Acuerdo de Ginebra; Director General de Política Internacional con el Dr. Miguel Ángel Burelli Rivas, un diplomático, político e intelectual de gran talla, negociador por Venezuela del Estatuto de Roma, le acreditan no como un buen candidato; sino el mejor candidato para conducir la relaciones exteriores de Venezuela en momentos de transición, como lo fueron el general Eleazar López Contreras en 1935, al final de la dictadura de Juan Vicente Gómez con 27 años en el poder; con su conseja “calma y cordura“; en España de Adolfo Suárez en 1975, luego de la muerte del generalísimo Francisco Franco, quien se pasó 39 años en el Palacio del Pardo y Patricio Aylwin en 1990, al morir el general Pinochet, dueño y señor a sangre y fuego del Palacio de la Moneda durante 17 años.
La agenda internacional de conflictos de Venezuela a partir del próximo año, impone una serie de amenazas que ponen en peligro nuestra seguridad nacional, soberanía e integridad territorial; quizás tan o más peligrosa que cuando la perdida de la Primera República en 1812 o del bloqueo europeo a nuestras costas en 1902-1903. Enfrentar dichos retos no será fácil, si no se tiene experiencia en el manejo de los asuntos internacionales; por ello, nada mejor que un profesional de la diplomacia, caracterizado desde nuestra época universitaria por la “calma y cordura” de López Contreras, tan necesaria para relacionarse con los factores externos que amenazan nuestra existencia como Estado-Nación; entre ellos, el peso de la deuda externa, calculada extraoficialmente entre 120.000 y 200.000 millones de dólares, debido a que el Estado venezolano no ha publicado las cifras oficiales de la deuda en los últimos 5 años. Silencio que hace de la economía venezolana un hueco negro, denso y oscuro y si hay un silencio estadístico, no sabemos hacia dónde vamos. Lo que si es cierto es que esos números representan “2 veces” el producto interno bruto (PIB) de la nación, calculado extraoficialmente entre 60.000 y 65.000 millones de dólares; Problema que si bien requiere poner orden en lo interno de las cuentas nacionales, el gasto público y la corrupción galopante, también en el internacional, es imperativo poner orden mediante un relacionamiento diplomático del jefe del Estado, que inspire confianza a la comunidad internacional, los organismos multilaterales y banca internacional.
El restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la comunidad internacional, el regreso a los organismos multilaterales (OEA, CIDH), la recomposición de las relaciones con Mercosur; el abandono de esa política de Estado de la ruptura de relaciones diplomáticas y el fin de la odiosa práctica de “declarar persona grata” a los miembros del cuerpo diplomático, es imperioso. En cambio, el respeto a los derechos humanos y garantizar la seguridad jurídica para atraer la inversión extranjera, son una necesidad.
La agenda internacional es compleja por los intereses que se mueven alrededor de ella, como puede ser redefinir las relaciones políticas y comerciales con China, que hacer con Petrocari y todos los “petro”; pero dos asuntos son de vital importancia. Las causas ante los dos más altos tribunales internacionales de justicia. Venezuela es el único país que presenta demandas ante la CIJ y la CPI, sin contar las demandas ante belos tribunales arbitrales por cuestiones comerciales:
Las denuncias ante la CPI, por crímenes de lesa humanidad, empañan nuestra imagen internacional, mientras que el caso del Esequibo afecta nuestra soberanía, seguridad nacional e integridad territorial, el cual habrá que enfrentarlo con una nueva estrategia diplomática, política y procesal. Por los momentos la mejor defensa que se tiene, es reconocer la jurisdicción de la Corte e ir a La Haya; decisión que en un cambio de estrategia, se tendrá que tomar el Embajador Edmundo González con toda la calma y cordura que le caracterizan y la mejor carta dentro del juego democrático para la reinserción de Venezuela dentro del concierto internacional.
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