Nueva farsa: la “revolución judicial” de Diosdado

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El país asume sin grandes explicaciones o debates agotadores la afrenta a la que se expone con el anuncio de Nicolás Maduro de crear una comisión para reformar el sistema judicial venezolano, sistema maltrecho y horrorizado por la mano implacable del régimen. La propuesta garantiza una nueva deformación con fines políticos, en búsqueda del control exhaustivo de la población penal que se aproxima a los 63.000 privados de libertad, tema del que puedo hablar con seguridad, luego de haber sido presidente de la subcomisión de cultos y regímenes penitenciarios de la AN 2010-2015.

En los recintos penitenciarios hay muchos inocentes, ahora transformados en criminales para su propia subsistencia, los penales son centros de negocios, desde donde se realizan; la comercialización de drogas, armas, robos de vehículos, sicariatos, es la industria del crimen que a su vez se ramifica en jueces, fiscales, magistrados, gobernadores, militares, ministros etc. La estructura del Estado se sirve de los líderes negativos, denominados presos resteados asesinos natos (pranes). Este monstruo que gobierna los penales controlando la población y a su vez a los criminales de las calles, quienes reportan finanzas que se comparten con el poder político, son un gigante incontrolable por quienes carecen de probidad. La moral en sí misma conlleva una actitud frente a las circunstancias, este valor se constituye en elemento fundamental para intentar cambios dentro de este sistema, siendo una carencia de los designados, es evidente una farsa, que devendrá en nuevo y peligroso perjuicio al país. Antes de proseguir a la tormenta del significado de este anuncio, quiero referirme al Libertador Simón Bolívar en carta que le enviara a don Joaquín Olmedo, el 12 de julio de 1825 en el Cuzco, entre tantas cosas se refería; prestar atención al paisano a quien hicieron rey en una comedia y decía “ya que soy rey, haré justicia”, no se quejen de mis fallos, pues como no conozco de mi oficio, daré palos de ciego por imitar al rey de la comedia que no dejaba títere con gorra a quien no mandase preso. Así es nuestro sistema, se designa a quienes a palazos y mazazos impondrán falsa justicia.

También Simón Bolívar en la misma carta señalaba: “No me gusta entrar alabando para luego salir mordiendo, siempre debemos estar preparados para oír grandes verdades,  porque los poetas miden la verdad de forma diferente”.

Diosdado Cabello preside la comisión de “revolución judicial”. Dentro de su más reciente y funesto récord cuenta el robo del diario El Nacional, a través de un proceso judicial que propiamente auditara; la  vicepresidente es Cilia Flores, esposa del dictador más cruel que haya existido en Venezuela, quien tiene a sus sobrinos condenados en Estados Unidos, por el envío de toneladas de cocaína a ese país, cuya experiencia se reduce a ser sumariadora de expedientes en la antigua PTJ; la secretaría le corresponde a la magistrada Lourdes Suárez Anderson, hermana del fiscal Danilo Anderson, figura de dudosa y comprometida reputación, quien fuera asesinado. La amoralidad de este grupo es evidencia que encandila a plena luz, con la combinación de estos tres personajes de la dictadura venezolana, queda sentenciado el fracaso y la involución del sistema judicial y penitenciario.

Este es un hecho formidablemente negativo de nuestro tiempo, que debe ser descrito sin ocultar la brutalidad que lleva implícita. La dictadura se mantiene con el cinismo que le caracteriza sin guardar apariencias. A pesar de las circunstancias que le rodean en la actualidad por la amenazante acción de la CPI, esta comisión es una escalada más en la violencia, en el dominio social a través de la armas en manos del crimen organizado, gestado desde el propio Estado, que exponen con la fuerza que les caracteriza, con tono abusivo y agresor en la dinámica de imponer el miedo en la población, con un mazo golpeando desprovistos de toda inteligencia y capacidad de entendimiento político.

Partiendo de innumerables ejemplos de los excesos del régimen es fácil inferir que ningún sistema de justicia se reformara con una comisión de estos rasgos. El país cuenta con notables especialistas en el área judicial y penitenciaria, que han sido llamados a consultas en algunos momentos, para luego desechar su experiencia y dejar al país sin un músculo sólido en esta importante área de nuestra estructura social y política, recuerdo perfectamente por allá en 2013-2014, la comisión penitenciaria de la Asamblea Nacional, desarrolló una propuesta para la elaboración de un Código Orgánico Penitenciario. El esfuerzo fue importante, se propició un debate político con participación de los factores adversos al gobierno –se llamaron expertos– para debatir las propuestas. Esa comisión envió personal a varios países de Europa a conocer su experiencia penitenciaria, con el fin supremo de construir un sistema moderno, que se adelantara a las exigencias de los nuevos tiempos, donde la justicia y la redención del privado de libertad fuese el eje transversal.

Ese código penitenciario se aprobó en plenaria de la AN, y de forma inmediata Nicolás Maduro lo vetó, sin enviar ningún tipo de informe a la comisión ni a la plenaria de tal decisión. Su acción autoritaria anuló de un plumazo un instrumento que fue debatido y que contenía mecanismos para organizar y adecentar el sistema penitenciario y de justicia. De acuerdo con estos acontecimientos del pasado reciente, donde la destrucción de las instituciones, las modificaciones a las leyes han sido a conveniencia del modelo político autoritario y jamás de acuerdo con los intereses de la sociedad, sería realmente iluso creer que esta comisión pueda parir algo distinto a destrucción, persecución, torturas y amedrentamientos, ya vividos de forma exagerada en la Venezuela de hoy.

Sin embargo, todo tiene un final, los actuales niveles de confrontación política a lo interno del régimen y el clima de presión internacional producen reacciones tendientes a la teoría del caos, todo movimiento desencadena una acción; los choques son constantes e inevitables. A este ritmo ellos mismos se destruyen, porque ninguno tiene el liderazgo ni fortalezas sociales para abandonar sus intereses. Es la lucha del poder la que produce y eleva las emociones y los egos hasta el punto irreconciliable. Visto así el movimiento judicial no es más que una huida hacia adelante sobre un asunto que ninguno podrá subsanar y lo ponen de relieve en un momento político delicado para constituirlo en un detonante más.

Lastimosamente, la acción opositora es débil y no aprovecha ninguna coyuntura para explorar reacciones sociales que exijan la libertad.