La excusa fue perfecta. Sanitas de Colombia atravesaba un mal momento financiero. Ello no era un motivo suficiente para intervenir la Empresa Promotora de Salud (EPS) más grande de Colombia con 5,7 millones de afiliados, pero la circunstancia sí era buena para exhibir el talante presidencial. Gustavo Petro no ocultaba su disgusto por el hecho de que uno de sus proyectos estrella, la reforma del sistema de salud colombiana, había fracasado y el mandatario se animó a mostrar los dientes. En el sorpresivo acto de intervención removieron a los integrantes de la junta directiva, su presidente incluido, y descabezaron igualmente a las instancias de toma de decisión de la empresa.
Le tocó a la Superintendencia Nacional de Salud ejecutar la medida de intervención forzosa, tomar posesión de sus bienes, haberes y negocios y velar porque se continúen prestando los servicios a sus afiliados, pero para todos es claro que este hecho no es más que la representación palmaria de una retaliación de lo más alto del poder que se origina en la negativa parlamentaria de aprobar la reforma a la que aspira el Ejecutivo.
Esta reforma a la sanidad pública que ha sido objeto de discusiones públicas intensas desde el inicio del mandato y se suscitó de toda una ácida diatriba nacional, toda vez que lo que planteaba es la desaparición de las EPS tal como ellas están configuradas y operan en la actualidad. Iván Duque lo calificó de “expropiación represiva”. Fue el expresidente quien aseveró que Sanitas fue asfixiada para detonar la crisis, lo que representa “una intimidación al sector salud en su conjunto en medio de una discusión suscitada por una reforma inconveniente”. La crisis institucional a esta hora es de grandes proporciones ya que en actos recientes de la Corte Constitucional se puso en evidencia el ahogamiento financiero en las EPS por parte del gobierno.
Sin duda que ello lo que representa es un ataque frontal a la libre empresa, con lo que se resiente sensiblemente la democracia en Colombia y alimenta el fuego de la inseguridad de los inversionistas. Esta semana que pasó fue intervenida además la Nueva EPS, entidad que cuenta en su haber con 10 millones de afiliados.
Resulta ser que uno de los más eficientes servicios de salud del subcontinente latinoamericano es el colombiano, pero desde la etapa preelectoral Gustavo Petro se había propuesto una transformación descabellada que no logró conseguir apoyos en la mayor parte de los círculos involucrados en el tema sanitario, incluido el Senado de la República. Es bueno recordar que la polémica suscitada por la iniciativa de Petro en este terreno ya le costó a su gobierno la salida de tres ministros. Uno de ellos, el de Educación, Alejandro Gaviria, es hoy uno de los más acérrimos detractores de esta reforma.
Para la administración Petro el gobierno lo que ha hecho es simplemente asumir “su función constitucional de reordenador del sistema de salud”. Sin embargo, con este movimiento quedan al garete millones de ciudadanos que hacían un uso eficiente de los servicios de las EPS intervenidas. En manos del Estado quedan cerca de 18 millones de usuarios del sistema, pero las migraciones de usuarios entre EPS generarán un caos sanitario de consecuencias impredecibles en un sector en el que la estabilidad y la confiabilidad deben ser la regla. Lo que el país espera es que este precedente dé paso a un escenario que desencadene en la intervención total de las EPS, afectando así a un universo de 26 millones de administrados.
Hay que pensar que toda esta situación que se agravará con el tiempo marcará la gestión presidencial de manera irreversible. Le costarán caro al presidente sus intemperancias.
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