Daniel Noboa vota en el referéndum sobre medidas más duras contra el crimen organizado / Foto AFP
El resultado del referéndum celebrado el pasado domingo en Ecuador confirma la amplia aceptación de Daniel Noboa como presidente del país y le impulsa para su reelección dentro de un año. Los ecuatorianos aprobaron nueve de las once preguntas planteadas, todas ellas referidas a cambios constitucionales o del código penal para dotar a las autoridades de mayores poderes en la lucha contra el crimen organizado. Las dos cuestiones rechazadas –sobre arbitraje internacional en materia económica y comercial, y sobre contratos laborales– quedaban fuera del núcleo de la acción del gobierno, centrada en combatir la ola de violencia que sufre el país.
Noboa se impuso allí donde naufragó su antecesor, Guillermo Lasso. En febrero de 2023, Lasso vio desestimadas las ocho propuestas que planteó a la ciudadanía y en consecuencia, en medio de una lucha política con la Asamblea Nacional, disolvió esta y dimitió como presidente. En las elecciones que hubo tras el verano Noboa ganó por sorpresa, para un mandato de apenas dos años hasta completar el periodo de cuatro para el que había sido elegido Lasso.
Si en el referéndum de 2023 la población rechazó, con 51,5% de voto negativo, la posibilidad de extraditar ecuatorianos implicados en graves delitos, algo hasta ahora prohibido por la Constitución, esta vez una pregunta similar obtuvo 65,1% de apoyo, según la estimación preliminar de la autoridad electoral. Se trata de un arma importante en la lucha contra el narcotráfico, cuestión que ha crecido en importancia en el país especialmente en los dos últimos años. No habrá extradición si existe el riesgo de condena a muerte o trato inhumano, ni para delitos políticos, salvo en caso de terrorismo.
Mayor apoyo tuvo este domingo, con 73% de votos afirmativos, el cambio constitucional para normalizar la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. Los últimos meses los militares ya han estado en las calles cumpliendo esas funciones, junto a la Policía, pero en un régimen de estado de excepción. El resto de las cuestiones aprobadas, con un respaldo superior al 60%, plantean un endurecimiento de las penas, la ampliación de la tipificación de delitos y un refuerzo de la judicatura en el contexto de la ola de violencia que castiga al país.
Aunque Noboa no cuenta con mayoría en la Asamblea Nacional y el mayor grupo de oposición, vinculado al expresidente Rafael Correa, se le he enfrentado fuertemente por la controvertida entrada policial en la embajada de México para detener a Jorge Glas, que fue vicepresidente con Correa, el referéndum supone un mandato popular de reforma constitucional que la Asamblea está obligada a llevar a cabo.
La gestión de Noboa no está siendo fácil, pero el aumento del clima de violencia, con impacto en la vida política –otros dos alcaldes fueron asesinados pocos días antes del referéndum–, no se está girando en contra del presidente. De momento, su asertiva actitud frente al crimen organizado le está dando una amplia aceptación popular, que superaba el 80% cuando a comienzos de marzo cumplía cien días como presidente.
Otros problemas se le han acumulado a Noboa, como frecuentes apagones debidos a deficiencias en la red eléctrica. La pronta destitución de la ministra de Energía mostró a un presidente pronto en las decisiones, que aplica a la política la diligencia propia de su formación como empresario. También ha querido acoger el impulso que supone la victoria del referéndum con un pequeño ajuste en su gobierno, nombrando a un nuevo ministro de Gobierno.
Si bien voces críticas han comparado a Noboa con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien en su lucha contra las pandillas se ha saltado estándares de protección de derechos individuales, conviene precisar, por un lado, que el recurso a las Fuerzas Armadas para tareas policiales es algo habitual en los países latinoamericanos, dado que son estados con reducidos ingresos fiscales y cuyas policías cuentan con pocos recursos. Por otro, Noboa está procediendo con sentido institucional, buscando cambios normativos mediante los mecanismos constitucionales previstos, no a través de la actuación de la Corte Suprema de Justicia mediante jueces impuestos por el propio gobierno.
Originalmente publicado en el diario ABC de España
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