Tal como se ha dado a conocer, el presupuesto nacional de 2023 aprobado por la Asamblea Nacional será el más absurdamente centralista de nuestra historia contemporánea. En principio ya el proyecto adolecía de ser inconsulto, no debatido y casi secreto hasta que poco a poco, ya para cuando fue un hecho cumplido, se empiezan a conocer algunos de sus detalles. Los creativos diputados, una creatividad digna de mejor causa, permitió la invención contable de calificar al 72% de los ingresos corrientes como “extraordinarios”, lo cual hará que ese dinero le sea negado a los estados y municipios en el cálculo del situado constitucional. Ya a esta fecha no vale el pataleo, ni el reclamo, ni la impostura, ni el llamado a la reflexión a los diputados oficialistas que votaron a dos manos que el municipio donde tú y yo vivimos se quede sin recursos para funcionar.
Ya el ojo está sacado y no vale Santa Lucía, los alcaldes opositores reclamaron pero fueron ignorados, los alcaldes maduristas dijeron amén, creyendo que la cosa era jugando, pero igual les quitaron los recursos. No solo les niegan los bolívares por la “creatividad financiera” de los diputados, es que las migajas que finalmente recibirán en 2023, entre el aquí y el allá, valdrán menos por nuestra galopante inflación. Ahora bien, ¿qué hacer?, ¿sentarse a ver la grama crecer?
Pues no, los gobiernos regionales y municipales, oficialistas y opositores, demócratas todos y conscientes del drama que significará tener presupuestos deficitarios en un contexto de crisis humanitaria compleja, deberían actuar desde ya con medidas que les permitan mitigar los efectos de esa situación sin recaer en la voracidad fiscal (un camino que ya dio suficientes pruebas de ser contraproducente).
Hay gente que ya está trabajando en eso, como el caso del concejal Engelbert Rivero, en Guacara (Carabobo) que presentó un proyecto de ordenanza para regular las Alianzas Públicas Privadas, una modalidad de interacción del gobierno municipal con empresas privadas para la prestación de servicios públicos bajo criterios de mercado y sostenibilidad financiera que impidan el colapso de la gestión. Su propuesta lucha contra la corriente por ser presentada por el único concejal de la Plataforma Unitaria ante la mayoría oficialista, pero la esperanza es que sea aprobada por unanimidad.
Hay otras materias que merecen atención de los concejos municipales, por ejemplo, se pueden crear normativas que desarrollen los principios de la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones para dar viabilidad de modelos de congestión y corresponsabilidad, con incentivos fiscales, para mantener espacios públicos e incluso hacer inversiones y mejoras. Caso contrario, la insuficiencia presupuestaria hará que crezca la maleza hasta en el centro de cada plaza Bolívar del país, o (en el caso de Carabobo) en cada plaza Drácula.
Hay que legislar, con urgencia, para crear instituciones de capital de riesgo local y regional o fortalecer las existentes (hablo de las Sociedades de Garantías Recíprocas) y, por qué no, crear institutos crediticios autónomos (auténticamente autónomos y profesionalmente conducidos) que se orienten a captar fondos de cooperación internacional para el desarrollo en áreas específicas de acuerdo con la vocación de cada municipio (pymes, agricultura familiar, escalamiento de emprendimiento, incubadora de empresas o adiestramiento técnico). Si no viene dinero por el situado constitucional hay que procurarlo por vías privadas o de la cooperación internacional, esa vía no está cerrada o al menos no está cerrada para autoridades dispuestas a buscarlas construyendo consensos entre todos los factores políticos locales para mostrar un rostro institucional y confiable.
Debemos empezar a hablar, en los cabildos abiertos, en las asambleas de ciudadanos y, lógicamente, en las sesiones de cámara de los concejos municipales y los consejos legislativos estadales, sincera y desprendidamente, de promover inversiones en energías renovables, de electro movilidad, de economía circular, de minería urbana, todo con sentido de mercado, todo pensando en rentabilidad, en sostenibilidad financiera, en generación de riqueza que pueda permitirnos ensanchar la base de tributación. Es momento de actuar localmente, de hacer política mirando a los vecinos y sus intereses, los alcaldes, los concejales, gobernadores y legisladores oficialistas deben comprender que ese presupuesto 2023 le permitirá a Nicolás Maduro convertirlos en chivos expiatorios de su terrible gestión. ¿De qué vale ser alcalde o gobernador y, por inacción frente a las circunstancias, terminar despreciado de por vida por la opinión pública?
Por mi parte hice la tarea, he trasmitido a los funcionarios del gobierno del municipio Libertador en Carabobo y a los concejales de la mayoría oficialista que estamos dispuestos a presentar estas propuestas en cualquier escenario y dar todos los debates. Hasta ahora la respuesta ha sido el silencio. Espero que no estén pensando en ver la grama crecer, pueden llevarse la sorpresa, ante la sequía financiera, que el monte coja candela.
@rockypolitica
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