En una reciente entrevista, el diputado del PSUV José Gregorio Vielma Mora, en un acto de adulancia típico de los regímenes autoritarios personalistas, dijo que “el presidente Nicolás Maduro sufre, le duele el no poder elevar los sueldos a los que merecen los venezolanos que trabajan”. Resulta difícil creer que Maduro «sufra» por algo que solo él ha provocado. Es como imaginarse que Vladimir Putin se angustia por los padecimientos del pueblo ucraniano, afectado por la invasión que el déspota ordenó hace más de año y medio, con el único fin de satisfacer sus deseos expansionistas y reconstruir lo que en el pasado fue el imperio soviético o el imperio zarista.
El salario mínimo y el sueldo promedio de los venezolanos, el más bajo de América Latina y probablemente del planeta, podrían elevarse de forma significativa si el panorama político venezolano se aclarara y en el horizonte apareciera la posibilidad cierta de que las elecciones presidenciales, las únicas estipuladas en la Constitución para el año próximo, se realizaran en un ambiente de respeto a la oposición y de normalidad democrática, tal como sucede en la gran mayoría de las naciones del continente, con excepción de Cuba, Nicaragua y El Salvador, país este que por el flanco del personalismo mesiánico ha pasado a formar parte de los regímenes en los que el presidente y su corte poseen el control pleno de las instituciones del Estado y se persigue sin tregua a los opositores. La única diferencia de Nayib Bukele con los otros autócratas es que disfruta de enorme popularidad y aceptación entre los salvadoreños.
La base más sólida de las dificultades económicas en Venezuela se encuentra en los problemas políticos e institucionales, convertidos en seculares. El deterioro continuo del entorno institucional –entre cuyos componentes se encuentran la feroz represión a las protestas de 2014 y 2017, y la violación sistemática y continua de los derechos humanos- provocaron las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea le han aplicado al gobierno desde hace varios años. Estas penalizaciones se agudizaron luego de las ilegítimas elecciones de mayo de 2018, en las que Maduro arrolló la carta magna con el fin de empotrarse en Miraflores. Mientras este panorama no cambie, resulta muy improbable que la economía se recupere, que el volumen de inversiones requeridas para la reanimación alcance y que se logren las tasas de producción y productividad indispensables que permitan pagar salarios elevados. Dignos, como se merecen los trabajadores.
Maduro, en vez de enviar mensajes claros en esa dirección, optó por el camino opuesto. Les pide a sus lugartenientes que amenacen con gobernar durante los próximos 200 años. Habla de elecciones libres, pero «libres de sanciones», con lo cual invierte el orden causal lógico de la ecuación. Bombardea a través de oscuros personajes a la primaria opositora y mantiene inhabilitados a María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano. Impide que el Consejo Nacional Electoral colabore con la realización de esa consulta democrática. Amenaza a la Comisión Nacional de Primaria, especialmente a su presidente, Jesús María Casal. Impide que los centros educativos públicos, tradicionalmente utilizados para las citas electorales, colaboren con la CNP. Sus partidarios sabotean, persiguen y hostigan de distintas formas las campañas proselitistas de los distintos candidatos.
En el campo militar, les exige al ministro de la Defensa y al comandante de la Guardia Nacional que amenacen a los opositores y sugieran de forma no tan velada, que la institución desconocerá un eventual –y altamente probable- triunfo del candidato unitario. Utiliza los cuerpos represivos y el Poder Judicial para reprimir a los trabajadores que protestan y condenar a largas penas a los líderes sindicales que dirigen las luchas por conquistar reivindicaciones laborales. Mantiene retenidos ilegalmente a periodistas como Roland Carreño. Hace pocos días la Policía Nacional Bolivariana detuvo de forma arbitraria y torturó al joven estudiante de Antropología de la UCV John Álvarez bajo acusaciones de terrorismo.
Durante el año preelectoral, cuando la oposición elige a su candidato unitario, el régimen intimida, reprime y aterroriza con el fin de proyectar una imagen de fortaleza que no se asienta en el consenso, sino en la coerción. Los maduristas son pésimos alumnos de Antonio Gramsci, a quien tanto decía admirar el comandante Chávez. Para Gramsci, como se sabe, la nueva democracia, para él la socialista, debía basarse en la persuasión, no en la represión.
Maduro actúa de tal modo que con sus políticas los trabajadores siempre recibirán sueldos y remuneraciones miserables. Eternamente se sobrevivirán en el umbral de la pobreza.
Así que deje de «sufrir» y no obstaculice el camino que conduce a la recuperación de la democracia.
@trinomarquezc