No hubo forma ni manera de que las delegaciones de las Cancillerías de Venezuela y Guyana lograran hacer avances significativos para la solución del pleito interestatal; y mucho menos que la contraparte respetara el contenido compromisorio del Acuerdo de Argyle del 14 de diciembre de 2023, suscrito entre los presidentes Nicolás Maduro e Irfaan Ali.
La estrategia que siempre ha manejado la excolonia británica, en todos los escenarios internacionales, consiste en hacernos aparecer ante el mundo como un Estado con un inmenso potencial energético y bastante extensión territorial que ha pretendido, desde hace muchos años, quitarles dos terceras partes de su geografía nacional; dejándolos -prácticamente- infuncionales, según ellos.
Debemos ser enfáticos en pronunciar con insistencia que no le estamos quitando ni un milímetro de lo que realmente les pertenece, que fueron las antiguas colonias Berbice y Demerara, que heredaron del Reino Unido, mediante la firma del denominado “Tratado Anglo-holandés” de 1814. A partir de allí, todo fue un permanente desgajamiento que nos han perpetrado.
Estamos en capacidad de demostrar y probar, por ante la Corte Internacional de Justicia en la próxima fase del 11 de agosto de 2025 o en cualquier instancia jurisdiccional, que fue el Imperio Británico que nos invadió y despojó, con el írrito y nulo Laudo Arbitral de París de 1899, de una séptima porción de la geografía venezolana; precisamente, los 159.500 km2 que ha abarcado -ilegal e ilegítimamente- la República Cooperativa de Guyana, cuando alcanza su independencia el 26 de mayo de 1966.
El venidero año, con seguridad, la representación de nuestros especialistas en Derecho Internacional y otros miembros de la comisión multidisciplinaria, que tenemos, procederán a reforzar el discernimiento de este asunto histórico-jurídico en la Sala Jurisdicente de la Organización de las Naciones Unidas.
Mucha gente se hace esta pregunta: ¿por qué estamos obligados a debatir por ante la Corte Internacional de Justicia? Porque exactamente ha sido esa la estrategia jurídica que ha jugado Guyana. Ellos nunca han querido la figura del Buen oficiante para que resuelva este caso, con su mediación. Es más, los gobiernos guyaneses están recibiendo considerables aportes dinerarios de las transnacionales, particularmente de la Exxon para cancelar los honorarios y demás gastos que viene ocasionando el hecho de haber accionado una demanda contra Venezuela; por elevar la controversia para ser resuelto en el citado Juzgado en La Haya.
Permítanme añadir el siguiente comentario que considero de interés: una sentencia de la Corte es inapelable y su mandato absolutamente vinculante; conforme al artículo (60) de su Estatuto: “El fallo será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o el alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes”.
Eso no nos debe impactar ni espantar, por cuanto tenemos excelentes profesionales del Derecho, que estarán allí defendiendo nuestra causa, con sobrado acervo de probanza.
Digo más, le habíamos venido sacando el cuerpo a la alternativa de arreglo jurídico que estipula el Acuerdo de Ginebra (único documento con vigor jurídico ) y el artículo (33) de la Carta de las Naciones Unidas, para dirimir esta controversia de modo pacífico; y no sabemos por qué razón, si todos los elementos probatorios: socio-históricos, políticos, cartográficos y jurídicos nos asisten satisfactoriamente, y conforman un legajo de documentos importantes para exponerlos y contrastarlos en una mesa de discusión con los pares guyaneses; eso sí, con imparciales árbitros internacionales.
En ningún momento, ni bajo las circunstancias que se habrían dado, nuestro país merecía la demanda unilateral accionada contra Venezuela a cargo de la República Cooperativa de Guyana. Jamás hemos atropellado a la nación vecina que tenemos por el costado este.
Sobran razones para aducir que hubo demasiada ingratitud en el comportamiento de quienes ahora asumieron la condición de contraparte en este proceso litigioso que ellos trabaron, por ante la Corte Internacional de Justicia.
La ligazón oportunista y juego de múltiples intereses con las empresas transnacionales obnubiló la perspectiva histórica a la dirigencia guyanesa; y les provocó “amnesia selectiva” que les impidió (antes de cometer el hecho jurídico, arriba mencionado) asumir a conciencia que fuimos nosotros los primeros en reconocerlos como nuevo Estado naciente en la comunidad internacional.
En los peores y más aciagos eventos económicos por los que atravesó ese país, nosotros dispusimos de la ayuda suficiente y a tiempo para socorrerlos, para que solventaran la crisis que los golpeaba duro y recurrentemente.
Recibieron de nosotros un trato preferencial en el proceso de compra-venta de petróleo y bastantes otros rubros, con lo cual aliviaban su calamidad, de entonces.
Venezuela les permitió ingresar a la Organización de Estados Americanos, a pesar de que la Carta de la OEA los limitaba; porque había un diferendo por extensión territorial que aún no se había (ni se ha) definido.
Al crearse Petrocaribe (por expresa iniciativa de Venezuela), las demás naciones integrantes aguardaron por la opinión nuestra para ver si permitía el ingreso o no de Guyana en esta corporación.
Han recibido de nosotros las mejores consideraciones.
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