El primer ministro Aníbal Torres, en uno de sus recurrentes ataques, esta vez a la Fiscalía y la Junta Nacional de Justicia, manifestó: “¿Qué están haciendo? Nada. ¿a cambio de qué les pagamos esos suculentos sueldos?”. Parece el mundo al revés. La población entera se pregunta qué está haciendo el Ejecutivo y el Legislativo por el Perú. ¿Les pagamos acaso para defender a un presidente acusado por corrupción?
El desgobierno, inseguridad ciudadana, crisis económica, deficiente educación, entre otros problemas del país, han pasado a un segundo plano ante la desenfrenada corrupción de Pedro Castillo, su familia y allegados. La población se alegra al escuchar, luego de largas dilaciones, que por fin el juez Johnny Gómez Balboa aceptó el pedido de la fiscalía dictando 30 meses de prisión preventiva contra Yenifer Paredes, cuñada-hija de Pedro Castillo. También nos alegró que los pobladores de Tacna hicieran sentir su desaprobación abucheando a Castillo, lanzándole huevos. ¿Estas son las noticias que nos entusiasman? Lamentablemente, sí.
Los ministros que, lejos de cumplir las funciones de sus carteras, se dedican a defender la indefendible inocencia de un presidente investigado; es tan indignante como incomprensible. Encabezando la lista tenemos al primer ministro, admirador de Hitler, que agita a la población promoviendo el cierre del Congreso, atacando al sistema judicial y las fuerzas policiales, Aníbal Torres; el ministro de Trabajo de un país con 2,5 millones de desempleados y 12 millones de empleos informales, Alejandro Salas; el ministro de Justicia que avala la liberación de un asesino de policías que declara públicamente no estar arrepentido, Félix Chero; el ministro del Interior que no respeta a las fuerzas policiales, deteriorando la moral de esa institución, Willy Huertas; entre otros.
Pero estos mismos ministros y otros más parecen no haber leído la Constitución, especialmente el Artículo 128 sobre la Responsabilidad de los Ministros, que indica que: “Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el Presidente de la República o que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente”.
¿Qué implica este artículo de la Constitución? Significa que, si el Poder Judicial declarara culpable a Pedro Castillo, lo que tarde o temprano sucederá, los ministros estarían en problemas legales. Aunque no hayan sido copartícipes de estos actos de corrupción o argumenten que no fueron evidentes las intenciones por cometer delitos, igual estarían comprometidos. Pero hoy que existen hechos que demuestran la corrupción del presidente, su familia y círculo más cercano; avalar, defender al gobierno o atacar a otras instituciones del Estado, los convierte en responsables solidarios de esos actos delictivos. La única salida seria la renuncia inmediata de estos ministros; pero mejor aún la de Castillo.
Somos conocidos como el país que hace “justicia”, donde los presidentes corruptos van presos. Pero resulta que todos los presidentes electos que nos han gobernado desde 1985 están presos o en condiciones similarmente dramáticas. ¿No deberíamos cuestionarnos seriamente esta problemática? El hecho es que la corrupción, la incompetencia y la inoperancia se han extendido a niveles nunca vistos. ¿Cómo resolvemos una corrupción que se multiplica en forma exponencial?
La respuesta es Educación y valores. Mejorar esa formación que muestra alarmantes síntomas de crisis en todas las escuelas del país. Se incluyen contenidos que resultan irrelevantes comparados con materias relacionadas con valores cívicos, morales, protección de la familia, inculcando el amor al país.
En esta línea podemos constatar el lamentable nivel de preparación de los ministros de Estado y muchos miembros del Congreso. Si los congresistas, elegidos por voto popular, son una muestra representativa de los mejores valores de cada partido político, es evidente el bajo nivel de sus militantes o la ausencia de filtros para seleccionar a los más capaces, demostrando un lamentable nivel intelectual, moral y ausencia de valores patrióticos de estas organizaciones políticas.
Si a estos perfiles le sumamos el ingrediente de la corrupción, podremos entender porque el Ejecutivo y el Congreso han ido perdiendo el reconocimiento y respeto de la población. Pero la renuncia a esa cuota de poder, a esos sueldos por encima de sus capacidades no es una opción. Parece que tampoco lo es el peligro al que están expuestos ya que no intentan resguardar su libertad. No cruza por sus mentes el amor a la patria, el amor propio o salvarse de la cárcel. No les entran balas.
Artículo publicado en el medio peruano El Reporte