Ha pasado más de una semana desde el delirante golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo y, lo que debió quedar como una curiosa anécdota para los anales de la historia del Perú se ha convertido en el casus bellis de un violento conflicto que, escudado bajo la retórica del derecho a la protesta, busca aniquilar las instituciones republicanas y forzar el inicio de un proceso constituyente.
Las movilizaciones y la violencia han venido acompañadas de consignas políticas claras que son, principalmente, la liberación y restitución en el poder del brevemente dictador Pedro Castillo, la disolución del Congreso y la convocatoria inmediata de elecciones para una asamblea constituyente.
Asimismo, se ha creado una falsa retórica sobre los sucesos del pasado 7 de diciembre. Ahora, es Castillo quien fue víctima de un golpe de Estado orquestado por las élites del país contra un profesor rural. Algunos incluso han tenido el atrevimiento de asegurar que el hoy detenido ex presidente fue drogado o coaccionado para dar aquel infame mensaje a la nación.
No es ninguna sorpresa que tanto políticos nacionales como los gobiernos de México, Bolivia, Argentina y Colombia den por cierta la retórica del golpe contra Castillo y desconozcan la investidura presidencial de Dina Boluarte. Tampoco sorprende que una protesta que exige abiertamente la abolición de la República esté plagada de violencia insensata y alta. Esto ya lo hemos visto antes.
Una brisita bolivariana
Durante los últimos 3 años en Latinoamérica, hemos sido testigos de manifestaciones altamente violentas con claras consignas políticas de extrema izquierda, apoyadas por el mismo grupo de mandatarios que aún reconocen a Pedro Castillo como presidente del Perú. Han ocurrido en Chile, Ecuador, Colombia y hoy, ocurren el Perú.
¿Será posible que haya una relación entre lo que está ocurriendo hoy en el Perú y aquella “brisita bolivariana” de la que habló Nicolás Maduro a mediados de 2019?
Desde esta columna, consideramos que es altamente probable que haya agentes extranjeros detrás de la organización y el apoyo logístico para, al menos, los elementos más violentos de estas protestas. No podemos ignorar que el Perú podría estar siendo objeto de una operación política orquestada desde el extranjero.
Si bien, hasta el momento, desde el Ejecutivo se han tomado acciones para reestablecer el orden en las regiones más movilizados, el aumento del número de fallecidos podría ser un factor que lleve al aún débil Gobierno de Dina Boluarte a claudicar y ceder ante las exigencias de estas minorías altamente violentas y sospechosamente bien organizadas.
Por ello, invocamos a que nuestro Gobierno, en estas horas tan difíciles, se mantenga firme y haga cumplir las leyes y la Constitución de nuestra República. No debe haber tolerancia contra la violencia, ni mucho menos, contra la injerencia extranjera. La continuidad de nuestra República depende de ello.
Artículo publicado en el diario El Reporte de Perú