¿No es territorio español?

En la madrugada del lunes 20 de este mes, sólo días antes de la llegada de Juan Guaidó a España, José Luis Ábalos, ministro de Transportes del gobierno español, se reunió con Delcy Rodríguez en el interior de un avión privado, estacionado en una terminal del aeropuerto de Barajas, que sirve a la ciudad de Madrid. Si no fuera porque la señora Rodríguez es vicepresidente del régimen de Maduro y tiene prohibida la entrada en el territorio de la Unión Europea, ese hecho no pasaría de ser una anécdota intrascendente.

Aunque no haya disfrutado de ninguna cortesía protocolar, la breve estancia de la señora Rodríguez en el aeropuerto de Barajas tampoco es un asunto menor, pues la Unión Europea, con España a la cabeza, reconoce a Juan Guaidó como el legítimo presidente encargado de Venezuela. Pero lo que más llama la atención es que, a falta de una explicación razonable, el ministro Ábalos, con el aval del presidente del gobierno español, ofreció cinco explicaciones diferentes, tres de las cuales sugieren que Delcy Rodríguez no habría ingresado en territorio español.

De acuerdo con una de esas explicaciones, no se habrían infringido las sanciones impuestas por el Consejo de la Unión Europea, que prohíben a Delcy Rodríguez “ingresar o transitar” por el territorio de los países que conforman la Unión Europea, porque ella nunca se bajó del avión. Es decir, según el ministro Ábalos, tanto el espacio aéreo suprayacente al territorio español, como las pistas de despegue y aterrizaje y los terminales por los que se paseó el avión en que viajaba Rodríguez, no formarían parte del territorio español. Según el ministro de marras, que desempeña nada menos que la cartera de “transportes”, cualquiera inversión que hiciera el gobierno español en esas pistas las estaría haciendo en una tierra de nadie o, en el mejor de los casos, en un espacio sometido a control internacional. Por consiguiente, cualquier persona puede entrar en ese territorio, sin tener que someterse a la legislación española o europea, e instalar allí un bodegón, un taller de bicicletas, un gimnasio, o lo que le plazca.

En segundo lugar, Ábalos entiende (o nos quiere hacer creer) que, como la señora Rodríguez no se bajó del avión, no ingresó en territorio español. Para Ábalos, si alguno de aquellos marajás de la India, transportados en literas para no tocar nunca el suelo, hubiera llegado a cruzar las fronteras españolas, debía entenderse que, mientras no pusiera la planta del pie en el suelo patrio, no estaba en territorio español. Sería complicado si esa tesis se pretendiera aplicar a los paquetes con droga que llegan a España, pues no podrían ser abiertos para su revisión.Puede que el señor Ábalos sea poco versado en Derecho, y mucho menos en Derecho Internacional Público; pero que no nos tome por tontos.

En tercer lugar, luego de explicaciones que iban y venían, el señor Ábalos, con el aval del presidente del gobierno español, afirmó que Delcy Rodríguez sí se habría bajado del avión, para ingresar en la zona VIP de uno de los terminales, la cual, por ser una zona de tránsito, -Ábalos dixit- también estaría fuera del territorio español.

A juicio de Ábalos, el territorio español comienza “cuando se cruza el control de pasaportes.”En su respaldo, funcionarios del Ministerio del Interior español aseguraron que “hasta que no se cruza la aduana, no es España”. Ésta es una novedad para los estudiantes de Derecho Internacional Público y, con toda certeza, para el personal del Servicio Exterior de España y de cualquier otro país. Así las cosas, entre pistas de aterrizaje, zonas VIP de los aeropuertos y la distancia que pueda haber hasta el apartado rincón en que las autoridades del Estado hayan decidido poner las ventanillas de control de pasaportes, con la tesis de Ábalos, España estaría renunciando a su soberanía sobre un espacio mayor que el de Gilbraltar; además, estaría añadiendo un nuevo capítulo a los manuales de Derecho Internacional Público, para ocuparse del régimen jurídico internacional de las zonas VIP de los aeropuertos, que, en tal caso, habría que anunciarlas con B de burro.

Quedaría por saber, ¿quién tendría jurisdicción para conocer de los delitos que se cometan en esa zona? ¿Quién tendría autoridad para decidir qué hacer con un pasajero que decida quedarse en esa zona? ¿Qué normas serían aplicables, en dicha zona, en materia de consumo de drogas, o de discursos o mensajes racistas o xenófobos? ¿Quién tendría autoridad para decidir qué hacer con un grupo de personas que han llegado a esa zona y presentan signos de una enfermedad contagiosa? Este asunto pudiera ser materia de una tesis doctoral, incluso más novedosa que la del mismo Pedro Sánchez, o que los trabajos de grado de Pablo Casado, que nunca nadie pudo ver y consultar; pero, por el momento, las reglas de Derecho Internacional son las que son.

Con una ministra de Asuntos Exteriores que reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, y con un vicepresidente vinculado al chavismo, que sólo ve en Guaidó a un dirigente más de la oposición venezolana al régimen de Maduro, es natural que el gobierno español parezca navegar sin rumbo en lo que concierne a la crisis venezolana. Es lógico que, para no romper una coalición de gobierno pegada con saliva, Sánchez y parte del PSOE se pongan de rodillas ante Pablo Iglesias, y se infrinja abiertamente las sanciones aprobadas por el Consejo de la Unión Europea, prohibiendo el ingreso y el tránsito por territorio europeo de la señora Rodríguez.

En esta historia, puede que el ministro Ábalos sea el personaje menos perverso, puesto que no fue él quien instó a la vicepresidente de Venezuela a pasar por Madrid y desafiar las sanciones europeas; pero que no nos tomen por idiotas, sugiriendo que, durante la breve estancia de Rodríguez en Barajas, ella nunca estuvo en territorio español. Aunque la ignorancia del Derecho no excusa de su cumplimiento, no es esto una cuestión de simple ignorancia jurídica. Tampoco es una mera equivocación política, que ubica a España al margen del conflicto más severo que hoy afronta un país iberoamericano. Quiéranlo o no, éste es un error moral, que coloca al gobierno español del lado de la tiranía que asola a los venezolanos.