Las asonadas provocadas por los secuaces de Pedro Castillo y Evo Morales son ilegales e ilegítimas y deben ser tratadas como tales. Los terroristas y delincuentes que las azuzan, y sus aliados caviares, tergiversan adrede los conceptos y las palabras para justificar los desmanes.
Una huelga se define como una “interrupción colectiva de la actividad laboral con el fin de reivindicar ciertas condiciones o manifestar una protesta.” (DRAE). Como es obvio, las algaradas que buscan reponer al delincuente alojado en Barbadillo en el gobierno no son huelgas.
No es que dejen de trabajar o producir y, eventualmente, se manifiesten pacíficamente. En ningún caso ha ocurrido eso. Siempre se trata de movilizaciones que tienen como propósito atacar con violencia, incendiar, destruir, bloquear, saquear y provocar la inevitable reacción de las fuerzas del orden para que se produzcan muertos y heridos, que a su vez incentiven nuevas revueltas violentas en una espiral de destrucción y muerte.
No hay una sola de las acciones provocadas por terroristas y delincuentes que pueda caracterizarse como una huelga, es decir, un conjunto de personas que voluntariamente dejan de trabajar o producir para demandar alguna reivindicación.
Ellos saben que si declaran una auténtica huelga fracasarían rotundamente. Muy pocos, una minoría insignificante de obreros o empleados o comerciantes acatarían una medida de esa naturaleza. Pasaría desapercibida.
Por eso desde el primer momento han actuado con violencia extrema, asaltando e incendiando comisarías e instalaciones públicas, bloqueando caminos y carreteras y agrediendo a los viajantes, apedreando ambulancias, saqueando comercios grandes y pequeños, atacando hoteles en el Cusco (para destruir su principal industria, el turismo), invadiendo y destruyendo aeropuertos, ocupando e incendiando operaciones mineras. Y, por supuesto, arremetiendo con armas hechizas, explosivos –granadas de guerra como en Andahuaylas– y objetos contundentes a las fuerzas del orden.
En suma, no se ha producido en ningún momento algo que pueda denominarse huelga o paro. Siempre se ha tratado de acciones violentas conducidas por minorías organizadas que buscan imponerse por el terror.
Todas las exigencias de los terroristas y delincuentes son absoluta y completamente inaceptables. Liberar al malhechor recluido por orden judicial en Barbadillo es inadmisible, y reponerlo en el gobierno para que siga robando, absurdo.
Convocar a una constituyente para imponer una dictadura chavista, del socialismo del siglo XXI en el Perú, es un delirio que acarician inútilmente los seguidores de la gavilla de facinerosos que fueron desalojados del poder.
Cerrar ilegalmente el Congreso es algo que intentaron en el golpe de diciembre y fracasaron, y ahora pretenden imponerlo con salvajismo y barbarie.
En síntesis, todas sus pretensiones son completamente inaceptables e inviables, y los métodos que utilizan para obtenerlas son ilegales, delincuenciales y terroristas.
Aunque comunistas y caviares chillen, si no hay nada que negociar, y si los que promueven las asonadas usan la violencia extrema y el terrorismo, solo queda restaurar la tranquilidad y el orden para la mayoría de peruanos que quieren trabajar y salir adelante, usando los mecanismos que la Constitución y la ley autorizan.
Artículo publicado en el diario El Reporte de Perú