Rechazo de forma contundente la pretensión del Estado de descalificar al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, por supuestamente violar el debido proceso, pues va contra la Sala de Cuestiones Preliminares, que es la que lo autoriza a investigar los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.
Considero que es una forma de ocultar el incumplimiento del documento de acuerdo y entendimiento firmado, en uno de cuyos puntos establece el compromiso de contar con un sistema de justicia imparcial que asuma la investigación penal de los hechos ocurridos durante el año 2017 y procesar a los responsables. Violan el principio de complementariedad estipulado en el Estatuto de Roma, que establece que tanto el Estado venezolano como la CPI harán la investigación penal, que el equipo técnico del fiscal de la Corte tendrá acceso a los expedientes sin ninguna restricción y la instalación de una oficina en Venezuela.
El sistema de justicia venezolano solo ha procesado a oficiales de bajo rango, con lo cual desconoce las competencias y alcances de la Corte Penal Internacional, que solo investiga y procesa a jefes de Estado, militares de alto rango y funcionarios de gobierno de alto nivel.
No es ético desde el punto de vista jurídico exigir el cumplimiento del debido proceso cuando en nuestro país se viola constantemente lo establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se incumple lo referido al derecho a la defensa, la asistencia jurídica, la presunción de inocencia, el derecho a ser oído y tener acceso a las pruebas. Y lo más grave: la suspensión de las audiencias en innumerables ocasiones se traduce en un inmenso retardo procesal con denegación de justicia. Entonces, queremos insistir en este aspecto, en Venezuela se vulnera sistemáticamente el debido proceso. Por citar solo un ejemplo: las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por parte de los miembros del letal Plan Zamora y su cadena de mando siguen esperando que estos sean procesados penalmente.
Solo quiero recordar al Estado que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que el sistema universal de los derechos humanos no concede ningún tipo de privilegio a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos.
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