Desde la época del presidente Thomas Wilson (1013-1921), en Estados Unidos, aunque su política exterior fue definida como intervencionista porque quería que sus aliados estuvieran gobernados por los buenos, nadie podrá negar que sin ser calvinista (teoría de Calvino), quiso siempre encontrar la unión de lo económico con lo moral y por eso se opuso a la petición de los banqueros de solicitar prestamos a la república de China. Partiendo de esta premisa, no es de extrañar que la nación del norte impusiera sanciones a la dictadura en Venezuela, porque el sistema que rige en el país caribeño, de moral tiene nada y la economía es un fracaso mucho antes que comenzaran las sanciones.
Ahora bien, si hacemos un poco de historia, no es de extrañar que después del criminal ataque a las Torres Gemelas en 2001 por parte de Al-Qaeda, Estados Unidos cuide aún más qué países, y mucho más de la región, son gobernados por dictaduras que oprimen a los pueblos y se convierten en un peligro para el continente y para el mundo. Una forma de tratar de encausar a estos gobiernos de delincuentes son precisamente la aplicación de las sanciones, pero cabe aclarar que la crisis de Venezuela no comenzó con las sanciones que se empezaron a aplicar en 2008, cuando el Departamento del Tesoro ordenó congelar las cuentas bancarias y bienes de Ramón Rodríguez Chacín, Hugo Carvajal y Henry Rangel Silva por sus vínculos con el grupo terrorista de las FARC y el narcotráfico. Las sanciones desde un principio fueron dirigidas a funcionarios o personas relacionadas con el régimen y no contra los venezolanos en general.
Bajo el gobierno de Obama, en 2015, las sanciones continuaron aplicándose de manera personalizada, aplicándose restricciones de visado, ¿cómo pueden este tipo de sanciones afectar la economía de un país? La respuesta es simple: las sanciones en su mayoría y hasta el presente han sido aplicadas a particulares y el discurso cantinflérico de la dictadura en relación con la crisis venezolana es una excusa, porque el deterioro de la economía, la salud, la educación, la escasez de los alimentos básicos, la desnutrición, las fallas del sector eléctrico, la falta de gasolina, el gas y las medicinas, se inició con la llegada al poder de la robolución, además de la continuada y sistemática violación de los derechos humanos, como la libertad de prensa, el derecho al sufragio, la persecución a quien piense distinto, la confiscación de bienes –robo– y explotación de minerales para beneficio de la cúpula que desgobierna a Venezuela.
Al igual que Estados Unidos, la comunidad europea también está aplicando sanciones a particulares desde 2017, con la prohibición de venta de armamento para ser utilizado contra el pueblo en sus protestas pacificas y a partir de 2018 a individualidades que fueron culpadas de colaborar en el resquebrajamiento de la democracia y de la libertad. Durante 2021, el Consejo de la Unión Europea sancionó a 55 funcionarios más. Estas acciones fueron seguidas por el gobierno de Gran Bretaña, que a través del Her Majesty’s Treasury aplicó medidas financieras a 36 particulares, todos involucrados con la dictadura de Venezuela en actos de corrupción y crímenes de lesa humanidad. Por lo cual, no se puede aceptar que en un supuesto acuerdo se le quiten las sanciones a personas que son criminales, ya que daría a entender que las violaciones de los derechos humanos nunca ocurrieron.
Lo cierto es que la crisis económica en Venezuela comienza mucho antes de las sanciones. Ya en 2009 estalla la crisis bancaria, derivada de los actos de corrupción de la dictadura, la falta de una buena gestión en la administración de las divisas, el desastre en el manejo de Pdvsa. Cómo decir que es culpa de las sanciones cuando ya para 2010 comenzó la crisis de los alimentos: harina de maíz, azúcar, aceite, pasta, leche en polvo, margarina y medicamentos. Cómo decir que fue culpa de las sanciones la apropiación de empresas privadas bajo una arbitraria estatización, que incluyó las empresas agroalimentarias. Por supuesto que este ataque frontal contra las empresas privadas trajo como consecuencia, además de las ya señaladas, altas cifras de desempleo. Este cóctel del llamado socialismo del siglo XXI dio comienzo a un proceso inflacionario indetenible que en la actualidad ya suma cuatro años de hiperinflación y el séptimo de recesión. Según el Fondo Monetario Internacional, 2021 cerrará con una inflación acumulada de 5.500 %.
No es sino hasta 2019 que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos interviene para que el control de Citgo quede bajo el gobierno interino de Juan Guaidó. Al igual que los casi mil millones de dólares en oro, depositado en las bóvedas del Banco de Inglaterra, que en todo caso están siendo salvaguardados de las apetencias de robo por parte del régimen de extrema izquierda de Venezuela, ya en un proceso judicial que está por terminar, con la esperanza de que también estén bajo la competencia del gobierno de Guaidó y así el régimen no lo haga desaparecer no precisamente con trucos de mago.
Bajo este desalentador panorama y con un proceso de negociación en marcha, no podemos aceptar la propuesta de Maduro, que pide le quiten las sanciones, reconocimiento a todos los poderes públicos que la dictadura controla, esto sería contraproducente, significaría que todo lo que se ha logrado, se perdería. Por eso, en este nuevo intento de negociación que se va a realizar en agosto, hay que dejar en claro que no se le debe hacer el juego al régimen, aunque algún iluminado de cualquier parte del planeta diga que debemos aceptar lo inaceptable. Debe aceptarse solo, como dijimos al comienzo de este artículo, todo aquello que no sea contrario a la moral, respeto a las víctimas y al sufrido pueblo de Venezuela. Si aún existe la posibilidad de una salida pacífica, entonces deberá incluir elecciones libres conjuntamente con las presidenciales. Los acusados de crímenes de lesa humanidad deberán ser sometidos a juicios, justos y apegados a la ley, muy diferentes a los que está acostumbrado el régimen y la administración Biden así debe entenderlo, al igual que la comunidad internacional.
“Si no tenemos policías, jueces, abogados, fiscales, honestos, valerosos y eficientes; si se rinden al crimen y a la corrupción, están condenando al país a la ignominia más desesperante y atroz”. Javier Sicilia.