OPINIÓN

No es cosa juzgada, es inhabilitación fraudulenta

por Luis Velázquez Alvaray Luis Velázquez Alvaray

El fraude contra la candidata de la oposición se ha construido sobre la mentira, colusión, dolo, y obviamente, sin el debido proceso. En estas circunstancias, la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, ha debido resolver declarando inexistente la inhabilitación y no sumarse a este proceso criminal, que solo ha servido para aumentar el número de participante en el hecho delictivo.

Oportunidad de oro para reivindicar la justicia y así ordenar que el propio Estado, investigue y sancione las profundas violaciones a los derechos humanos. Han permitido el camino de la impunidad rampante.

Vamos por partes

“El que, con intención, o por negligencia o por imprudencia, a causado un daño a otro está obligado a repararlo”.

La revisión de lo decidido por otras salas

Puede plantearse a la Sala Constitucional, ante la indebida aplicación de la carta magna, atender un recurso de revisión constitucional, bajo el procedimiento establecido en la ley orgánica de amparo y en la jurisprudencia de la propia sala, cuando se quebrantan los derechos consagrados en ella.

El problema sigue siendo el mismo, si atendemos al hecho constante y sucesivo de intervención política, que no permite la actuación autónoma de sus integrantes.

El art. 366 ordinal 4 CN, señala como atribuciones de la sala: “Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de esta Constitución dictados por cualquier órgano estatal en ejercicio de poder público, cuando colidan con esta”.

La doctrina es clara, cuando cualquier decisión es contraria a la justicia y al orden público.

Estamos en presencia de una monstruosidad jurídica, y debe ser subsanada ante la presión ciudadana nacional, y el pronunciamiento de numerosos órganos internacionales, incluidos aquellos que velan por los derechos humanos.

PD. Sábado, 2:00 am: Pelea en Miraflores

La última reunión celebrada en la “guarida Mirafloriana” originó una fuerte discusión, luego de la decisión de Nicolás Maduro de no ser el candidato en las próximas elecciones. Plantea como condición el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos a él y todas las personas de su entorno y el resto de la élite del PSUV. En segundo término, que su sucesor lo escoja el partido entre Diosdado Cabello, los Rodríguez y Padrino. Los hermanos y Cabello pelean a cuchillo y existen amenazas de parte y parte. Este lunes 5 o martes 6, la Asamblea Nacional usurpadora enviará una comunicación al CNE solicitando adelanto electoral para abril o mayo del presente año. Temen mucho a la candidata de la oposición, a quien los sondeos nacionales e internacionales le otorgan 90% de los votos si las elecciones fueran hoy. Han reconocido también que el mundo libre está unido contra la inhabilitación fraudulenta.