2020 será un año difícil, complicado y peligroso porque todo indica que el régimen persistirá, a todo evento, en sus propósitos continuistas. Lo ocurrido el domingo en la Asamblea Nacional va en esa dirección.
El chavismo, ante la constatación de que el soborno, la intimidación y los desacuerdos no fueron suficientes para quebrar la mayoría democrática en la AN, decidió embarcarse en una operación política chapucera y bochornosa propia de rufianes y mafiosos, para lo cual se valió de una minoría de políticos sin escrúpulos ni sentido del deber y el compromiso con los intereses del país; los mismos que no hace mucho el fiscal usurpador amenazó con llevar a juicio.
Operación que, si bien le rinde algunos beneficios, le ha resultado en unos costos en materia de imagen y de aislamiento que superan con creces las ganancias. Hasta sus aliados y valedores internacionales como los gobiernos de México, Argentina y Uruguay (todavía gobierna el Frente Amplio) no han dudado en criticar y desmarcarse de la operación de marras; igual ha ocurrido con los principales integrantes de la llamada “mesita”, a quienes por cierto ha dejado en la estacada por el incumplimiento de los acuerdos suscritos.
Otra consecuencia negativa para el régimen ha sido el reforzamiento del liderazgo de Guaidó y de la coalición de partidos democráticos que dirigen la AN por su valentía y consecuencia en la defensa de la institución parlamentaria y su legalidad; también es encomiable la actitud del diario El Nacional por prestar sus instalaciones para que la AN, visto que le fue impedido (ilegalmente) por la Guardia Nacional y la Policía Nacional el acceso a su sede natural, para realizar la sesión prevista. La cual produjo, sin menoscabo alguno de la legalidad, el resultado previsto y conveniente para el país.
Es muy relevante interrogarse por qué el chavismo se embarcó en una operación política que le supone, por los momentos (y está prevención es clave), unos costos tan altos.
El chavismo calcula que la situación internacional y nacional licuará las ganancias opositoras y potenciará los por ahora pírricos beneficios obtenidos por el régimen. En otras palabras, que la desmovilización ciudadana persistirá y que la condena internacional no escalará más allá de lo verbal, y que las mismas no comprometerán la gobernabilidad ni los propósitos continuistas. Creo, además, que la evaluación que hace régimen no está del todo descaminada.
Para que lo antes descrito no se imponga es necesario que, tanto en el ámbito nacional como internacional, el rechazo a lo ocurrido escale de lo verbal a acciones más contundentes que logren potenciar la resistencia y comprometan la gobernabilidad del régimen.
En el ámbito internacional debe trabajarse con urgencia la necesaria convergencia política entre Estados Unidos y la Unión Europea para impulsar acciones concretas que obliguen al régimen a negociar una transición y resolver electoralmente el diferendo político. Es inadmisible que la UE siga permitiendo que su moneda sea usada sin restricciones de ningún tipo para facilitar la vigencia de la dictadura chavista y para transacciones reñidas con la legalidad internacional y con los intereses políticos de la misma.
En el ámbito nacional la dirigencia democrática debe trabajar más para ampliar y concertar esfuerzos, desechar el voluntarismo y hablarle claro a los venezolanos en el sentido de que las cosas no serán fáciles, pero de que no hay otra opción que resistir la dictadura. En este particular, debe garantizarse con todas las dificultades del caso y hasta cuando sea posible el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Los venezolanos de a pie también tenemos el deber, en esta hora aciaga, de dejar la pasividad y luchar por el cambio.