Foto: EFE
Durante la campaña electoral para la presidencia de Estados Unidos fue frecuente escuchar desde el Partido Demócrata que Donald Trump no era apto para ocupar la Casa Blanca. Y los muchos disparates que profería en sus giras, cada uno más extremo que el otro –los inmigrantes son criminales y hay que deportarlos; que impondría aranceles al resto del mundo; se desquitaría de quienes lo habían perjudicado políticamente; erradicaría la cultura “woke” que reconoce diversidad, igualdad y equidad; desmantelaría el Estado “socialista” de Biden; “solucionaría” de inmediato (en un día) la guerra de Ucrania; y muchas otras–, parecían darle crédito. Ahora, después de lo evidenciado en sus primeros dos meses de presidencia, puede concluirse que la alerta del Partido Demócrata (“not fit for office”) no era una hipérbole politiquera con fines electorales: el peligro está, efectivamente, confirmado. Trump no reúne los requisitos que se creía debe poseer quien fuera electo presidente de Estados Unidos.
El problema con esta aseveración es que parte de identificar la acción del presidente con las virtudes que deben definir a la democracia liberal. Si bien ésta se cimenta en el gobierno de la mayoría, es con base en reconocerles a todos derechos humanos fundamentales, sujeto a un marco legal que obliga a respetar la libertad y pluralidad de opiniones, la diversidad de preferencias y gustos, los derechos legítimos de minorías que no transgredan el Estado de derecho y la igualdad ante la ley. Lamentablemente, estos no son criterios con los que manifestó coincidencia el grueso del electorado estadounidense. Porque Trump no engañó a nadie. Está poniendo en práctica lo que anunció en su campaña electoral. No desentona el estribillo chavista, “¡Así, así, así es que se gobierna!”.
Las deportaciones masivas ejecutadas violan muchas veces derechos procesales básicos y revelan un desprecio desalmado de quienes huyen de dictaduras y de la miseria. Su respaldo a la masacre cometida en Gaza por el gobierno de ultraderecha de Netanyahu, la humillación pública del presidente Zelenski de Ucrania en la Casa Blanca, la condescendencia con el déspota Putin, con quien desea repartirse el mundo y las presiones ejercidas sobre el gobierno de Panamá para extraerle preferencias en el uso del Canal, so pena de apropiárselo (¡¿?!), son muestras deplorables de una prepotencia imperial propia del pasado decimonónico. Ejercen una cruel extorsión del más pequeño por parte del poderoso. La amenaza, que ya no puede tomarse a la ligera, de cogerse a Groenlandia como sea y de anexionar a Canadá, así como la acusación de que este último país y Europa han estado abusando de Estados Unidos, por lo que deben tomarse represalias pechando sus productos con aranceles, violan acuerdos multilaterales básicos sobre los cuales se fue construyendo la paz y la prosperidad luego de la II Guerra Mundial en lo comúnmente denominado “Occidente”. A lo interno, el desmantelamiento del Ministerio de Educación; el retiro de recursos en áreas importantes de investigación científica; la criminalización que ya se asoma de las opiniones contrarias a Trump; el desmantelamiento de USAID y otras agencias federales, arrojando a miles al desempleo; la colonización de la administración federal con secuaces; la politización de la justicia y el desconocimiento de dictámenes que desautorizan sus decisiones; la descalificación de medios de comunicación “no amigos”; como otras destemplanzas, revelan un deslizamiento muy preocupante hacia prácticas que pueden calificarse de fascistas. A diferencia, Trump, por los momentos, se ha abstenido de utilizar la violencia abierta para conseguir sus propósitos. La esperanza de que no traspase esa línea roja habrá que depositarla en la tradición democrática que ha caracterizado a ese país, con la confianza en que, más temprano que tarde, el ciudadano estadounidense vuelva a defender derechos largamente preciados, y la resiliencia de instituciones como las del poder judicial, por señalarle claramente los límites al poder presidencial. Penosamente, el poder legislativo, controlado por un Partido Republicano que le rinde culto a Trump, siembra inquietudes acerca de las seguridades que supone la división y equilibrio de poderes contra los abusos autocráticos. Y, siendo el país más poderoso del mundo, ello nos concierne a todos.
En cuanto a Venezuela, la existencia de alguien como Maduro ocupando la primera magistratura es todavía más irracional. No cabe duda alguna, porque así lo confirma su trayectoria, de que no es apto para gobernar. Desde que asumió la presidencia a comienzos de 2013, ha devastado la economía, la cual, hoy, supera apenas la cuarta parte de lo que era entonces; ha destruido Pdvsa, que, sin contar lo que extrae Chevron y otras empresas privadas, produce actualmente menos de 700.000 b/d, cuando, para entonces, era más de tres veces superior. Ha provocado el colapso de los servicios públicos, “normalizando” los apagones, el suministro errático de agua y la escasez de gas a lo largo y ancho del país. Su obstinación por continuar con el control de cambio y otras políticas de su mentor, mientras caía el ingreso petrolero y Venezuela se declaraba en default sobre sus compromisos de deuda internacional, desató una de las hiperinflaciones más severas y duraderas de América Latina y un prolongado período de desabastecimiento de bienes y servicios esenciales para la población. Si bien medidas drásticas de corte neoliberal finalmente aplacaron a la hiperinflación, en absoluto condujo a la estabilidad de precios. La inflación (anualizada) fue de 117% en febrero, según medición de la OVF. Este observatorio registra que, en consecuencia, 86% de la población en 2024 era pobre, nivel trágico para un país considerado, otrora, el más rico de la región. Y todo ello en un clima de creciente represión y cercenamiento de libertades básicas, con un saldo de centenares de manifestantes muertos durante su gestión a manos de los organismos represivos del Estado, miles de detenciones, censura y persecución a los medios de comunicación independientes, torturas y demás violaciones de los derechos humanos, que dibujan una práctica de terrorismo de Estado, sin garantías. Esta apelación a la violencia, en el contexto del apartheid político impuesto por el chavo-madurismo, señala la naturaleza indiscutiblemente fascista del régimen. Cerca de 8 millones de venezolanos se han visto obligados a emigrar en búsqueda de condiciones de vida dignas para sí y sus familiares. Finalmente, no puede quedar sin mención las corruptelas que han corroído, con su anuencia, al Estado. Generan las complicidades con las que cuenta para aferrarse al poder. Entre éstos, no puede quedar afuera la participación de personeros del Alto Mando Militar en el narcotráfico.
A diferencia del caso de Estados Unidos, aquí el pueblo entendió, aunque tardíamente, que Maduro carece absolutamente de las aptitudes que debe tener un presidente. Pasará a la historia como el peor gobernante –y por mucho— que ha conocido el país. Y los venezolanos, conscientes de ello, se pronunciaron de manera contundente al respecto el pasado 28 de julio. Certificado en 85% de las actas oficiales que pudieron rescatar las fuerzas democráticas está su dictamen: 67% votó a favor de Edmundo González Urrutia; solo 30%, muchos “nariceados”, para Maduro. Y eso que a alrededor de 4 millones de emigrados y a centenares de miles de jóvenes se les impidió registrarse para votar. Pero no. Aun así, Maduro arrebató de la manera más torpe, descarada y grosera el triunfo, con la anuencia del delincuente Elvis Amoroso y de magistrados corruptos del tsj. E insultó todavía más al pueblo haciéndose proclamar “presidente” ante una versión pervertida y cómplice de asamblea nacional.
A estas alturas, sólo los más fanatizados pueden ignorar o desentenderse –embriagados por el odio contra la población que destilan en sus alocuciones los personeros del núcleo fascista— del hecho categórico de que, con Maduro, a Venezuela le irá irremediablemente peor. Para lo único que ha servido es para apuntalar el régimen de expoliación que ha venido consumiendo a Venezuela con los instrumentos represivos del Estado. Y ya la retórica “revolucionaria” con que buscaba legitimar sus atropellos está demasiado desgastada. Las encuestas registran un repudio masivo de la población a Maduro, muy pocos se comen el cuento de que es presidente electo. Es vox populi, urbi et orbi, que es la cabeza de proa de una corporación criminal que no tiene otra razón de ser que robar.
¿Y quién sostiene a esta claque tan nefasta, carente de toda legitimidad, violadora de la voluntad popular y que, irremisiblemente, seguirá destruyendo al país y empobreciendo y maltratando a los venezolanos? ¿Cómo es posible que el grueso de la FAN convalide tal despropósito? ¡Hasta cuándo! Ahí están las recompensas millonarias para la entrega de estos forajidos a la ley.
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