Desde el principio de la crisis del covid-19 en nuestro país, el régimen ha instrumentalizado la pandemia para extremar sistemas de control y políticas de exclusión y hostigamiento. El régimen incluso utiliza el fenómeno de la pandemia para enfrentar a las personas dentro de las mismas comunidades, estigmatizando a quienes puedan estar contagiados como amenaza para el resto, y no como objeto de atención o solidaridad.
En este sentido, uno de los grupos más afectados es sin duda el de los migrantes retornados. Los connacionales que vuelven a Venezuela, luego del intento fallido de mantenerse en otros países del continente por las restricciones derivadas de la cuarentena, se encuentran con enormes dificultades para cruzar la frontera, lo que se suma a la ya dolorosa experiencia de padecimientos y maltratos en su arduo periplo de vuelta.
Los migrantes son recluidos en centros de cuarentena en situación de hacinamiento y agravio y ya son varias las denuncias al respecto que hablan de alimentación deficiente, instalaciones inapropiadas, y el maltrato de las autoridades, condiciones que en vez de frenar el contagio, aumentan las posibilidades de que ocurra
Pero tal vez uno de los aspectos más graves de esto sea la imposición de un discurso oficial que tergiversa términos médicos para hablar de “contagios importados”, por ejemplo, y que criminaliza a las personas al identificarlas como agentes de contagio e incluso “armas biológicas”. Se crea así una nueva forma de exclusión que afecta a grupos vulnerables y en la que vuelven a potenciarse las características dictatoriales y represivas del actual modelo.
Sin duda, se trata de una nueva segregación. La carga de «culpables» que recae sobre los retornados desde la narrativa oficial no solo viola derechos humanos, sino que profundiza el trato discriminatorio contra cualquier venezolano, como ya ocurre con los connacionales de las regiones, a quienes se les trata como «de segunda».
Se repite así el uso natural del régimen de la estigmatización del otro para su «eliminación» y su naturaleza opuesta a la solidaridad y la convivencia. Una condición que ha convertido al Estado y sus instituciones en factores de destrucción, violencia y empobrecimiento de las personas, y que han sido significativos para la existencia de la realidad de crisis y colapso que estamos viviendo.
En nuestro trabajo en el movimiento Caracas Mi Convive enfrentamos esta situación desde la promoción y el ejercicio de los valores convivenciales. Debemos responder desde la sociedad civil generando iniciativas de articulación y encuentro que contrarresten la imposición de sistemas de segregación y exclusión oficiales. De igual forma debemos visibilizar y difundir las situaciones de vulneración de derechos humanos que nos afectan tanto en lo individual como en lo colectivo.
Es fundamental que enfrentemos la nueva realidad del covid-19 en nuestro país desde la solidaridad y el trabajo mancomunado. Solo así podremos atravesar esta situación de manera exitosa, evitando las dinámicas de enfrentamiento, fragmentación y caos que han signado al actual régimen y que han traído tanta tragedia a nuestro país.
robertopatino.com