El fiscal de la CPI, Karim Khan, fue recibido por Maduro. Foto: Prensa Miraflores
En general cuando se piensa en las instituciones internacionales y más aún cuando se evalúa el rol de la justicia internacional, la gente tiende a ser escéptica y con prontitud se afirma que todo eso no sirve para nada a la luz de la “poca efectividad” que se percibe. Poco se recuerdan las guerras que la ONU ha evitado, los logros de la Organización Mundial de la Salud combatiendo el covid, el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio), más los logros de las organizaciones regionales (OEA, Unión Africana, etc.). El escepticismo llega a su mayor intensidad cuando se aborda el tema de la justicia internacional y en particular los logros y fracasos de la Corte Penal Internacional, cuya sede está ubicada en La Haya y ante la cual se ventilan en la actualidad dos casos conocidos como Venezuela I y Venezuela II.
El caso Venezuela I es el que se relaciona con los delitos de genocidio, lesa humanidad, guerra, agresión etc. El mismo ha sido presentado por las víctimas y apoyado por la gestión de varios Estados miembros de la OEA, organizaciones, etc. Este expediente se halla en la actualidad en etapa de presentación ante la Fiscalía de la Corte de los testimonios de las víctimas, solicitados por el fiscal Karim Khan con el objeto de requerir de la Sala de Cuestiones Previas la luz verde para comenzar el juicio propiamente. Varias ONG se han pronunciado ya. Todos hemos venido colaborando junto a insignes luchadores en las presentaciones ante la CPI de centenares de testimonios debidamente organizados y ordenados. Entre las que consignaron lotes de denuncias estuvo Ciciven (Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela) y otras organizaciones hermanas que llevaron pruebas a La Haya. Ellos viajaron a costa de su propio bolsillo.
Por su parte, el caso Venezuela II es promovido nada menos que por el actual gobierno que pretende asegurar que no hace falta la intervención de la CPI por cuanto en Venezuela esos delitos se investigan, persiguen y castigan de conformidad con la ley. ¡Habráse visto mayor cinismo! Por supuesto, este caso no tiene otro propósito que el político y no se espera que prospere.
Justo es reconocer que la administración de la justicia en general es lenta y la internacional lo es mucho más. También es cierto aquello de que justicia tardía no es justicia. En otras palabras, se reconoce -muy a pesar de todos- que los tiempos no son satisfactorios y suelen decepcionar. Las garantías procesales, las presiones y demás factores indudablemente contribuyen a esta percepción sin que el escollo se haya podido superar. Sin embargo… ¡la justicia tarda pero llega!
Los líderes nazis de la Segunda Guerra Mundial tuvieron que comparecer en 1945 ante el tribunal de Nuremberg, que sentenció a muchos de ellos a muerte y a largas condenas a prisión. Lo mismo ocurrió en otros tribunales penales internacionales constituidos para atender crisis puntuales: Yugoslavia condenó al genocida Milosevic, exjefe de Estado, y al “carnicero de Bosnia” Ratko Mladic, y esta misma Corte Internacional ha condenado a algunos de los genocidas más emblemáticos, entre ellos el ugandés Dominic Ogwen, el congolés Bosco Ntaganda, el serbio Radovan Karadcik y el impresionante caso del serbio Slobodan Prajlak, quien se suicidó ingiriendo una pastilla de cianuro en plena sala de audiencias al enterarse de su sentencia.
Esos y algunos otros pocos casos más no parecen producir la percepción de que la justicia internacional es efectiva, pero lo cierto es que que ”funcionar, funciona”, no solo por las condenas sino por el miedo que causa a los sátrapas pensar que ella les pueda alcanzar. Caso concreto y muy nuestro: Maduro se abstuvo de viajar a Buenos Aires a la Cumbre de la Celac el pasado mes de enero. ¿Por qué?
Justamente en esta semana que hoy culmina se han desatado los demonios con motivo de la acción motorizada por el Fiscal de la Corte, el Sr. Karim Khan, quien desde hace algún tiempo ha venido impulsando una campaña destinada a acumular las denuncias de las víctimas antes del 7 del corriente mes de marzo con el objeto de robustecer el expediente que habrá de conocer la Sala de Cuestiones Preliminares a fin de decidir si se inicia el juicio propiamente dicho.
Como consecuencia de lo anterior quienes despachan desde Miraflores y su combo han desatado una campaña rayana en la histeria denunciando cual vestales ofendidas que la Corte y el fiscal están parcializados y han impedido el derecho a la legítima defensa por parte del gobierno.
Lo anterior es falaz. Desde hace meses el fiscal Khan le anunció a Maduro, en su cara, en Miraflores y con transmisión en vivo, que iniciaría una investigación, lo cual, naturalmente, no gustó nada; pero aun así no hubo más remedio que aceptar a fin de no quedar al descubierto. Dicen que el fiscal no es imparcial, como lo exige el Estatuto de la Corte. Tienen razón, el fiscal debe recoger pruebas de lado y lado para una vez transcurridos los plazos y llegado a un convencimiento iniciar la acusación. El fiscal entonces se convierte en parte y son los jueces y el Tribunal quienes deben ser imparciales. El fiscal es quien acusa y por tanto se constituye en parte, mientras los imputados en el juicio dispondrán de todas las garantías procesales. Pensar que estos bichos hablan de garantías procesales y derecho a la defensa sin tener en cuenta a Tarazona, Requesens, Carreño y decenas más a quienes se les niegan impunemente no solo las garantías procesales sino que han sido víctimas de torturas físicas y psicológicas, debidamente constatadas por los altos comisionados de la ONU para los Derechos Humanos en sus visitas al país (la Sra. Bachelet y recientemente su sucesor Volker Turk).
La histérica reacción aquí comentada respecto de las actuaciones del fiscal es la que se expresa en el comunicado expedido el día 28 de febrero, el cual se puede consultar en el siguiente enlace: https://mppre.gob.ve/comunicado/venezuela-desmiente-cpi-falacias-agresion-mediatica-geopolitica/ . En dicho escrito, el “impoluto” gobierno “bolivariano” se queja amargamente de las “irregularidades” cometidas por la Fiscalía, a la que acusa “con los pelos en la mano” de estar en contubernio con ONG traidoras a la patria, las mismas que justamente se pretende ahora regular, restringir y castigar con una ley que ha sido criticada por todos los sectores democráticos nacionales e internacionales. Ante esta reacción viene muy a la medida el sabio proverbio de Don Quijote: “Ladran Sancho, señal que cabalgamos”.
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