En 1979, con amplio respaldo nacional e internacional, el Frente Sandinista de Liberación Nacional puso fin a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle. Desde su triunfo, en ese año, los sandinistas encabezaron un gobierno que tuvo algunos logros significativos para la sociedad nicaragüense. Tuvo también episodios que dieron cuenta del difícil escenario internacional, así como de la persistencia de las estructuras de poder y de los mecanismos de dominación. Tras haber perdido las elecciones de 1990, el sandinismo —en la versión de Daniel Ortega— retornó en 2007. Y parece que esta vez la historia se repite como farsa.
Apenas hace un par de días, el gobierno nicaragüense decidió incautar los bienes muebles e inmuebles de la Universidad Centroamericana (UCA), la universidad jesuita de Managua. A decir del tribunal que emitió la orden, la UCA es un “centro de terrorismo”. Previamente, otras organizaciones ligadas a la Iglesia Católica en Nicaragua también fueron perseguidas. Entre ellas, destacan varios medios de comunicación críticos con la política de seguridad del régimen.
En febrero, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, fue condenado a 26 años de cárcel al tiempo que el gobierno de Ortega lo despojó de la nacionalidad nicaragüense. Lo mismo ha sucedido con un amplio número de escritores e intelectuales de renombre mundial como Sergio Ramírez y Gioconda Belli, quienes también han perdido el pasaporte nicaragüense por alzar la voz. Defensoras de derechos humanos como Vilma Núñez han sufrido una suerte similar. Ajeno al criterio que obliga a los Estados a respetar la disidencia, a lo largo de los últimos años el régimen no ha dudado en usar la fuerza letal para reprimir a sus opositores en las calles de Managua y otras ciudades nicaragüenses.
Como defensor de derechos humanos y como jesuita, todo lo anterior me inquieta y duele profundamente. Decía Ignacio Ellacuría que, en sociedades asediadas por la violencia, el saber universitario no puede ni debe ser un saber cualquiera. Debe ser un saber organizado que permita conocer las realidades de una nación: sus luces, pero también sus sombras. “Si se quiere cambiar una estructura social irracional e injusta, es menester conocerla a fondo. No es esta tarea fácil, sino resultado de muchos saberes y de mucho trabajo intelectual”, apuntó en 1985, apenas cuatro años antes de ser asesinado por un comando militar en la sede de la Universidad Centroamericana en San Salvador. Pensar de manera independiente era entonces una actividad letal que podía pagarse con la vida misma.
Los muchos saberes que, para bien de la sociedad nicaragüense, fueron cultivados hasta hace unos días por la UCA en Managua hoy se encuentran aparentemente silenciados. Sin embargo, sería un error creer que la vida de una comunidad universitaria se reduce a lo realizado en sus aulas. Ese quehacer no podrá ser silenciado por una decisión arbitraria que atenta contra el derecho a la educación y la libertad de pensamiento. Quizá no abundan, pero son notables los arduos trabajos de quienes en medio de circunstancias adversas, en diversos lugares, han sido capaces de ejercer la crítica frente a los abusos del poder, ante la cotidianidad de los mecanismos de dominación y ante la barbarie institucionalizada.
En un acto solidario, el pasado 16 de agosto la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), que actualmente presido, dio a conocer un comunicado en el que condenó enérgicamente la toma de la UCA. De este modo, AUSJAL se sumó a la Compañía de Jesús para reconocer el valor civil y la congruencia ética de la comunidad universitaria de la UCA. Al mismo tiempo, exhortó a la comunidad internacional y a las organizaciones defensoras de derechos humanos a unirse en pro de la democracia en Nicaragua. Un día después, el Superior General de los Jesuitas, Arturo Sosa, S. J., dirigió una carta a la Curia Provincial de Centroamérica para recordar que el servicio de la UCA siempre ha estado en consonancia con la causa de la justicia y la verdad al promover “el derecho al pensamiento y a una educación abierta, democrática y libre”.
Frente a esta coyuntura, el desafío que tenemos por delante es mayúsculo: trabajar por el restablecimiento de un sistema de gobierno que haga posible la libre participación ciudadana en la vida pública de dicho país y el respeto de los derechos de todas y todos sus ciudadanos. Son numerosas las personas que en Centroamérica han resistido y se han opuesto a toda forma de dominación, sea de izquierdas o de derechas, ultras o moderadas.
Artículo publicado en el diario El Universal de México