Ni paz, ni legalidad

Se hace cada vez más claro la sabiduría del pueblo colombiano al votar No al acuerdo de entrega del país al narcoterrorismo comunista de las FARC, cada día se hace más palpable la necesidad de reformar ese acuerdo, para acabar con la impunidad, ilegalidad y elegibilidad de esos criminales de lesa humanidad.

La realidad política colombiana actual es despreciable. Ya se develó claramente el objetivo del farcsantismo, el cual es acosar la institucionalidad democrática colombiana desde todos los frentes. El ataque más peligroso es el del narcotráfico, madre de todos los males nacionales: guerrillas, inseguridad, ruina de nuestra juventud, reino de la corrupción, desinstitucionalización, inmoralidad pública y desbalance de la moneda.

El segundo frente es la aniquilación de la justicia: la justicia en manos de los carteles de la toga y la coca, dirigidos por el delincuente Juan Manuel Santos, el legislativo en manos de los narcoterroristas comunistas que tienen una bancada de izquierda (FARC, Polo, Verdes y petrismo) monolítica, amén de los compañeros de camino Liberales, Cambio Radical y parte de la U, el cual frena cualquier cambio por vía legislativa al narcoacuerdo de instauración de la dictadura farcsantista. Finalmente, un ejecutivo, que no ha tenido la voluntad política de honrar su palabra de modificar esos acuerdos y de ser implacable con el narcoterrorismo, más bien se ha visto débil y propenso a galantear a ese bloque enemigo, olvidándose de sus bases que quiere un gobierno de orden y libertad.

No puede haber paz en un país nadando en cocaína, no puede haber paz con unas fuerzas militares amordazadas por el comunismo internacional, en un país en el que los criminales son premiados con curules, financiamiento e impunidad y los soldados van presos por el cumplimiento de su deber. Es imposible la paz cuando los grupos criminales se autodevoran por el negocio de la coca y las víctimas de ese criminal negocio caídos en esa guerra de dominación criminal se presentan como líderes sociales. No puede haber paz cuando el país honesto se siente preso del narcoterrorismo.

La situación de legalidad es peor aún. Obvio que existe una legalidad, pero totalmente ilegítima. La legalidad de la Colombia de hoy es hija de un desconocimiento de la voluntad popular expresada en el plebiscito. La legalidad constitucional es una abyecta imposición de la mesa de La Habana en favor del narcoterrorismo, las cortes totalmente politizadas tienen un solo objetivo: proteger a los narcoterroristas y perseguir a los defensores de la institucionalidad democrática. El Parlamento solo existe para perpetuar ilegalmente la narcodictadura bajo el espejismo de la paz de Santos, que ya sabemos que es la dominación dictatorial del narcoterrorismo.

Ya llegó la hora de que Colombia se decida a enfrentar como un solo hombre al narcoterrorismo. El reino de la frivolidad debe perecer, debemos despertar de la ilusión de que Colombia vive paz con legalidad. No hay paz ni hay legalidad en un país dominado por el narcoterrorismo, o derrotamos a este o caeremos en un narcoestado, tal como la vecina Venezuela, lo cual es precisamente el objetivo del farcsantismo.

El “régimen” denunciado por Álvaro Gómez, que no es más que el establishment que siempre ha dominado el país (partidos, gremios, sindicatos, jerarquía católica, academia y medios) complaciente con la guerrilla, salvo en los gobiernos de Uribe, en su infantil relajamiento se deja dominar por el narcoterrorismo comunista. De él no saldrá nada bueno, sino ahogarnos más en el narcoimperio castrochavista. Es el pueblo quien a través del referéndum (que misteriosamente se convirtió de derogatorio en aprobatorio, haciéndose el harakiri) debe luchar denodadamente contra la dominación del narcoterrorismo. Si el narcoestablishment se interpone a esta solución, pues habrá que hacer resistencia al narcorrégimen, pero Colombia no puede sucumbir ante la dictadura de unos 300 individuos vendidos o indolentes ante la destrucción de la República.