Archivo
En los más recientes estudios de opinión que conozco, entre ellos los de Consultores 21, se ve clarísima la postura de los venezolanos, oficialistas y opositores, en relación con dos temas.
El primero se refiere a los deseos de unidad que siente la población opositora. La gente espera que los principales líderes –que forman un pelotón bastante compacto, con Juan Guaidó encabezando el lote– se pongan de acuerdo con relación a una estrategia común, que incluya la convocatoria a elecciones nacionales, y la solución de los principales déficits que afectan a la nación, en primer lugar, la inflación, considerado el peor azote del país en su conjunto y por cada venezolano en particular, seguido de la búsqueda de respuestas al drama de los servicios públicos, la vacunación masiva y ordenada, y la escasez de agua, gas, gasolina y gasoil.
La conveniencia de que gobierno y oposición se reúnan a negociar es el otro asunto en el cual existe un amplio acuerdo. Esta aspiración la comparten maduristas y opositores en rangos similares. Los ciudadanos no quieren una salida violenta a la crisis. Ni que se produzca una invasión extranjera. La mayoría se pronuncia contra las sanciones internacionales, aunque admite que sin esa presión resulta imposible que el régimen acepte sentarse en torno a una mesa para discutir y pactar. La mayoría también desea que las conversaciones giren en torno de materias concretas y no a generalidades o principios abstractos que no aterricen en respuestas especias al infierno que viven los venezolanos día a día.
El gobierno sabe que una oposición dividida es una oposición debilitada. Por ese motivo estimula la fragmentación. Esta política comenzó a aplicarla desde hace años. Durante la fase más reciente, estimuló la formación de la Mesa Nacional de Diálogo, la “mesita de noche”, y financió a los “alacranes”, a quienes les entregó la presidencia de la Asamblea Nacional electa en 2015, luego del golpe que le dieron a Juan Guaidó. Ambos grupos carecen de representación y reconocimiento internacional. El régimen trató de fortalecer esas facciones, pero fracasó. En las elecciones parlamentarias de diciembre del año pasado, solo lograron movilizar un escaso número de electores, lo que les permitió lograr unos pocos diputados en la Asamblea.
A pesar del fiasco que representan la “mesita” y los “alacranes”, el gobierno insiste en calificarlos de oposición, referirse de vez en cuando a ellos e incluirlos en las negociaciones. Quiere tenerlos en México, o donde sea que la ronda se efectúe, para que suavicen las peticiones del bando opositor, concilien las posiciones encontradas y perfumen las demandas del gobierno. No serán un factor decisivo, pero le servirán como quinta columna a Maduro cuando quiera acusar de “intransigente” a la oposición legítima, si esta no acepta bajar la cerviz ante la soberbia del mandatario.
La oposición representada por Gerardo Blyde tendrá que lidiar en dos frentes: con el gobierno de Maduro y con sus amanuenses, que se moverán con sigilo para no quedar al descubierto en los primeros intercambios.
La fuerza con la que llegue la oposición al nuevo ciclo de negociaciones dependerá del apoyo internacional que reciba y de la fuerza que obtenga en las próximas elecciones regionales. En relación con este último aspecto, la ambivalencia de la dirigencia opositora está jugando a favor del gobierno. Estamos en agosto y todavía no ha habido un pronunciamiento categórico acerca de si el G-4 participará o no en esos comicios. Esta ambigüedad propicia la confusión. Se habla de exigir condiciones. El nuevo CNE señala continuos logros que corrigen los entuertos de los rectores anteriores. Sin embargo, esos avances no complacen a quienes se resisten a concurrir a la cita electoral. El gobierno aprovecha el enredo para apresar a Freddy Guevara, mantener detenido a Roland Carreño, ordenar la captura de Emilio Graterón, postergar la devolución de la tarjeta de Acción Democrática a sus legítimos dirigentes. Maduro y los suyos realizan un trabajo de zapa. Talan y erosionan la capacidad de las organizaciones democráticas.
Mientras el caos impera en el mundo opositor, en el oficialismo, a pesar de las diferencias existentes entre el ala que apoya a Nicolás Maduro y la que respalda a Diosdado Cabello, el proceso avanza. Sus primarias copan la escena política. En el PSUV bloquean las aspiraciones de Arias Cárdenas en Zulia y de Elías Jaua en Miranda, dos dirigentes que en el pasado fueron relevantes. Le impiden a 70% de los alcaldes oficialistas concurrir a la consulta electoral organizada por el partido y, en consecuencia, reelegirse. A golpe y porrazo promueven la emergencia de un nuevo liderazgo regional y local.
Si la oposición no quiere que las nuevas negociaciones vuelvan a naufragar sin que el gobierno pague los costos, debe comenzar por ponerse de acuerdo consigo misma. Debe unirse alrededor de una estrategia, lograr el apoyo internacional y, hasta donde sea posible y conveniente, informarla para que el país la respalde.
@trinomarquezc