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Fraudes han habido bastantes, no solo en América Latina sino también en otras latitudes. Bien recordamos las elecciones que solían haber en la entonces Unión Soviética y sus países satélites, en las cuales el oficialismo comunista obtenía por encima de 95% de los votos. Sobre tal falacia mantuvieron el gobierno no solo de Rusia, sino también de media Europa por medio siglo acudiendo a los métodos más crueles de represión cuando algún pueblo aspiraba a poner en duda su hegemonía (Hungría, 1956; Checoslovaquia, 1968, etc.), hasta que ocurrió la caída del muro de Berlín en 1989.
Hoy día estamos siendo testigos de la versión tropical del mismo libreto adaptado a los tiempos y las tecnologías modernas apoyadas en una táctica de represión como no se había visto nunca antes en nuestro país.
Actualmente la polémica poselectoral se dirime entre el oficialismo, que anuncia un resultado completamente divorciado de la realidad sin mostrar acta alguna y la oposición, que habiendo obtenido casi 70% de los votos, respalda su triunfo exhibiendo las actas que así lo acreditan.
Sirva también la ocasión para recordar la época en 2004 cuando se introdujo el sistema de votación automatizado en nuestro país para sustituir al manual que hasta entonces nos venía sirviendo. En aquella oportunidad el Consejo Nacional Electoral de entonces, presidido por Tibisay Lucena, nos aseguraba que estábamos en presencia del sistema más seguro y confiable del mundo.
Hoy, para desgracia del gobierno, nos encontramos en la situación de que el sistema automatizado sigue siendo igual o más confiable que antes, pero “no contábamos con su astucia” -como diría el recordado Chapulín Colorado- que concentra la vulnerabilidad en el último eslabón de la cadena, que es el anuncio público verbal de los resultados por boca del presidente del Poder Electoral, que en este caso nada tuvo de coincidencia con los datos transmitidos por las máquinas al cierre de la jornada. ¿Qué le habrá dicho a sus hijos o nietos el día siguiente? ¿Dormirá tranquilo? ¿Podrá ir al supermercado sin que lo señalen?
Para completar la parodia, en menos de un día el CNE proclama al ganador y se le otorga su credencial, la cual él exhibe con desparpajo como si fuera el legítimo triunfador sin importarle que hasta sus propios amigos veedores e invitados oficiales ahora ponen en duda los resultados que él proclama. Hasta el Centro Carter, que tiene las actas y que otrora fuera consentido de Chávez, ha desnudado el fraude. Las mismas preguntas de conciencia formuladas al jefe del Poder Electoral en el párrafo anterior son aplicables a quien funge como “presidente reelecto”.
Llegamos al día de hoy cuando el CNE sigue negado a mostrar las actas que sustentan los anuncios que ha hecho, mientras la oposición exhibe “urbi et orbi” copias fieles de las mismas actas que consagraron su triunfo y que, además, han sido colgadas en una página web cuyo acceso es libre para quien lo quiera comprobar.
Así las cosas, Maduro & Cía. inventan el peregrino argumento de que están en presencia de un golpe de Estado, que como tal merece el calificativo de traición a la patria, terrorismo y demás tipificaciones delictivas que ameritan acción judicial en contra de los perpetradores. Como refuerzo, interponen una acción cautelar ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de cuya interpretación, imparcialidad y decisión ya podemos adivinar el resultado.
Así las cosas, se abren diferentes interpretaciones:
a) Tanto en Venezuela como en el exterior se exige la presentación de las actas que respaldan las cifras que dan el triunfo al oficialismo. Ellas no aparecen, mientras que las que dan la victoria a la oposición sí han estado disponibles gracias al eficaz y duro esfuerzo de sus testigos de mesa, algunos de los cuales ya están siendo acosados.
b) De seguidas aparecen los aliados ideológicos que sin mayor escrutinio acogen a pie juntillas las cifras “oficialmente” anunciadas por el CNE (Rusia, China, Cuba, Nicaragua, etc.), mientras que del otro lado se sitúan quienes de una vez las ponen en duda.
c) Hay también otro grupo, el más numeroso y cauteloso, que exige las actas antes de expedirse.
Entre tanto, comienza el escenario de la represión indiscriminada con decenas de muertos y miles de detenidos, todo lo cual es suficientemente reseñado por los medios de comunicación social, más que todo en el exterior.
Contemporáneamente aparece un grupo de ”amigos” (Brasil, Colombia y México) que anuncian su intención de constituirse en mediadores para la obtención de una solución razonable que calme las aguas. En paralelo, el presidente de Panamá, en una iniciativa mucho más creíble, anuncia la convocatoria a todos los países del continente destinada a proponer alguna clase de avenimiento en el entendido de que la paz en Venezuela es del interés de toda América Latina.
Este columnista haciendo uso de su derecho a expresar su opinión afirma que aquí no hay absolutamente nada que negociar. Una cosa fuera con una elección que hubiese resultado en porcentaje de 51% versus 49%, en cuyo caso bien pudieran exigirse recuentos y rectificaciones. Otra cosa es el presente caso que fue decidido por 70% versus 30% y como tal no puede dar lugar a ninguna clase de negociación que no resulte en una burla a la voluntad popular contundentemente expresada.
En consecuencia, lo único que queda por hacer es coordinar -ni siquiera negociar- una transición cívica y pacífica que eventualmente pueda incluir algunas garantías para los que dejan el poder. Sobre las cifras no hay vuelta atrás.
Ya ha aparecido algún asomado proponiendo la posibilidad de repetir la elección. Respuesta: ¡jamás!, porque ello también representaría una burla a la voluntad expresada el 28J y porque tal alternativa conduciría a dar a Maduro & Cía. unos meses adicionales en los cuales formularía promesas que no cumplirá (Barbados, México, República Dominicana, Oslo, Qatar, etcétera.), sin garantizar que en la fecha convenida efectivamente vaya a haber una elección y que esta pueda hacerse en condiciones más o menos libres y competitivas. Eso sería volver a las mismas condiciones existentes hoy mientras se acumulan centenares de episodios de agresión y abuso destinados a amedrentar a la población, tales como detenciones arbitrarias, revisión y confiscación de teléfonos celulares para imputar a sus poseedores, allanamiento de moradas sin orden judicial, encarcelamientos y desapariciones, torturas, etc.
Como tapa del frasco, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, hace uso de la atribución constitucional que le permite el monopolio de la acción penal para adelantar la apertura de investigaciones como recurso de ventajismo político llevándola al grado demencial de abrir investigación penal en contra del candidato ganador, Edmundo González Urrutia, y la líder política María Corina Machado, a quienes no sería de extrañar se les dicte alguna medida de restricción de libertad, siempre que tales extremos sean permitidos por la población que seguramente no aceptaría dócilmente tal insensatez.
@apsalgueiro1