Cuando en América Latina se habla de integración regional generalmente se suelen repetir ideas grandilocuentes, como el “sueño de Bolívar” o la construcción de la Patria Grande.
Por eso, quizás más de uno al leer estas líneas se pregunte por la posible relación entre una construcción intelectual aparentemente noble, como la integración regional, con el narcotráfico, una de las peores lacras de nuestro tiempo.
No se oculta a nadie el alcance creciente de la producción y comercialización de narcóticos como un fenómeno transnacional, transfronterizo, con sus derivadas de asesinatos, extorsiones y tráficos de los más variados, como armas y órganos.
Hace tiempo que las guerras y tentáculos de los carteles dejaron de preocuparse por cosas tan nimias como los límites interestatales, las aduanas o la soberanía, para actuar desde una perspectiva regional e incluso global.
Para triunfar en este negocio es necesario tener un abordaje más amplio que el estrictamente nacional, como se puede ver prácticamente a diario en las noticias publicadas por la prensa.
El asesinato de Marcelo Pecci, el fiscal paraguayo especializado en la lucha contra el crimen organizado, en mayo de 2022 cerca de Cartagena de Indias (Colombia), es un claro ejemplo de la dimensión regional que ha alcanzado el narcotráfico en América Latina.
Pecci estaba a cargo de los casos más importantes de tráfico de estupefacientes y lavado de dinero en su país. Por eso se sospecha que detrás de su asesinato puede estar el brasileño Primer Comando de la Capital (PCC) o el venezolano Tren de Aragua.
Pero, con independencia de la identidad precisa de los autores intelectuales, se ha detenido a varios sicarios en Colombia, más otros responsables en Venezuela y El Salvador.
La presencia de carteles de la droga mexicanos, brasileños o de otros orígenes en diversos países latinoamericanos, como Paraguay, Bolivia, Ecuador o incluso Argentina es una realidad tangible.
La producción de drogas, naturales o sintéticas, su comercialización, tanto dentro como fuera de América Latina, y el lavado de dinero implica elevados niveles de coordinación y cooperación entre las bandas y sus más variadas estructuras.
De hecho, los capos de la droga han entendido cabalmente, mucho mejor que los gobiernos y los políticos, las ventajas de la integración.
Al igual que durante la pandemia, cada país sigue haciendo la guerra por su cuenta. Pero, mientras se sigue reclamando “mano dura” o se bendice el “gatillo fácil”, las distintas administraciones continúan cosechando un fracaso tras otro en su lucha contra el crimen organizado y el tráfico de narcóticos.
La única excepción, debido a la especificidad del caso salvadoreño y la omnipresencia de las maras (pandillas), es la de Nayib Bukele, aunque con muchos signos de interrogación sobre su conducta democrática.
Si bien la presencia transfronteriza de los carteles es sobradamente conocida por los gobiernos y por los servicios de inteligencia latinoamericanos, las autoridades aún no han hecho prácticamente nada para coordinar sus esfuerzos y obtener mejores resultados en su intento de acabar con este problema.
Por no haber, no hay prácticamente ninguna iniciativa (bilateral, subregional o regional) en la materia. Para paliar este hecho se requiere una mayor coordinación intergubernamental, que sume la experiencia de autoridades policiales y militares, jueces y fiscales, diplomáticos, responsables de prisiones, académicos y especialistas, para diseñar las políticas públicas necesarias.
De momento, se insiste en el remanido discurso tradicional que separa radicalmente a productores de consumidores, a víctimas de victimarios.
En este relato, cómo no, los latinoamericanos están alineados de un solo lado, el de los perdedores. Esto lo han recordado recientemente el colombiano Gustavo Petro y el mexicano López Obrador, en el contexto de una Cumbre latinoamericana y caribeña sobre drogas celebrada recientemente en Cali.
Su mayor preocupación giró en torno a la necesidad de hablar con una “voz diferente” para “dejar de repetir un discurso fallido que mira las drogas como un problema militar y no como un problema de salud de la sociedad”.
Mientras tanto, poco se avanza en lo referente a coordinar regionalmente políticas que permitan reducir los riesgos asociados a la presencia transnacional de los carteles.
Lo paradójico del caso es que, así como las dictaduras militares incorporaron las ventajas de la integración regional a su accionar represivo durante la llamada Operación Cóndor, hoy los carteles vuelven a hacer lo mismo.
Artículo publicado en el diario Clarín de Argentina
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