Al momento de redactar este artículo, un dólar en la calle representa más de 280.000 soberanos, lo que implica que el salario mínimo mensual no llega a 2 dólares (y 2 dólares diarios es para muchos organismos internacionales el límite del nivel de pobreza) y el sueldo integral (mínimo más bono alimentación) de 800.000 soberanos no llega a 4 dólares mensuales. Si a esto se suman los retardos en los pagos de vacaciones y otros beneficios contractuales, tan degradados como el mismo salario mínimo, es hora de comenzar a considerar la posibilidad de una hambruna en todos los términos oficiales conocidos por la ONU y otras instituciones especializadas, donde el fantasma del hambre, cual depredador biológico, comienza atacando a los más débiles de la manada: los más pequeños, los viejos y los enfermos, que en el caso muy particular de Venezuela es fácil entender que los más débiles son los empleados públicos y los pensionados. Las empresas privadas se adaptan a la dolarización e hiperinflación y ajustan los sueldos a los trabajadores y los productos o simplemente desaparecen o se anarquizan internamente por empleados mal pagados, lo cual tratan de evitar y seguir en el mercado de bienes y servicios.
Esta no es la suerte de los empleados públicos y pensionados, que independientemente de lo que hagan o produzcan en términos de valor monetario o bienestar social, están amarrados a unas tablas salariales que dependen exclusivamente de los recursos financieros que el Estado pueda recaudar en su totalidad, para luego ver cómo paga sus actividades operativas y alcanza sus objetivos y metas específicas.
Si mantenemos como cierta la idea del CNE de que somos un país con 32 millones de habitantes y un PIB nacional de 65-70 millardos de dólares, según estudios especializados, es más que obvio que no hay dinero para pagar muchas necesidades esenciales, lo que se agrava con la destrucción parcial de la industria petrolera tanto en sus tareas de producción, refinación y comercialización, como en sus tareas de soporte vital de una gran cantidad de instituciones de todo tipo, que desde la época de Hugo Chávez se organizaron en torno al escudo financiero de dicha empresa.
Si esta es la situación de Pdvsa y su entorno, es muy fácil imaginar la situación financiera de las más de 800 empresas públicas nacionales, que deben estar en un estado de gran tribulación financiera o al borde de la bancarrota y cierre operativo, situación que será fácil de comprobar cuando se supere el confinamiento y volvamos a la normalidad institucional.
Demás está decir que las alcaldías y gobernaciones deben estar en una situación muy parecida en cuanto a calamidades financieras o peores que el Estado central, ya que no tienen las herramientas (entiéndase impuestos nacionales como el IVA o el ISLR) que permitan obtener recursos abundantes.
Es muy prudente para no alterar más a la opinión pública y aterrador para los conocedores, el silencio técnico que mantiene el Seniat en materia de recaudación, pues solo ellos conocen el número de personas naturales y jurídicas que aún declaran y pagan y, en este año 2020 funesto para la economía mundial, los que se mantienen aún en actividad económica pagando IVA, sin dudar en ningún momento que existen miles de negocios cerrados que muy probablemente ya no tienen la capacidad financiera para volver a abrir de nuevo al terminar la cuarentena.
Ciertamente, el país actual no tiene la capacidad de buscar decenas de miles de millones de dólares o centenares de millardos como harán el Reino de España y la República Italiana, que como uno de los 27 estados soberanos de la Unión Europea, tienen mecanismos de asistencia y apoyo para tiempos de crisis, lo que no es posible en el caso de nuestro país por las particularidades políticas de nuestro caso.
El caso de Venezuela es totalmente bizarro, puesto que los mecanismos internacionales de integración partían del hecho consumado de que todos los países podían adquirir de Venezuela préstamos “blandos” o no retornables, porque había dinero para sostener cualquier gobierno en América Latina (Petrocaribe), África, Asia, Europa o incluso las urbanizaciones populares de las ciudades estadounidenses de Boston (considerada una ciudad global, entre las 30 ciudades más poderosas económicamente del planeta con un PIB de 363.000 millones de dólares en su área metropolitana, o sea 6 veces más que el PIB de Venezuela 2020 ) y Nueva York (otra ciudad Alfa que tiene un PIB de 1,5 billones de dólares, o sea 21-22 veces, el tamaño de toda la economía nacional en este año 2020), sin dejar de recordar que incluso se prestó asistencia a la ciudad británica de Londres (capital financiera global), lo que pueda dar una idea a los lectores del futuro de que en Venezuela no había nada que hacer y se exportaban capitales, como si este país fueran los Emiratos Árabes Unidos, que con su fabulosa ciudad de Dubai y ahora hasta con un programa espacial para colocar satélites y explorar el planeta Marte, demuestra que se debe administrar los ingresos petroleros con criterio de escasez y no con escasez de criterio.
Habiendo llegado a este punto, en el que es necio seguir dando razones y argumentos sobre la quiebra del Estado rentista-petrolero que nos ha cobijado desde la década de 1920 o sea, hace 100 años, se hace indispensable entender la necesidad de un plan internacional de asistencia financiera a los empleados públicos y pensionados, antes de que la situación actual lleve al colapso operativo a todo el Estado como producto de la deserción masiva de sus trabajadores para sobrevivir en la economía mucho más sólida del sector privado. Yo mismo he conocido enfermeras (con una formación especializada que representa en estos momentos de pandemia un gran valor social) trabajando de cajeras y vigilantes de panadería, ni qué decir de los ingenieros y técnicos especializados de Elecentro, Hidrocentro, CVG, Pdvsa, que huyen del país en búsqueda de sueldos en multinacionales. Ni hablar del sector universitario, cuya decadencia, marcada por la fuga de profesores y estudiantes, dan para escribir tesis de investigación de alto nivel.
El Plan de Rescate Financiero o Económico tiene que comenzar de inmediato antes de que se termine de disolver el sector público, ante los sueldos paupérrimos para garantizar la misma supervivencia biológica de los funcionarios. Tal como la tragedia de Beirut sin explosión, el hambre está alcanzando a 9,6 millones de ciudadanos, según la fuente que se toque y lo cierto es que es necesario tocar la alarma de la hambruna, antes de que nos agarre otra vez “el catarro sin pañuelo”, como aconteció con la crisis eléctrica, la destrucción de Pdvsa, la hiperinflación y otros males que se denunciaron durante años sin que nadie tomara cartas en el asunto hasta que fue muy tarde.
En el próximo artículo, veremos una relación histórica y política entre las hambrunas y los gobiernos de los últimos 500 años, para analizar qué hechos se pueden correlacionar hipotéticamente con nuestro particular caso en desarrollo…