Desde el primer día de su mandato, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, empresario, banquero, miembro del Opus Dei, estuvo en la línea de mira del poderoso y adinerado bloque del socialismo del siglo XXI, que intentó vacarlo a cualquier precio por derrotar a su candidato, Andrés Arauz, exministro de Conocimiento y Talento Humano en el gobierno de Rafael Correa.
En la primera vuelta de las elecciones Arauz obtuvo 3.033.000 votos y Lasso 1.830.000, una amplia diferencia de 1.230.000 sufragios (13% de ventaja) que lo proyectaba como seguro ocupante del Palacio de Carondelet.
El Grupo de Puebla (GP) no pudo ocultar su júbilo y publicó un emotivo comunicado en que felicitó “el extraordinario trabajo de Arauz y de su equipo de campaña, quienes, sorteando todo tipo de obstáculos y amenazas legales y políticas, consiguieron un importante apoyo para el proyecto progresista inspirado en la revolución ciudadana del expresidente Rafael Correa, que debe seguir adelante”.
Dicha organización (GP) reúne a mandatarios o exmandatarios de la región: Lula y Dilma Rousseff de Brasil; Rafael Correa de Ecuador; Evo Morales y Luis Arce de Bolivia; Gustavo Petro y Ernesto Samper de Colombia; Jorge Rodríguez, vicepresidente de Venezuela; Alberto Fernández y Cristina Kirchner de Argentina; José Mujica del Uruguay; Fernando Lugo de Paraguay.
También son parte del GP Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe de México, persona de confianza de López Obrador; Aída García Naranjo y Verónika Mendoza de Perú, y el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, alabardero asalariado del dictador Nicolás Maduro.
Ante los resultados iniciales Evo Morales celebró a lo grande. “Ya ganamos”, dijo, agregando la inquina de que algunos sectores no reconocían “el voto indígena, incitando al odio y al desprecio”.
Luego organizó una manifestación para recibir a Arauz, mitin donde destacó que había triunfado la izquierda revolucionaria, antiimperialista y antinorteamericana.
Sin embargo, contra todo pronóstico, en la segunda vuelta electoral Lasso logró 4.656.000 sufragios y Arauz, 4.236.000, una diferencia de 400.000 votos a favor del primero. El GP decidió vengarse contra quien los había humillado políticamente, impulsando una pérfida campaña de demolición, cargada de insultos y calumnias.
El Parlamento, de mayoría correísta, hizo comparecer a los ministros de Lasso más de 300 veces, solicitaron 1.400 pedidos de información y activaron 14 juicios políticos para desestabilizar al gabinete.
La crueldad, el ensañamiento, la maldad contra un jefe de Estado honesto alcanzaron niveles de infamia al pretender destituirlo acusándolo de malversación de fondos por un contrato firmado por su antecesor, Lenin Moreno, un absurdo que proyecta la conducta anética de los vacadores.
Anteriormente, habían fracasado en esa maniobra tracalera cuando quisieron destituirlo por no cumplir sus promesas de campaña.
Ahora, otra vez Lasso ha derrotado al GP apelando al artículo 148 de la Constitución que permite, ante una grave crisis, disolver la Asamblea para que el Jurado de Elecciones convoque nuevos comicios presidenciales y parlamentarios, en un plazo estimado en cuatro meses, lapso en que el presidente gobernará a través de decretos legislativos, fiscalizado por la Corte Constitucional.
Lasso ya comenzó a trabajar aprobando una reforma tributaria que aumenta el monto de los gastos deducibles anuales hasta 15.294 dólares en beneficio de 341.000 contribuyentes que ahorrarán un promedio de 558 dólares en su pago de impuesto sobre la renta.
Asimismo, firmó una Ley de Fortalecimiento de la Economía Familiar que beneficia con 200 millones de dólares a 460.000 hogares en situación de pobreza, al mismo tiempo que continuará la batalla contra el narcotráfico, recordando que en su año y 11 meses de gestión la policía incautó 450 toneladas de cocaína, el doble que en anteriores administraciones.
Sin embargo, la ofensiva del GP arreciará y, para hacerlo, cuentan con ingentes capitales y expertos en todas las áreas.
El bloque chavista es irreductible en defensa de su panacea política.
A Pedro Castillo lo siguen reconociendo como presidente legítimo, a pesar de que intentó un golpe de Estado y que está envuelto en numerosos casos de corrupción. Su sucesora, por mandato constitucional, la señora Dina Boluarte, es atacada con saña y tildada de usurpadora. El sectarismo los ha llevado al extremo demencial de negarse a entregar al Perú la secretaria pro tempore de la Alianza del Pacífico, afectando el más exitoso acuerdo de integración hemisférica.
Con esos antecedentes, no dudamos que los gobernantes del socialismo del siglo XXI darán una encarnizada batalla contra el mandatario ecuatoriano.
Artículo publicado en infobae.com