El régimen chavista desintegró al Estado venezolano. Esta perversa obra se gestó con Chávez a la cabeza; Maduro solo fue un inerte sepulturero.
Sin embargo, queda una población, mayoritariamente decente y democrática, que habita sobre el territorio que alguna vez ocupó la República de Venezuela; sobre el que nadie legítimamente ejerce la soberanía y donde confluyen fuerzas irregulares de distinto orden, naturaleza y nacionalidades, que conforman un “conglomerado criminal”, cuyo único propósito es sostener al régimen usurpador que de facto encabeza Nicolás Maduro Moros. ¿Es posible enfrentar política y racionalmente, con esperanzas de éxito, esta calamidad?
El no haber entendido a tiempo la verdadera naturaleza del régimen que ha cercenado nuestros espacios de libertad individual ha sido una de las principales falencias del proceder de la oposición venezolana. Si bien hemos demostrado ser un extenso y aguerrido cuerpo poblacional opositor, que desde el mismo inicio del régimen chavista ha permanecido –y sustancialmente crecido– de forma sólida e incólume en su convicción libertaria; sin embargo, confiamos la conducción política del único órgano institucional que nos quedaba, la Asamblea Nacional, a una dirigencia que reiteradamente erró en el diagnóstico del régimen que enfrentamos y, por consiguiente, se equivocó en la ejecución del tratamiento para su definitiva conclusión.
A pesar de no haber sido nunca democrático el régimen y mucho menos republicano; nuestra dirigencia opositora insistentemente recurrió, a lo largo de dos décadas, especialmente en los momentos críticos del país, a tratarlo como tal, utilizando fórmulas políticas convencionales (como mesas de diálogos, negociaciones nacionales e internacionalesy acuerdos pre-electorales) para erradicarlo, lo cual tuvo un efecto contrario al deseado: oxigenaron a la autocracia gobernante y le otorgaron tiempo para recuperarse en los instantes terminales que vivieron.
El tiempo dio la razón a la rebelde constancia opositora…
El 23 de enero del año 2019, Juan Guaidó, como presidente del Parlamento Nacional, decidió asumir públicamente y con fundamento en el artículo 233 constitucional la Presidencia temporal de la República de Venezuela; ello ante la evidencia de no existir para el 10 de enero de ese año un presidente válidamente electo. Todos los ciudadanos venezolanos con verdadera vocación democrática legitimamos ese acto y decidimos acompañar al diputado Guaidó –devenido en presidente interino por orden de la Constitución– en la ruta política por recuperar la democracia y restablecer la vigencia de la Constitución; lo cual tuvo su epicentro histórico en el “Estatuto para la Transición” (dictado por la AN el 5 de febrero), acto normativo este que fue dictado en ejecución directa de la Constitución y el cual representó la consagración jurídica, política y ciudadana del más importante itinerario para la democratización y reinstitucionalización que el país haya tenido en más de 20 años, consensuado por todo el universo de fuerzas opositoras para ese momento existentes y avalado por más de sesenta países de la comunidad internacional democrática.
Se perdió la ruta marcada…
Sin embargo, a pesar de lo enfático del mandato popular dado el 23 de enero, reflejado en las tres etapas progresivas que con meridiana claridad fueron previstas en el Estatuto para la Transición (1. la liberación del régimen dictatorial con el cese de los poderes de facto que ejerce Nicolás Maduro Moros; 2. La conformación de un gobierno provisional de unidad nacional; y, 3. El restablecimiento del Estado democrático con la celebración de elecciones libres; art. 7 del Estatuto); muy temprano el gobierno interino comenzó a ejecutar erráticas acciones que lo apartaron del objetivo inicial, ineludible para poder desencadenar el resto de las etapas liberadores del país: el cese de la usurpación.
Previendo el deterioro del gobierno interino como consecuencia de sus fallidas ejecutorias, algunas individualidades y organizaciones ciudadanas como Soy Venezuela, entre otras, le solicitaron al presidente Guaidó y al propio Parlamento que rectificaran la ruta y recuperaran la senda perdida, que fue establecida originalmente en el Estatuto para la Transición. Como pasos operativos para tal logro, se sugirió, primero, la creación de un Consejo Ejecutivo para el cese de la usurpación, integrado por miembros de la sociedad civil que trabajaran con él en el diseño de estrategias para lograr el cese de la usurpación; segundo, el avance en la concreción del TIAR; tercero, que se diera lugar al debate público de la autorización prevista en el artículo 187.11 constitucional en la Asamblea Nacional, tal como la mayoría de los venezolanos en ese momento lo exigían; y por último, el compromiso de descartar la participación en cualquier proceso electoral previo al cese de la usurpación del régimen autocrático, así como la definitiva conclusión del proceso de negociación iniciado en Noruega. Estas sugerencias fueron ignoradas.
Así, llegamos al inicio del último trimestre del segundo año de la Presidencia interina de Juan Guaidó, sin que se haya podido coordinar la ayuda internacional a nuestro pueblo de forma efectiva en lo humanitario y liberadora en lo político; desaprovechando importantes y claves oportunidades en que las naciones estuvieron dispuestas a colaborar en ese propósito, principalmente los gobiernos de los Estados vecinos de Colombia y Brasil; y, haciéndose cada vez más evidente, el marcado contraste del empeño demostrado, no solo por los gobiernos de la región sino por la Secretaría General de la OEA, en contraposición con las ejecutorias y frases emitidas por los personeros del gobierno interino, así como por sus representantes diplomáticos, especialmente el comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores, Julio Borges, y sus embajadores; haciendo lo que traslucía claramente, un notorio escepticismo en la eficacia de los instrumentos internacionales vigentes que fueron celebrados por nuestra república civil para facilitar la solución a graves conflictos como el que padecen actualmente los venezolanos.
A lo anterior se suma la patente omisión en que incurrió el interinato al no invocar el principio universal de la “Responsabilidad para Proteger” (R2P), contenido en la Resolución N° 60/1 del 24 de octubre de 2005 de la Asamblea General de la ONU; absteniéndose ostensiblemente en darle lugar al obligatorio trámite legal de la solicitud, tantas veces formulada por la Fracción Parlamentaria 16 de Julio, para que se abriera el debate mayoritariamente pedido por la población del artículo 187.11 constitucional, el cual prevé la autorización del empleo en el territorio nacional de una misión militar extranjera de paz y liberadora. Adicionalmente, no le dieron los funcionarios diplomáticos del interinato el impulso debido a la concreción de las medidas establecidas en el artículo 8 del tratado marco del TIAR, a pesar del importante triunfo logrado en el seno de la OEA, con la aprobación del reingreso de la Venezuela democrática a dicho tratado internacional.
Todo hace pensar que el gobierno interino y la directiva del Parlamento, a pesar de los discursos y retóricas dirigidos a los ciudadanos, nunca creyó que el mundo estaba dispuesto a darnos su apoyo. Ni lo creyeron, ni tuvieron la confianza en ello, y tampoco, siendo esto lo más decepcionante, construyeron las condiciones para que ese apoyo se hiciera realidad.
¿Cuál es el panorama actual?
Llegamos al último trimestre del año con graves declaraciones que desde la Cepal y la FAO se han hecho al mundo, alertando sobre la grave situación alimentaria y sanitaria que pesa sobre la población venezolana, la cual nos describe ante el mundo como el territorio con la mayor vulnerabilidad humanitaria de la región. Esto, sin embargo, no parece ser preocupación de la dirigencia del país, la cual en vez de centrarse en lograr el cese de la usurpación del criminal régimen de facto, único causante de esta deplorable situación, tercamente insiste en ejecutar acciones convencionales como consecuencia de su persistente errado diagnóstico.
Es imposible construir una solución efectiva partiendo de una falsa realidad sobre la naturaleza del régimen. Nadie arregla un problema sin identificar con certeza sus causas, su dimensión y su esencia. La terapia política que como pueblo democrático debemos ejecutar, requiere previamente hacer un análisis honesto de tales aspectos.
Pretender desmontar el régimen con una agenda electoral como la que aún se debate en sectores de la oposición, manteniendo falsos dilemas de “votar o no votar” como si estuviésemos aún en democracia, es darle la espalda a los millones de venezolanos que en este momento arriesgan su salud enfrentando la pandemia en la calle, para tratar de conseguir alimentos, medicinas y gasolina. Por otro lado, conformarnos con decir que “las elecciones parlamentarias” planteadas por el régimen “son fraudulentas” sin mencionar un plan de acción para consumar el cese de la usurpación es simplemente un ejercicio retórico que nada nuevo aporta. La ciudadanía espera a la par de claridad de su dirigencia, un proyecto creíble de acción política, enmarcado en la primera etapa del itinerario político del “Estatuto para la Transición”. Se hace urgente que la población opositora recupere la fe perdida y ello solo será posible si construimos un plan creíble, fácticamente posible, que nos permita desalojar al régimen.
La solución sigue siendo la misma que pregonamos en el pasado, pero su factibilidad es hoy, mucho más clara…
Conscientes de la necesidad de encontrar una vía institucional y ciudadana que nos acerque a la primera etapa de la ruta política liberadora contra el conglomerado criminal que nos azota, es necesario recurrir a una visión de fuerza institucional, comprendida esta por dos vértices a construir: uno nacional y otro internacional.
El primero, compuesto por la necesaria reunificación de la fuerza ciudadana, lo cual permitiría elevar el nivel de la conciencia política interna de los venezolanos, sobre la verdadera naturaleza del régimen y el rechazo activo y contundente a las formulas negociadoras y electorales que con 29 procesos electorales, 15 referendos y una docena de diálogos y negociaciones con la tiranía en 22 años, han demostrado de forma palmaria, que solo aportan oxígeno y tiempo al régimen chavista.
Partiendo de la idea de que solos no podemos completar esta lucha, pues enfrentamos a un conglomerado poseedor de armas letales y dispuesto a utilizarlas en nuestra contra; sin embargo, consideramos que es posible crear, con pocos recursos y una baja pero cualificada movilización social, individual y selectiva, utilizando los pocos medios tecnológicos que aun poseemos, incluso en medio de la pandemia que nos azota, un clima social proclive para que la ayuda internacional llegue sin resistencia ni rechazo de la población. Ello será posible construyendo políticamente un sencillo mensaje, socialmente contundente, con relación a lo que significa la ejecución de una operación internacional de fuerza con fines humanitarios y liberadores.
Si no hacemos esto, muy difícilmente otros decidirán apoyarnos. En pocas palabras, si bien solos no podemos, no podemos aspirar a un apoyo internacional si no hacemos en lo interno nuestro trabajo ciudadano.
Para ello es imprescindible, en lo nacional, ejercer una operación política ciudadana valiente y coherente, que se apoye en simples tareas civiles y políticas que parten de estos tiempos individuales: entender y analizar, para luego, debatir y verbalizar públicamente, hasta crear una sólida comprensión colectiva, sobre los siguientes aspectos: 1. Que actualmente no existe autoridad legítima que ejerza válidamente la soberanía sobre nuestro territorio y sobre nosotros como sus naturales pobladores. Maduro es presidente usurpador y sus ejecutorias son nulas. Por su parte, Guaidó, es presidente interino legítimo, pero no ejerce materialmente su cargo porque el régimen usurpador lo impide; 2. Que los canales institucionales que todo pueblo tiene para hacer valer su autodeterminación política han sido en Venezuela fraudulentamente cooptados por el régimen y puestos al servicio de actividades delictuales para su beneficio propio; y, 3. Que, nuestra República civil, en períodos anteriores a la vorágine chavista de 1999, suscribió válidamente tratados internacionales que se encuentran vigentes, que nos permiten solicitar y en consecuencia, activar como ciudadanos activos, la ayuda internacional para atender nuestra grave situación humanitaria y liberarnos del yugo que cercenó criminalmente nuestros derechos políticos.
Estas tareas son parte de un nuevo marco ético de acciones contundentes, hechas en el plano político estrictamente ciudadano, que se apartan de la actitud derrotista y cómplice del sector “electoralista” del país que, tanto en el chavismo como en parte de la oposición venezolana, solo encuentra en el hecho electoral una fórmula exclusiva de acercarse al venezolano.
Logrado este amplio consenso ciudadano sobre los anteriores aspectos, es cuando podemos aspirar a activar la segunda parte del mecanismo de liberación planteado, consistente en la fuerza internacional, conformada por la alianza de los Estados americanos, libres y soberanos, debidamente autorizados por el Consejo de Cancilleres dentro del marco TIAR, que una vez que reciban de forma indubitable la solicitud y el reclamo de asistencia de los venezolanos, exteriorizada a través de una diplomacia legítima, coherente y razonable, que, a diferencia de la actual, asuma con firmeza republicana, la noble tarea de recordarles a aquellos Estados aliados que forman parte del Derecho Internacional Público, lo establecido por las Naciones Unidas sobre la protección humanitaria de una población que ha quedado desamparada por la desaparición de su Estado nacional, como ocurre en Venezuela. Esa protección nace de un compromiso adquirido por la comunidad internacional, de atender la Responsabilidad de Proteger (R2P, Resol 60/01 de 2005, ONU), la cual actualmente emerge como una nueva doctrina política internacional de derechos humanos; necesaria para emprender la liberación política de Venezuela, mediante el uso del TIAR, concebido este como un redimensionado instrumento para concretar tales propósitos; dado que lo que ocurre y se gesta en Venezuela representa una situación delictual que pone en peligro la paz de América (artículo 6 del Tratado de Asistencia Recíproca, TIAR).
Hoy, la única propuesta seria, razonada, debidamente estudiada y analizada, nacional e internacionalmente, que demuestra consistencia no solo en el diagnóstico de la realidad, sino además, en las causas del drama actual venezolano, especialmente en sus soluciones prácticas, es la que ha sido formulada por la dirigente nacional de la organización política Vente Venezuela, María Corina Machado, llamada Operación para la Paz y la Estabilidad (OPE), que se halla contenida en un documento mayor dirigido a los actores internacionales democráticos y a todos los venezolanos, calificado por ella como Venezuela: el Desafío Inevitable de Occidente.
Este planteamiento no es un facsímil ni un catálogo tipo “récipe médico”, pues concretizarlo amerita razonarlo y debatirlo. La importancia de este documento, radica en haber podido diagnosticar con crudeza la esencia del régimen; y en segundo lugar, en señalar, de manera especial, los derroteros por donde debemos transitar para las posibles y efectivas salidas. En nosotros está, hermanos americanos, connacionales venezolanos, el poder construir la operatividad de ese planteamiento; pues sin lugar a dudas Venezuela hoy, mucho más que un desafío inevitable para Occidente; es también una razón de vida para los venezolanos.