Foto: EFE
La Misión de Determinación de los Hechos de Venezuela, un órgano que investiga la situación de los derechos humanos en nuestro país y que está adscrita al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, publicó hace unos días un informe sobre lo ocurrido en el país antes, durante y después de las elecciones del 28 de julio.
La investigación, realizada entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, logra documentar, con información obtenida de la voz de las víctimas y sus familiares, los casos de asesinatos, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y de género perpetrado por los cuerpos de seguridad del Estado, con apoyo de grupos de civiles armados y con la connivencia de los poderes públicos, que se “involucraron masivamente” para atacar, perseguir e intimidar a líderes de la oposición, activistas de derechos humanos, periodistas y a la población en general que cuestionó los supuestos resultados electorales emitidos por el CNE.
La jornada violenta por parte de quienes se aferran al poder, bien lo sabemos, se cobró la vida de 25 venezolanos y llevó a la cárcel a 158 niños y adolescentes, acusados de terrorismo. Además, logró expulsar del país o empujar a la clandestinidad, por medio de la persecución e intimidación, al ganador de las elecciones Edmundo González Urrutia, a líderes políticos, miembros de mesas y testigos electorales, a un rector del Consejo Nacional Electoral y muchos venezolanos. Lo ocurrido durante y después del 28 de julio lo certifica la Organización de las Naciones Unidas a través de este documento, fue un acto de fuerza, desplegado por el régimen, para tratar de contener a un pueblo que decidió por el cambio pacífico y democrático.
El informe divulgado por la Misión de Determinación de los Hechos se suma a otros documentos e investigaciones que han certificado en los espacios más legítimos de la diplomacia y la opinión pública internacional, lo que ha estado ocurriendo en nuestro país y que hemos denunciado los venezolanos, es un aporte al proceso de lograr justicia a las víctimas de la represión a través de la Corte Penal Internacional, como han señalado algunos especialistas, y es una contribución firme en nuestra lucha por recuperar la democracia en Venezuela.
A pesar de las dificultades y del desánimo que nos podría generar la lentitud con que avanza la aplicación de la justicia trasnacional, es necesario seguir documentando y denunciando lo que ocurre en nuestro país, acompañar a las víctimas de la violencia de Estado, no permitir la instalación del odio y desconfianza en las comunidades, reconstruir los lazos con nuestros vecinos y líderes populares, persistir en el relato de la verdad de lo que ocurrió aquellos días y no aceptar la imposición de una supuesta paz que el régimen nos quiere imponer con violencia, muerte, intimidación y persecución.
Las 185 páginas del informe de Determinación de los Hechos en Venezuela es un alerta para el mundo de lo que ocurre en nuestro país, es un paso más para lograr la justicia que reclamamos, es una advertencia para los poderosos que nos gobiernan de que la mayoría de los venezolanos no estamos dispuestos a pasar la página y aceptar, por vía de la violencia, a un gobierno que no elegimos. El 28 de julio votamos por el cambio y ese mandato popular sigue vigente y seguiremos trabajando hasta que se cumpla esta sentencia democrática.
Este ha sido y seguirá siendo nuestro compromiso.
Si quieres leer el informe, te dejamos el enlace al portal de la ONU para que puedas leerlo:
https://news.un.org/es/story/2024/10/1533526
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