Si creíamos que el daño más grande que nos había infligido este gobierno era la mutilación de nuestras familias, es porque aún no se había hecho evidente la burla y el negocio que pretenden hacer de la tragedia, el dolor y la separación física de quienes han tenido que huir de la crisis económica, política y social que mantiene inmerso a nuestro país en la peor de las catástrofes.
Se estima que en dos semanas comience a regir el nuevo impuesto al valor agregado a las transacciones en monedas distintas al bolívar. La alícuota que se debe cancelar por pagos en dólares, euros u otros podría ascender a 25%, medida con la que el oficialismo pretende adueñarse de las remesas que los más de 4 millones de venezolanos envían a sus familias para que puedan alimentarse. Después de Siria, somos el segundo grupo de poblaciones desplazadas más grandes del mundo y se estima que para finales de 2020 el número alcance los 5,6 millones.
No conformes con que no hay bolívares en el mercado y la inflación ahora es en dólares, quienes están en Miraflores se empeñan en meterle la mano en los bolsillos a quienes hagan sus compras con los pocos verdes que obtengan por vía de un familiar, alguna maraña o los ahorros de toda la vida. Según algunos economistas, al cierre de 2019 la entrada de remesas al país llegó a los 3.400 millones de dólares, mientras que para diciembre de este año podría ubicarse entre 4.500 y 7.000 millones de dólares. No hay duda, el éxodo venezolano se ha convertido en un negocio redondo para el oficialismo, aunque eso signifique pasar por encima de las lágrimas, la soledad, la explotación laboral y la xenofobia de las que es víctima nuestra gente en el extranjero.
¿Sabrá Nicolás Maduro y su grupito del titánico esfuerzo que se esconde detrás de cada dólar que recibe una familia en Venezuela de parte de quienes viven en el exterior? Sí lo saben, pero no les importa. Para que un migrante pueda enviarle a su gente entre 100 y 150 dólares al mes debe desprenderse del 25% de su salario mensual, monto que cada vez se hace más insuficiente ante la voraz hiperinflación.
El mayor grupo de venezolanos desplazados se concentra en Colombia, con 1,3 millones. Allí el salario mínimo promedio es de 266 dólares. Partiendo de la premisa de que ese venezolano esté legal, le paguen lo básico como a cualquier colombiano y le envíe 100 dólares a su familia en Venezuela, este tiene que hacer malabares para sobrevivir con 166 dólares mensuales para pagar alquiler, comida, servicios y transporte. ¡Y Dios lo libre de que le salga alguna emergencia!
La misma historia se repite con los connacionales en cada país que los alberga. Cada día la lucha por sobrevivir es más fuerte para quienes se fueron y para quienes quedamos aquí. Según estimaciones de Ecoanalítica, el costo de la vida dentro de nuestras fronteras ascendió de 110 a 750 dólares al mes para gastos básicos, dura realidad ante la que el gobierno de Maduro se hace la vista gorda y solo se ocupa de ver cómo hace para arrebatarnos los pocos churupitos que tenemos. Ojalá nunca se les olvide que arriba hay un Dios que mira hacia abajo.
@gladyssocorro