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La empresa colombo-venezolana Monómeros sigue siendo asunto llamativo para los partidos políticos opositores, para la Asamblea Nacional y, muy especialmente, para Juan Guaidó, como presidente de esta última y encargado de la nación. Esa empresa es nuestra Pandora, no de papel precisamente. Desde que afloraron las valientes denuncias de algunos diputados de la fracción 16 de Julio, como José Luis Pirela y Luis Barragán, así como las más recientes de Humberto Calderón Berti, el problema de la corrupción allí tomó otro cariz. Un cariz que empasticha, por decir lo menos, a los partidos del llamado G4, los que, a pesar de todo el cuestionamiento acerca de su accionar, siguen pataleando para permanecer cerca de la empresa o en parte de su conducción.
Lo más reciente fue la aprobación de una comisión investigadora de los hechos. Comisión integrada desde la propia Asamblea Nacional por Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y un diputado por los partidos minoritarios. Esperan que en 10 días después de su nombramiento entreguen el informe. Juan Guaidó opta por una restructuración de la empresa, lo que luce ampliamente conveniente de cara a las exigencias colombianas para buscar estabilizarla, ya que se cierne sobre ella la amenaza de ese mismo país de quedarse con el manejo de la misma si no se endereza su accionar, por considerarla de interés estratégico-alimentario para Colombia, como de hecho lo es. Hasta allí todo iba muy bien.
Pero… Surge el comunicado refrendado por las parcelas parlamentarias de AD, PJ y UNT, señalando que apoyaron la comisión; no así la restructuración. No quieren endosarle a Guaidó la responsabilidad restructuradora y, ellos, quienes son los primeros señalados en el turbio proceso de Monómeros, hablan de transparencia y rendición de cuentas. La reestructuración luce como la acción adecuada. Desde luego no en manos de una persona el control, ni de un partido. La colocación de un fideicomiso protector luce también como idea sensata y protectora. Habrá que esperar el resultado de la comisión investigadora tanto como las posibles decisiones hacia la reestructuración y la colocaciones. Sin embargo, no es ese el producto mayor de los impases causados por Monómeros.
El final del comunicado del grupito de los 3, sin Voluntad Popular, que sería el G4, señala que en enero termina la extensión constitucional del mandato de la Asamblea. Es esto lo más preocupante del asunto espinoso de la Pandora colombiano-venezolana. La amenaza de dejar a Guaidó y a la Asamblea Nacional sin asidero poíitico-juridico para el venidero año. Lo que equivale a plantear la entrega de la oposición en su máxima representación como producto de la última elección válida: la de 2015. De ocurrir de este modo, la oposición, desarticulada ya de por sí, queda a la más completa deriva. Sin asidero alguno ni tribuna pública para enfrentar al régimen. Viniendo la amenaza desde AD, UNT y PJ se entiende que habla el poder desde la acera de enfrente, con alacranes y todo.
No es el 21 de noviembre la fecha más decisoria de la escabrosa política venezolana por venir, sino el 4 de enero. Cuando la oposición real tenga que volverse a enfrentar al régimen y a la oposición disfrazada a un tiempo para el sostenimiento de la lucha contra el poderoso tirano y sus acólitos amelcochados. Falta mucho por ver en este corto trecho para el final de año. Queda vislumbrar las posibilidades de los enfrentamientos rudos de verdad.