El 20 de septiembre el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas dio a conocer el informe Misión ONU de Determinación de los Hechos de Venezuela, una investigación que busca aclarar las denuncias sobre presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas en Venezuela desde el año 2014. El informe responde a una solicitud presentada por un grupo de países ante la Organización de las Naciones Unidas y se suma a otros casos que llevan organismos internacionales como la Corte Interamericana de Justicia y la Corte Penal Internacional.
Lo presentado es el cuarto documento de una investigación que se inició en 2019 y que se extenderá hasta 2024 por mandato de la ONU, un trabajo que cuenta con el apoyo de ONG venezolanas, periodistas, activistas de derechos humanos y organizaciones comunitarias, abocadas al estudio de la situación de los derechos humanos y a la descripción del complejo sistema represivo que se ha instalado en Venezuela.
En el informe, entre otras muchas cosas, los expertos documentaron 58 detenciones arbitrarias entre enero de 2020 y agosto de 2023, 5 personas ajusticiadas, 14 desapariciones forzadas, 28 casos de torturas y 19 de violencia sexual. Las víctimas fueron en su mayoría defensores de derechos humanos, ONG, periodistas, profesores, sindicalistas y todas aquellas personas que criticaron al gobierno. La investigación advierte que la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), organización de la Policía Nacional Bolivariana que ha sido señalada por violación de los derechos humanos en Venezuela, sigue activa pero con el nombre de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), es decir, un mero cambio cosmético de cara a la opinión pública. Las inhabilitaciones políticas, las restricciones al espacio cívico y democrático son otras de las características de un sistema que, como señaló Francisco Cox, experto de la Misión, conforman en conjunto mecanismos, “duros” y “blandos” de “un aparato represivo del Estado usado con distintos niveles de intensidad, dependiendo de la naturaleza y la fortaleza de la disidencia social”, evidencia de “la capacidad adaptación del Estado para sofocar la crítica”.
Como ya nos tienen acostumbrados, tras la presentación del informe en la sede de la ONU en La Haya, los funcionarios diplomáticos del Estado venezolano recurrieron a los manoseados argumentos sobre la deficiencia metodológica en la investigación, la existencia de una conspiración mediática en contra de la revolución bolivariana, la denuncia del uso del tema de los derechos humanos como arma arrojadiza en la geopolítica internacional y la nula probidad de las ONG y organizaciones de la sociedad civil venezolanas que colaboraron en el estudio y que están siendo financiadas por potencias extranjeras que aspiran aislar a Venezuela y ensuciar el proyecto revolucionario.
Más allá de estos alaridos ideológicos con que pretenden minimizar los alcances de la investigación, lo cierto es que para la mayoría de los venezolanos y para buena parte de naciones democráticas que están representadas en la ONU, el Estado venezolano ha mantenido una política sistemática de control de la población a través de la supresión de las libertades políticas, el secuestro de las instituciones y el ejercicio sistemático de la violencia como una estrategia para tratar de neutralizar a sus adversarios políticos, controlar las protestas y contener la vocación de cambio democrático que sobrevive en el país.
En Venezuela no hay libertades políticas, no se respetan los derechos humanos y la justicia es una herramienta del sistema de control. Esta es una verdad ineludible conocida por todo el mundo, aunque no todos se atrevan a reconocerlo y aunque los poderosos que nos gobiernan se empeñen en negarlo.
En medio de este complejo panorama, el informe de la Misión ONU de Determinación de los Hechos de Venezuela es un documento necesario que permite identificar los engranajes de este sistema represivo, las instituciones y funcionarios responsables de la violencia de Estado, nos ayuda a buscar estrategias para acompañar a las víctimas y apoyar a sus familiares y es una herramienta necesaria para la búsqueda de la justicia fuera de nuestras fronteras, mientras trabajamos por la recuperación de la democracia en el país.
El informe también nos recuerda que quienes creemos en la democracia debemos seguir organizándonos, trabajando de manera coordinada, en las calles, junto a los gremios, comunidades y liderazgos populares, activistas de derechos humanos, ONG y periodistas. Sólo si seguimos juntos aumentaremos las posibilidades de defendernos frente a un sistema que aspira a suprimir nuestros derechos, sólo un esfuerzo de verdadera unidad de todos los demócratas nos permitirá seguir conociendo y denunciando lo que ocurre en Venezuela, un paso necesario para la justicia, un eslabón más en el complejo proceso de recuperar, de manera pacífica, la democracia en Venezuela.
Este ha sido y seguirá siendo nuestro compromiso.
Si quieres leer el informe: