Un editorial del domingo pasado me obliga a ocuparme, una vez más, del tema del Esequibo. El autor de esas líneas comienza por referirse a los “logros” (en plural) y los tropiezos de quienes, en la época de los gobiernos civiles, tuvieron la responsabilidad de representar a Venezuela en esa reclamación, para compararlos con la nefasta política del régimen que surgió en 1999. El editorialista critica, con razón, la visita que hizo Chávez a Georgetown en 2004, restándole importancia a la disputa fronteriza, y afirmando que Venezuela no sería un obstáculo para cualquier proyecto que beneficiara a los habitantes de la región; asimismo, recuerda que el asunto del Esequibo fue eliminado de la agenda de negociaciones entre ambos países, y que se creó Petrocaribe, para promover la figura de un líder mesiánico, y no para ser la palanca que ayudara a destrabar las negociaciones por el territorio en disputa. A partir de esas consideraciones, se culpa al chavismo de que el caso haya llegado a la Corte Internacional de Justicia, la cual va a decidirlo con “sus conocidas limitaciones y parcializaciones”.
No se ajusta a la realidad insinuar que, antes de la llegada del chavismo, la solución de la controversia del Esequibo se encontraba bien encaminada. De hecho, desde 1962, el único logro de la diplomacia venezolana fue la suscripción del Acuerdo de Ginebra, que supuso un reconocimiento de que había un asunto fronterizo pendiente, y que puso en tela de juicio la validez del laudo de París. Después de ese éxito diplomático indiscutible, quienes representaron a Venezuela no lograron recuperar ni un centímetro del territorio en disputa.
A la incapacidad y frustración de quienes, en esa fase, tuvieron la responsabilidad de defender los derechos de Venezuela, le siguió, sin duda, la negligencia e indiferencia de quienes tomaron el testigo. Es cierto que, además de las torpezas que menciona el editorialista, en estos últimos 22 años, se han cometido muchas otras, que lindan con la lesa patria, y que no han ayudado a la causa venezolana. Los autores de esos actos tendrán que asumir su responsabilidad política y, quizás, también la penal. Pero sostener que este caso llegó a la CIJ por culpa del chavismo o del madurismo, y que han sido estos los que han “conducido de manera fatal a la actual situación”, es un despropósito.
Este caso llegó a la Corte porque, entre 1982 y 2018, los buenos oficios no produjeron ningún resultado práctico; no hubo nada que indicara que las partes habían aproximado sus posiciones y, en ejercicio de las atribuciones que le confería el artículo IV.2 del Acuerdo de Ginebra, el secretario general de la ONU decidió que el próximo medio de solución a emplear sería el arreglo judicial. Sugerir que, en algún momento, las negociaciones para resolver la controversia estuvieron bien encaminadas, es ser demasiado económico con la verdad, o es estar viviendo en una realidad paralela.
El autor de ese editorial alerta a la oposición democrática de que no caiga en la trampa de “un régimen oprobioso y manipulador” que, junto con “sus cómplices”, llama a la unidad nacional en torno al tema del Esequibo. No voy entrar a debatir quién es el manipulador, o cuál es el propósito que debería ocuparnos en este momento. Pero, al ser leales con el Estado, no estamos dando un voto de confianza a los que mandan. Además, cuando está en juego el interés nacional, por muy perverso y oprobioso que pueda ser el régimen, no parece sensato dejar que ese régimen se vaya por un barranco, arrastrándonos a todos. No nos equivoquemos. Esta situación no es comparable a la guerra de Las Malvinas, cuya derrota permitió a los argentinos desprenderse de una dictadura sedienta de sangre.
En tres puntos, el editorialista indica la receta que hay que seguir: 1) Denunciar lo que hicieron Chávez y sus seguidores, y denunciar la ilegitimidad del régimen. ¿Será que, después de 22 años, ésta es la primera vez que a alguien se le ocurre algo semejante? Pero con eso no vamos a recuperar el Esequibo. Ese argumento carece de valor ante la CIJ, y no será escuchado por el Caricom, el Movimiento de Países No Alineados, Cuba, o la Exxon. Si no queremos estrellarnos, será mejor prestar atención a las curvas en el camino, y no estar mirando por el retrovisor. 2) “Ratificar el compromiso venezolano de reparar la pérdida territorial sufrida”, mediante un eventual arreglo entre las partes. Como si, desde 1962, todos los gobiernos venezolanos, excepto Chávez, nunca hubieran procurado alcanzar ese arreglo; como si, ahora, el mismo Maduro no hubiera ofrecido dialogar; como si, sorpresivamente, los guyaneses estuvieran dispuestos a negociar, de buena fe, lo que -en sus cincuenta y cinco años de vida independiente- se han negado sistemáticamente a negociar. Y 3) Sostener el principio anterior, aunque “las circunstancias” y la CIJ nos inflijan una severa derrota. Olvidando que se necesitan dos para bailar tango, el editorialista insiste en que hay que perseverar en un medio de solución que es rechazado por Guyana; esto es, negociar, aunque “la naturaleza se oponga”, y aunque, como consecuencia de nuestra tozudez y de una estrategia equivocada, la Corte Internacional de Justicia termine dictando una sentencia adversa, que será obligatoria, y que le causaría un daño irreparable a la reclamación venezolana.
Sorprende que, desde la tribuna de un periódico con la trayectoria y el prestigio de El Nacional, irresponsablemente, sin aportar ninguna evidencia que respalde sus aseveraciones, se aluda a unas supuestas “limitaciones y parcializaciones” de la Corte Internacional de Justicia, y que, con absoluta ligereza, se afirme que el haber llegado allí es “un grave paso atrás”. No es correcto descalificar a un Tribunal que no ha dado ninguna razón para sospechar de su rectitud e imparcialidad, dando por sentado que ya hay un veredicto “cocinado”, y preparando a la población para una reacción chauvinista, si las cosas no salen como queremos.
Después de una controversia que ya tiene 180 años, con el territorio en disputa en posesión de la contraparte y explotando sus recursos naturales, no me parece que el haber llegado a la CIJ sea “un grave paso atrás”. Muy por el contrario, creo que es una oportunidad para que Venezuela pueda hacer oír sus argumentos, en un tribunal independiente e imparcial, y que, de una vez, se resuelva esta controversia. Cuando en Guyana hay sectores que comienzan a arrepentirse de esta demanda, aquí se siembra el desaliento. No hay razones para que nosotros veamos el proceso ante la CIJ como una amenaza. ¡Es una oportunidad, y hay que saber aprovecharla!
Aún no hay un plazo para presentar memorias y contramemorias. Pero, ya sea que se decida comparecer o no comparecer ante la Corte, el tiempo está corriendo, y la Cancillería venezolana ya debería estar trabajando en sus alegatos, no con abogados penalistas o con abogados de bufetes, sino con los mejores académicos de Derecho Internacional de las mejores universidades europeas y estadounidenses, como se acostumbra a hacer en los procesos ante la CIJ. Eso es lo que ahora está por delante.