América Latina carece de una única política migratoria, aunque es simultáneamente área de tránsito, origen y destino de movimientos humanos. La falta de coordinación y cooperación intergubernamental y los bajos niveles de integración regional siguen ahí. Pese a los esfuerzos, los logros son escasos y la región tampoco habla con una sola voz.
Entre las experiencias resaltan la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), desde 1996, o las veintiuna ediciones de la Conferencia Sudamericana de Migraciones (CSM). Hace poco, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador impulsó el “Encuentro por una vecindad fraterna y con bienestar”, con escasos resultados.
Cada país busca respuestas individuales, más coyunturales que estratégicas. Por eso, era más fácil, sigue siéndolo, ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. En 2008, cuando el Parlamento Europeo aprobó la “Directiva del Retorno”, ante el temor de que ocho millones de migrantes irregulares fueran devueltos a su lugar de origen, algunos presidentes latinoamericanos reaccionaron bruscamente.
Cristina Fernández reprochó a la UE sus “leyes y conductas sancionadoras”, recordando que Argentina “fue un país receptor de inmigración”, con un trato exquisito al europeo. Olvidaba algunas medidas represivas, como la Ley de Residencia (1902), que permitía expulsar a extranjeros indeseables y peligrosos. Hugo Chávez afirmó que “la Europa civilizada ha abierto y legalizado la barbarie” y que no exportaría petróleo a los países que aplicaran la Directiva.
La respuesta no tenía en cuenta que entonces vivían en Europa pocos venezolanos. Hoy, han abandonado Venezuela entre 7.700.000 y 8.500.000 personas. Casi 85% fue a otros países de la región, como Colombia (44,04%), Perú (23,55%), Brasil (7,80%), Ecuador (7,34%) y Chile (6,80%). 5% a Estados Unidos y Canadá, mientras buena parte del resto se instaló en Europa, principalmente España.
Éste no es el único problema migratorio latinoamericano. En el Tapón del Darién, zona selvática e intransitable en la frontera colombo – panameña, cientos de miles de personas pugnan por mantener vivo el “sueño americano”. En 2021 cruzaron el Darién más de 130.000 migrantes, principalmente haitianos y cubanos, en 2022 la cifra se duplicó (250.000), con mayor presencia ecuatoriana y venezolana, y en 2023 volvió a doblarse, con más de 500.000 personas.
La presencia de africanos subsaharianos e incluso de asiáticos ha globalizado un problema hasta ahora regional, hemisférico si se quiere, que afecta directamente a Estados Unidos. Hoy la migración está en el centro del debate político, como muestra su utilización por el Partido Republicano.
El lavado de manos es la respuesta preferida de algunos presidentes. El colombiano Gustavo Petro elevó el listón insolidario al decir que no era un problema propio, sino ajeno, básicamente de Estados Unidos.
Su respuesta es más sangrante si se recuerda que administraciones anteriores acogieron a millones de venezolanos. Según Petro, si miles de migrantes intentan cruzar el Darién es por “medidas contra [los] pueblos latinoamericanos mal tomadas”, en especial por Estados Unidos y sus sanciones contra Venezuela. Por eso rechazó enviar “caballos y látigos” a la frontera o solucionar un problema que Colombia no provocó.
Cientos de miles de personas, masivamente latinoamericanos, intentan un viaje peligroso, arriesgando vidas y haciendas, a merced del crimen organizado y los narcotraficantes. Su negocio incluye el tráfico de personas y la extorsión, muy comunes en una frontera donde el estado prácticamente no existe. Si bien la sinergia entre narcotráfico, migración e inseguridad es intensa, sigue sin generar respuestas regionales.
En Estados Unidos y la UE la migración incontrolada incrementó el nacionalismo y la xenofobia. Esto no ocurre aún en América Latina, salvo casos minoritarios (Chile y Perú). Durante mucho tiempo, la mayoría de sus migrantes atravesaban países vecinos, sin generar problemas de convivencia, dadas las similitudes étnicas, culturales y sociales transfronterizas. Sin embargo, las cosas se han complicado al conocer la región movimientos migratorios de alcance y profundidad desconocidas, alterando el discurso tradicional de hospitalidad y solidaridad.
Para el informe “Riesgo político América Latina, 2024”, el aumento de las migraciones es el quinto mayor peligro regional. La creciente presión migratoria sobre los servicios públicos (salud, educación, vivienda o transporte) en los países de acogida repercute en la calidad de la democracia.
Esto obliga a los gobiernos a gestionar la diversidad y asegurar la cohesión social y la seguridad, en un contexto donde los flujos migratorios se vinculan el crimen organizado, cada vez más transnacionalizado.
Si no se quiere que emerjan respuestas escoradas a los extremos habrá que reforzar la colaboración y la cooperación intergubernamental, abandonando la retórica tradicional en aras de políticas regionales más coordinadas.
Artículo publicado en el diario Clarín de Argentina