OPINIÓN

¡Mientras hay vida, hay esperanza!                                                                        

por Luis González Del Castillo Luis González Del Castillo

El mensaje de la tiranía es tan maligno como efectivo: domaremos la rebelde esperanza que se niega testarudamente a renunciar a la libertad. Es lamentable que no pocos analistas desprevenidos, y me refiero al análisis de los verdaderos intereses y actores, pierdan de vista lo esencial de lo que realmente está en juego: ¿cómo hará el mundo la inexorable transición hacia una mayor democracia universal? ¿O será que aceptaremos la supremacía oriental y transnacional por encima de la soberanía de las naciones? Las libertades para la vida en sociedades dignas, con competencia real desde la cooperación internacional para mejorar nuestros niveles de calidad de vida, sin hacer concesiones a la esclavitud y el tráfico humano, es lo que realmente ha entrado en disputa a nivel global.

El valor del voto de cada ciudadano no está en discusión entre quienes defendemos la democracia. Tampoco la no violencia, dentro de las reglas de la lucha y del debate entre hombres justos que entendemos, y atendemos, como al mejor sistema político aquel que dirime sus diferencias insalvables por medios políticos; o a través de los tribunales de justicia independientes, cuando aquellos no funcionan. Aceptándolo como el menos imperfecto de los sistemas, o el menos malo, como lo califican sus menos entusiastas, la democracia no se defiende desde la acera de los acomodaticios y timoratos que se bambolean con el viento de sus pusilánimes intereses de mantener una curul, o los intereses crematísticos de sus apetencias. eso es intrascendencia pura y dura.

Sea desde un sistema federal descentralizado, con un colegio electoral de por medio como representación por cada estado regional, como el de Estados Unidos, o en uno más centralizado, de representación también con parlamentarios regionales, pero donde el voto universal para elegir al Poder Ejecutivo central se haga con base en la sumatoria del total de votos de los electores del país, como fue alguna vez en Venezuela, en ningún caso se puede permitir que se avance en la entronización de un sistema de dominación de la ciudadanía, a través de la represión de la voz de su disidencia, como es el caso venezolano, el de China, Rusia o Cuba, donde el monopartidismo vuelve una ficción las votaciones para escoger lo que el poder ya ha determinado.

La discusión muy importante que hay que dar, y que se debe reflejar hacia adentro de nuestros países, es sobre los indispensables cambios necesarios para garantizar que cada sistema de selección democrática, del Congreso y de los sucesivos presidentes, no estén sometidos a la contaminación e intervención invasiva, y abusiva, desde mafias políticas internas, o de otros países e intereses distintos a los de cada pueblo. Los grandes operadores de medios digitales o comunicacionales que ejecuten la deliberada supresión de la realidad, con sus constantes propagandas de desinformación, deberán ser evaluados por la propia ciudadania y por los sistemas de justicia, a los que se les deban hacer llegar oportunas pruebas conspirativas al respecto. No cerrándoles. No mediante hostigadores, ni amenazante violencia, ni mediante sanciones venidas del Poder Ejecutivo en su contra; sino desde la acera de la justicia y de la libertad: los tribunales y la gente.

Con estupor he visto como, seguramente les pase a ustedes también, hemos asistido al manejo de las acusaciones falsas, manipulación y el engaño desde diferentes frentes de batalla entre aspirantes. Los que exculpan por ello de responsabilidad a sus preferidos y condenan a sus adversarios convirtiéndolos en enemigos, solo son más fuego para la hoguera de la insensatez y la barbarie. Todo aquel que pretenda hacer un juicio sumario a un presidente de un país democrático, como es en este caso de Estados Unidos y del presidente Donald Trump, para justificarse a sí mismos como grandes demócratas o intelectuales, solo dejan ver sus costuras bajo pasiones de lo que no buscan investigar, no entienden, o no quieren aceptar que en un sistema democrático son los tribunales los que deben resolver conflictos de tal naturaleza. Apoyan por un lado la supresión de la libertad de expresión, juzgando y sentenciando que sus mensajes son dañinos a la paz y a la democracia americana, y por tanto debe ser acallado. Nosotros pensamos y apoyamos dos cosas que son sencillamente irrebatibles:

a) ¿Quién les dio ese poder de ser juez y parte en tal juicio sumario? Cuando se sabe de sus intereses y tendencias contrapuestas al presidente Trump, que todo el mundo reconoce, pues entonces la inhibición en ese y en todos los casos donde hay intereses contrapuestos es lo que toca. Un prestador de servicios de información no debe ser juez, debe ser investigador y presentador de presunciones, sospechas y hasta de evidencias de algo donde estén en juego intereses colectivos y no sus propios intereses individuales.

b) El bien común es la libertad. La transgresión in fraganti del mal uso de un medio por parte de un político, bajo responsabilidades públicas o no, en un momento determinado, debe ser atendida como de necesaria consulta y tramitación ante la autoridad judicial competente. Por ello nuestra respuesta es que a Trump no se le podía, ise le puede sencillamente denegar a capricho el servicio de Twitter ni de Facebook1 Ello sí compromete a la democracia.  A la igualdad y el derecho a la no discriminación basada en creencias y/o pensamientos.

Donde la protesta sea legítimamente ejercida sin violencia, sin llamado expresos a la violencia o convocar manifestaciones sin expresamente promover actos vandálicos, no puede ser acallada en democracia. El prestador de tal servicio no es juez, ni tampoco censor que protege al pueblo de el mismo, porque el pueblo no es un tonto y como no sabe lo que hace, o lo que quiere, hay que tratarlo como un niño y salvarlo de sí mismo. El líder incluso que encabezara una cruzada de lucha contra la tiranía y que expresamente liderara  él como autoridad, es responsable de lo que hace, pero solo deberá ser juzgado legítimamente por  tribunales del sistema democrático que pueda ser instaurado en su momento, con una investigación de los hechos y el papel del líder.

La transparencia de una elección tiene que ser uno de los objetivos primarios de la misma. Su protección frente a intereses que se pueden permitir intromisiones inaceptables, de políticos mafiosos, poderes económicos y/o militares transnacionales, o grupos conspirativos que pretendan obtener o mantener mayores beneficios del control que se permitan al subyugar la soberanía de una nación mediante la trampa electoral. El caso Venezuela es triste ejemplo de ello. Esto, y no estamos hablando de un delirio como algunos analistas ensayan descartar, podría haber alcanzado ya  a importantes países occidentales. Si así seguimos podrían caer, aparte de los que ya han caído como Bolivia, bajo creciente estado de control de la influencia china y de mafias internacionales de la droga y del lavado de capitales, países tan importantes para Venezuela y su futuro como Colombia, Ecuador y Perú, amen del gigante del Sur Brasil.