El voto augura una transición en Venezuela, posibilidad que causa fuertes emociones.
Una sentencia exprés de Sala Electoral del TSJ, emitida tras admitir un Recurso Contencioso Administrativo Electoral de un “aspirante a participar en el proceso de primarias”, acentúa las costuras del quehacer jurídico que, por atípico, evidencia que el tema es político; no obstante, se le quiera revestir de debate legal y constitucional.
Si se habrían violado los artículos 213 y 214 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y 179 al 192 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, para anular el proceso electoral de la Comisión Nacional de Primaria, obvio, el tema no es legal ni constitucional, lo político resalta como corolario de un caudal electoral insólito.
Una cosa era “admitir” la realización de la primaria, lo que podía tener un costo “bajo” para el régimen. Diferente, en extremo riesgoso, es aceptar que “el ciudadano haya rescatado el voto como medio para lograr un cambio político por la vía pacífica”, lo cual sería un hecho irreversible, génesis del yerro, en sumo grado, de la Sala Electoral.
Al dictarse una decisión política que pretende dejar sin efectos a las primarias, sobre la base de la inhabilitación, estaríamos ante un “adefesio”, “un error jurídico garrafal”, “muestra del legalismo autocrático, que no genera efecto jurídico alguno”. Sencillo, se decidió un tema de fondo sin pruebas, las pruebas se solicitan a posteriori.
Asimismo, esa decisión política sugiere un «esquema de preconstitución de pruebas” contra electores y candidatos de oposición, que tornaría en tendenciosa e incriminatoria la petición de la Sala Electoral y apunta a un escenario complejo para “tirios y troyanos”, pues, no bastaría “anular” la primaria, sería urgente criminalizarla. Particularmente, ello implicaría para el gobierno restarse posibilidades en la Corte Penal Internacional.
Con “la suspensión de los efectos de un terremoto político”, adquiere relevancia, en cuanto expresión del soberano, un factor con potencial para disparar o detonar un “proceso de transición”, el ejercicio del voto. Factor que el 22O tomó por sorpresa tanto a “tirios” como a “troyanos”, y que determinará, por ejemplo, la estrategia electoral de ambos bandos en un entorno igual de adverso para estos oponentes.
Se descarta que el gobierno venezolano haya ponderado, como corresponde, una medida con la que, de entrada, a) atentaría de nuevo contra los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, a pesar de haber firmado un acuerdo sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales, b) consolida su posicionamiento en un segmento de los crímenes de lesa humanidad, y, de paso, c) no suspende el impacto político de las #Primarias2023, al contrario, lo profundiza.
Sin duda, el tema es político, ya que el oficialismo pretendería sepultar la posibilidad de una transición y la oposición, mejor dicho, la sociedad venezolana lucha por convertir el voto en el instrumento para alcanzar la democracia. En efecto, el voto, palpable en el caudal electoral desbordado el 22-O, puede activar o poner en marcha una transición, según análisis comparados de prestigiosos catedráticos e instituciones respetables que abordaré en próximas entregas.
En términos coloquiales, esa lluvia de votos, repentina y vigorosa, precipitada en un gran acto de civismo y equiparada a un plebiscito, marca una tendencia al escenario donde se da la posibilidad de una transición, dada la presión generada por esta votación sobre el gobierno. Esto podría llevarlos, a regañadientes, a cooperar y permitir elecciones presidenciales en 2024, aunque bajo condiciones desfavorables para el oficialismo. Sin embargo, también existe la posibilidad de que recurran a una confrontación bélica con Guyana para evitar estas elecciones.
A esta hora, el oficialismo, a causa del “pánico a la ciudadanía” o “la pesada sombra del rechazo popular”, derivados de la votación abrumadora en un proceso calificado de insignificante, enfrenta dilemas característicos en escenarios de transición, por ejemplo, acentuar “la intimidación, la persecución”, evidentes en la sentencia aludida, cooperar o guerrear con Guyana.
Estos dilemas, latentes en huidas hacia adelante y síntomas claros de una posible transición, son el resultado de los altos costos de represión que enfrenta el gobierno, especialmente ante las inaplazables audiencias públicas de la Sala de Apelaciones de la CPI. Es un hecho que la oposición no lo tiene fácil. Sin embargo, dada la legitimidad que otorgó el número de votantes o la votación en las primarias, el régimen ahora enfrenta circunstancias de mayor complejidad.
En conclusión, la situación política en Venezuela es tensa y compleja, presenta una serie de desafíos y dilemas tanto para el oficialismo como para la oposición. La posibilidad de una transición se presenta en un escenario complicado, en el que la participación ciudadana y el ejercicio del voto pueden abrir paso a una nueva etapa en la historia del país.
@jolcesal