“A los verdugos se les reconoce siempre. Tienen cara de miedo.”
Jean Paul Sartre
Esa fue la cara que vio en días recientes el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, en su visita a Nicolás Maduro. Es la cara de quien ya sabe que su destino fue sellado, y que la historia le tiene reservado un puesto en el vertedero pestilente al que van todos los que se dejan dominar por el lucro doloso, la mezquindad y la perversidad.
Khan llegó a Venezuela con el propósito de avanzar en la investigación que anunció el 3 de noviembre de 2021, cuando, sentado al lado de ese estrafalario autócrata en el Palacio de Miraflores, no titubeó en notificarle allí que existen pruebas suficientes que presumen se cometieron crímenes de lesa humanidad por parte de altos funcionarios venezolanos, afirmación que dejó claramente establecida en un memorándum de entendimiento que le confirió al autócrata el deshonroso privilegio de convertir a Venezuela en el primer país de América Latina en el que la CPI abre una investigación.
Posteriormente, el 31 de marzo de 2022, el fiscal Khan anunció las conclusiones de su visita de tres días a Caracas, afirmando que “se dieron pasos significativos para profundizar la cooperación y acelerar su trabajo independiente en relación con la situación en Venezuela tras la decisión de abrir una investigación en noviembre de 2021”. Le dio otra vuelta a la tuerca, y hace más intensa la presión sobre el gobierno.
Entre otros puntos de agenda, estuvo la apertura de una oficina de la Fiscalía de la CPI en Caracas, lo que significa que el gobierno estará en permanente observación, aun cuando otros opinan que es una gran oportunidad que tendrán de seguir ganando tiempo, pues sabemos de sus retorcidas habilidades para evadir o sortear cualquier amenaza contra su cuestionada gestión. Ya veremos lo que sucede, pero por lo que puede verse a simple vista, el fiscal Khan es consciente de que a él le espera la trascendencia, y está convirtiendo el caso de Venezuela en un ejemplo de la dirección que debe seguirse para poner en cintura a los autócratas.
Por su parte, Maduro señaló, fingiendo tranquilidad para esconder su cara de verdugo, que con la apertura de esta oficina se podrá tener un «nivel de diálogo efectivo, en tiempo real, más eficiente y un nivel de asistencia técnica que permita que el memorando de entendimiento de noviembre siga su curso».
Conociendo a los personajes que hoy usurpan el poder en Venezuela, quizás piensan que se saldrán con la suya por su dañina costumbre de querer sobornar a la gente e infringir las leyes para beneficiarse, pero a estas alturas deberían tener más que claro que así no funcionan las instituciones serias e íntegras como la Corte Penal, y menos tratándose de violaciones de derechos humanos tan graves como las que documenté en la denuncia presentada ante la CPI el 16 de noviembre de 2017.
Pero no subestimemos a estos forajidos de Miraflores, porque ya sabiendo lo que les viene encima con la CPI, empezaron de inmediato a mover sus fichas astutamente. Algo de eso pudimos verlo en junio de 2021, cuando Maduro señaló, con todo su cinismo, que “en Venezuela hace falta una revolución que estremezca, que sacuda, que transforme todo el sistema de justicia del país” y anunció una “conveniente reestructuración del Sistema de Justicia”, encargando de tal misión nada más y nada menos que a su flamante esposa Cilia Flores y a su compañero de fechorías Diosdado Cabello. Lo que ignora el autócrata y su equipo asesor es que no se va a juzgar lo que hagan con el Poder Judicial, lo que van a juzgar es lo que ya hicieron, y esos crímenes ocurrieron, están documentados y la CPI cree que ofrecen lo necesario para instalarse en el país a conseguir justicia. Y, como deben suponer, la misma se aplicará a la cadena de mando. Eso es lo que explica el miedo. No es para menos.
Y en consecuencia no dejan de poner en marcha sus estrategias infames, en un desesperado intento por ganar tiempo o, para lo que es más seguro, prolongar la agonía de su inexorable condena.
Pero, en esta fase, para la cual ofrezco mi total colaboración con la CPI, surge la difícil tarea de determinar la verdad de los hechos y para ello tendrá un equipo operando en el país donde ocurrieron los hechos. Eso les da miedo. Maduro y sus cómplices están amenazados y harán lo indecible para escapar de la justicia, incluso entregando a sus “aliados”.
Esta es la gran oportunidad para que las víctimas, así como representantes de organismos de derechos humanos, puedan entregar no solo informes, testimonios y otras pruebas, sino pedir la asistencia para los testigos, víctimas y cualquier otra persona que se encuentre en peligro; pedir también asesoramiento para que oportunamente se recolecten las evidencias antes de que desaparezcan, ocupando esos espacios y no cederlos a quienes mienten y engañan con informes que no reflejan la realidad de lo que se vive en Venezuela en materia de derechos humanos. El país y el mundo saben que quienes están instalados en Miraflores son unos cobardes que ahora están más asustados que nunca y que seguirán siendo unos violadores de los derechos humanos.