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El Consejo General para los Derechos Humanos de la ONU debe actuar más diligentemente ante la Corte Penal Internacional.
Después de conocer la actualización del informe sobre Venezuela que la alta comisionada presentó el pasado jueves 1 de julio, me pregunto: qué más violaciones graves de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad le hacen falta para que acuda a la CPI y exija mayor celeridad en el caso de nuestro país, tal como lo ha venido haciendo el Estado venezolano para confundir, sabiendo que la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU creada por ella misma determinó ,calificó y responsabilizó al Estado de haber cometido tan horrendos crímenes.
El Estado mantiene una política pública en contra de los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos. Prueba de ello es que la misma doctora Bachelet, en la actualización del informe presentado hace pocos días, destaca las torturas, los tratos crueles e inhumanos y degradantes, ejecuciones extrajudiciales, golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual con intentos de violación. Pero no es la primera vez. Es un patrón que se repite y que ha sido reportado en los anteriores informes de la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
El resultado del nuevo informe me lleva a insistir en que es inconcebible que la mayoría de los miembros del Consejo General de la ONU para los Derechos Humanos sean representantes de Estados que tradicionalmente han violado estos derechos en sus países, siendo por ende los mejores aliados de la impunidad internacional.
La alta comisionada está obligada a lavarle el rostro a este consejo y lo puede hacer con una iniciativa histórica: exigir a la CPI justicia para las víctimas de violación sistemática de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por parte del Estado venezolano.
Por mi parte, sigo sustanciando y documentando el expediente sobre las violaciones de derechos humanos, como es la aplicación de vacunas con privilegios y la exigencia del carnet de la patria para poder gozar del derecho a la salud, lo que constituye un acto de discriminación y desigualdad ante la ley que contraría nuestra máxima norma jurídica, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
A esto sumamos lo ocurrido en las últimas horas, cuando dictaron privativa de libertad por los delitos de instigación al odio, traición a la patria y terrorismo al coordinador de Fundaredes, Javier Tarazona, junto con miembros de su equipo. Nada más en este hecho podemos mencionar varias irregularidades: la detención se realizó de manera arbitraria en la ciudad de Coro, estuvieron desaparecidos por muchas horas antes de presentarlos en Caracas ante el juez 3ro de Terrorismo y les negaron que un abogado de confianza asumiera la defensa, con los cual les vulneraron todos sus derechos y garantías constitucionales.