Mi hija acaba de concluir su primer año de Derecho. El día de su ingreso me llamó en la madrugada, como suele hacerlo:
-Papi, tengo una pregunta: ¿qué es el Derecho? Muchos autores lo definen, pero me gustaría saber tu opinión.
-Una respuesta muy sencilla que propongo a mis alumnos en la primera clase de su carrera: imagínense una selva, donde llega el que puede y actúa a la defensiva, porque no existen regulaciones. Te abordarían para apropiarse hasta de tu persona y te amenazarían con matarte si no haces o entregas lo que te piden. Al contrario, donde impera el Derecho están la Constitución, las leyes, las normas que protegen sin distinción. Hay principios, valores, que son como un escudo, igual para todos. La justicia, por ejemplo, la seguridad jurídica para mantener la convivencia.
Después de un año en su universidad me sigue llamando de madrugada:
-Papi, Venezuela (su país que no conoce, pues salió al exilio a los 11 meses) es una selva; me preocupan las noticias.
-Efectivamente, Venezuela, es una selva. Es una selva-país a la que han arruinado y saqueado.
Inesperadamente se convocan elecciones; el régimen pretende que solo le compitan candidatos que él apruebe. Millones de personas, agrupadas en una opción política, deciden que les representará María Corina Machado. Un contralor llamado Amoroso la inhabilita, sin ser ella funcionario, sin juicio previo ni explicación alguna.
Se ha despojado de sus derechos políticos a una persona inocente. La Constitución es vulnerada constantemente. El debido proceso no existe y el órgano encargado de restituir las garantías a los ciudadanos, el TSJ, es utilizado como alcabala para las decisiones que el régimen decide. Las sentencias en las distintas salas, casi en su totalidad, constituyen fraude procesal, que mantiene de rodillas a la ciudadanía. Los tratados no importan, es la irracionalidad en el ámbito jurídico jamás vista en el país. Venezuela es una selva. Se propone una nueva candidata, la doctora Corina Yoris, que sin procedimiento alguno es también inhabilitada.
Convocado el proceso electoral se presentan casos insólitos. A la líder del movimiento opositor se le persigue y se le hostiga. No se le permite trasladarse motu proprio, violando otra vez la carta magna, que en su artículo 50 plantea el derecho a transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional.
Sería interminable poder reseñar los episodios de batalla épica librada sin garantía alguna: cierre de medios, persecución y encarcelamiento a los comunicadores. Guerra total contra la libre expresión. Los obstáculos fueron sorteados; un pueblo unido lucha por un cambio hacia la democracia.
En torno al cierre de los medios y la persecución a los periodistas se ha desatado una verdadera guerra sin cuartel. Nuestros comunicadores se han convertido en corresponsales de guerra. El Nacional cumple 81 años en medio de los ataques más perversos jamás vistos en la historia de Venezuela.
Elecciones en la selva. El Consejo Nacional Electoral hizo trizas todo el sistema legal. Bloquea la apertura al registro de los nuevos electores. Cambios inesperados de las mesas y migración de votantes a sitios lejanos para impedirles el ejercicio de su derecho al voto. A 8 millones de refugiados se les niega el derecho estrella de la democracia: votar. Nuevamente, la fachada obesa del crimen organizado. El contralor que degolló el Estado de Derecho ahora dirige el CNE, organismo que requiere independencia para garantizar que todos los ciudadanos pueden elegir a sus gobernantes. Sin reunir la directiva, sin presentar una sola acta, ante el apabullante triunfo del candidato opositor, sin prueba alguna, anuncian vencedor al tirano gobernante, quien fue superado según las actas presentadas por más de 4 millones de votos.
El organismo electoral fue el primero en recibir un golpe de Estado. Actúa como los hampones repartiéndose un botín. Se niega a publicar los resultados de las mesas electorales, totalizar y luego proclamar. Ante la tergiversación del procedimiento la proclamación ”exprés” es nula, por lo tanto, no surte efecto alguno (24 CRBV). Atraco impune en el bosque de la injusticia.
Violentamente irrumpen contra la dirigencia opositora. El dirigente Freddy Superlano es secuestrado y torturado. Hasta el momento se desconoce su situación. El fiscal al referirse al caso, de modo irrespetuoso y claramente inconstitucional, hizo señalamientos de supuestas delaciones, lo cual confirma que está siendo torturado y drogado con sustancias peligrosas, que ponen su vida en peligro, su integridad física y moral. A los numerosos inocentes detenidos se les niega su derecho a nombrar defensor, lo cual viola el debido proceso y la asistencia letrada, establecido en el artículo 49 de la Constitución Nacional y 139 del código orgánico procesal penal. Miles de detenidos confrontan la misma situación. Numerosos muertos y heridos. El Colegio de Abogados anuncia que presentará denuncia ante los organismos internacionales de derechos humanos.
El Estado de Derecho viene siendo violado con ejemplos que rarifican que nos han convertido en una selva mediante la manipulación de las instituciones, desde la convocatoria inconstitucional de la Asamblea Nacional Constituyente para usurpar los poderes de la Asamblea Nacional legítima, tergiversando los artículos CN 347, 187 (año 2015).
En este dantesco episodio, la tiranía acude a la Sala Electoral para sentenciar una nueva burla. Es insólita la propuesta de amparo que no se ajusta a ninguna de la modalidades establecidas en la ley. Es simplemente desviar el cauce electoral a objeto de asegurarse una decisión atrabiliaria del Tribunal Supremo, en Sala Electoral.
Sin ningún sentido jurídico, hasta sin sentido común, en sí mismo es una acción salvaje para arropar toda una serie de irregularidades que no le fueron suficientes para vencer el clamor de un pueblo.
Admitir este panfleto como amparo es un desasosiego. Es una propuesta infame, falaz, calumniosa. Los verdaderos sentenciadores son escribidores cubanos, especialistas en el muladar de la maldad y la mentira. Eso nada tiene que ver con el derecho. Se pretende una sentencia que será una oda a la ilegalidad, mediante un “flagicio”: ”delito grave y atroz”, basado en falsedad documental, prevaricato, daño social, para justificar un claro golpe de Estado. Sus premisas fácticas son por lo tanto falsas y necesariamente una injusticia. Se ha consolidado la ruptura democrática, inhabilitando los derechos humanos, desobedeciendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su nutrida jurisprudencia.
La mayoría social perseguida desarrolla el camino democrático. Contra el golpe de Estado se acentuará el grito de libertad.
-Hija, tu país es una selva.
Luis Velázquez Alvaray es exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia.