México es uno de los países más desarrollados del continente americano. De eso no cabe duda y los números de los analistas así lo confirman. Pero, al mismo tiempo, el índice de analfabetismo en esa nación ha permanecido intacto en 10 años, cerca de 6,8% de la población nacional mayor de 15 años es analfabeta. Ahora la cifra alcanza cerca de 6 millones de mexicanos que no saben leer ni escribir, aseguran los estudios. El índice permanece, la cifra aumenta. En 2000, eran 5.942.000. En 2010 descendió medio millón. 4 años después, hoy, la cifra volvió a aumentar, no así el porcentaje, 5,8 millones de mexicanos analfabetas[1].
Por otra parte, El narcotráfico en México es extremadamente poderoso y ha tenido un impacto profundo en la política, economía, seguridad y sociedad del país, convirtiéndolo es uno de los mayores productores y exportadores de drogas ilícitas, principalmente marihuana, metanfetaminas, cocaína y heroína, lo que ha alimentado el crecimiento de poderosos cárteles de la droga que operan tanto a nivel nacional e internacional, como puede leerse en reportes de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) y de InSight Crime.
En cuanto a Estado de Derecho, según el WJP Rule of Law Index® México ocupó a nivel mundial el puesto 116 entre 142 países, y el lugar 27 entre 32 países de América Latina y el Caribe, para el año 2023. Mas cerca de los últimos puestos que de quienes puntean.
Este es un estado de cosas que proviene de informaciones documentadas, de manera que podría afirmarse que reflejan la realidad mexicana, que no puede ser ocultada ni siquiera con el insólito y ridículo pedido de “perdón” a España ni por el desdén de negarse a invitar al rey Felipe VI a la toma de posesión de la nueva mandataria del equivocadamente llamado “país azteca”.
Ahora bien, pese a problemas tan graves como el analfabetismo y el narcotráfico -no se olvide que además México es una fábrica de billonarios- el presidente saliente, a quien no menciono porque no vale la pena, logró que la manada que políticamente le apoyaba aprobara una reforma constitucional del sistema judicial mediante la cual, entre otros puntos, se consagra la elección popular de los jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial.
Las alarmas de los organismos internacionales y de las organizaciones no gubernamentales no han cesado de sonar porque la reforma, por demás constitucional, atenta contra todos los principios que pregona la independencia judicial; pero, en mi concepto, lo más grave es que se lleve a cabo una reforma tan agresiva en un país que, según los datos arriba aportados, cuenta con un elevado número de analfabetas y, además, con una influencia del narcotráfico en todos los sectores y las instituciones mexicanas.
¿Es que los jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial van a ser electos por una inmensa masa de ignorantes mientras que todo el país está en jaque en manos del narcotráfico?.
A mi entender, la reforma acometida constituye una involución en el sistema judicial mexicano que lo que lo que traerá será una destrucción paulatina de las instituciones porque no habrá garantía alguna para el ciudadano de contar con un sistema judicial independiente e imparcial, sino un aparato de jueces producto de la ignorancia y de los intereses de la delincuencia organizada internacional.
Para concluir, traigo a colación el mensaje de la World Jurist Association del 29 de septiembre de 2024:
“Nos unimos a la comunidad juridica internacional que unanimemente se ha pronunciado al respecto, y respaldamos a la Barra Mexicana y demás Colegios de Abogados, Universidades, trabajadores, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federacion, en su legitima lucha para que el Estado de Derecho en la República Mexicana no se vea afectado, y hacemos votos para que las nuevas autoridades gubernamentales que proximamente asumiran los destinos de la nación mexicana, con altura de miras, lleven a cabo una debida y bien meditada implementación de la reforma que se comenta, a efecto de que no se vulneren los derechos de los mexicanos a tener una justicia eficaz e independiente”.
[1] Véase: https://www.educacionfutura.org/analfabetismo-en-mexico-una-realidad-de-alto-riesgo/.