Diputado Roberto Ábrego
Los auxilios económicos dados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) con el visto bueno de arriba pueden revelarnos cosas interesantes. Se aplica la antigua práctica del trueque, pero entre políticos y con recursos del Estado.
Siempre escuché que lo dado al diputado Roberto Ábrego para que desistiera de su candidatura a la presidencia de la Asamblea Nacional (AN) fue nombrarlo en la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en representación de esa misma Asamblea, en reemplazo de Elías Castillo, quien no cumplía con los requisitos legales para el cargo, al carecer de título universitario. (Ley No. 19 del 11 de junio del 1997, orgánica de la ACP en su Artículo 14: “para ser director se requiere poseer título universitario o preparación equivalente”).
A través de esos auxilios económicos, que el presidente Nito Cortizo dice desconocer, nos percatamos de que a un hijo del mencionado diputado le otorgaron $ 190.000 de “ayuda” para cursar estudios universitarios en el exterior. Seguro estoy de que el director del Ifarhu recibió instrucciones para dar semejante “apoyo”, ya que no creo que él se atreviese a hacerlo sin mediar orden superior. Para remachar, el Ifarhu dijo que toda la carrera costaba $ 400.000 y que le habían dado menos de la mitad. ¡Vaya excusa!
Nos preguntamos, ¿habrá sido esto parte del pago al diputado Ábrego para que desistiera de sus aspiraciones a presidir la AN y pudiera Crispiano Adames tener la cancha abierta? Como Abrego no habla inglés, se aburre en reuniones de la ACP, donde gran parte de la comunicación es en ese idioma.
Igual razonamiento utilizo en el caso de la intempestiva renuncia del procurador Eduardo Ulloa el 24 de febrero de 2021, efectiva seis días después, cuando vemos que a su hija (http://elsiglo.com.pa/panama/hija-exprocurador-ulloa-recibio-180-auxilio-economico/24212350) le dieron un jugoso auxilio de $ 180.000 para estudiar afuera, supongo que, autorizado desde la Presidencia, pero no por Cortizo, pues dice desconocer a quiénes se han otorgado esas jugosas ayudas. ¿Qué más le habrán dado a Ulloa para que desapareciera como lo hizo de la Procuraduría General de la Nación?
“Pa’ pegar mentiras y comer pescao, hay que tener mucho cuidao”, dice el refrán. En un país tan chiquito como Panamá todo termina conociéndose. Es muy fácil detectar las mentiras de los funcionarios porque la persona que no dice la verdad se le conoce hasta en la expresión de su cara.
Lo mismo ocurre con el tema del contrato del Estado con Minera Panamá. Anunciado el 19 de enero por el mismo Cortizo como finalizado con gran éxito, al lograr que Panamá recibiera más de $375 millones al año como regalías en lugar del exiguo 2%, el 19 de marzo él mismo anunció que $200 millones que entrarían serían para reforzar las enclenques finanzas la Caja del Seguro Social. Han pasado 11 meses de sus declaraciones y Minera Panamá sigue pagando lo mismo, a pesar de que el contrato fue declarado inconstitucional en 2017 por la Corte Suprema de Justicia. Desde ese anuncio presidencial, Panamá ha dejado de recibir mensualmente $30 millones que sin duda no pagarán cuando la AN termine de aprobarlo. ¿Se imaginan lo que ha dejado de pagar la minera, más de $300 millones, y las condiciones que pondrán los diputados para aprobar el contrato a tambor batiente?
Ya un diario local señaló que a cambio de esa aprobación expedita le darían $2 millones a cada diputado PRD, a otros $1 millón y al resto $500.000. ¿Será eso cierto? ¿Por qué, si desde enero de este año anunciaron con bombos y platillos, como si fuera un gran triunfo gubernamental, que ya habían llegado a un arreglo con Minera Panamá, ahora nos dicen que no pueden decir cuándo lo firmaran por lo delicado del tema?
Además, y es sabido por el gobierno, que la actual composición accionaria de los dueños de Minera Panamá, la canadiense First Quantum Minerals, viola la Constitución Nacional en su Artículo 3, que en su segundo párrafo reza: “El territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado o enajenado, ni temporal ni parcialmente, a otros Estados. ¿Por qué se hacen los chivos locos con los dueños de las acciones de la minera que están manos de empresas estatales de China, Corea del Sur y Singapur?
¿Por qué permiten que la tina de relave, de más de 5.000 hectáreas, siga siendo utilizada por la minera sin que ANATI le haya dado autorización para hacerlo, ignorando la denuncia de bien oculto que presenté en diciembre de 2021?
El país no puede vivir de engaño en engaño. ¿Acaso tienes idea adonde nos puede llevar todo eso?
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