Como lo prometí en mi artículo de la pasada quincena, voy a ir presentando y analizando los ejes del programa de gobierno de María Corina en este espacio. Hoy voy a empezar por el primer eje, las Bases Políticas para la Convivencia: Restablecimiento de la libertad, la democracia y el funcionamiento efectivo del Estado.
La propuesta central es construir un Estado al servicio del ciudadano. Esta idea interpreta el clamor de la inmensa mayoría de los venezolanos de salir del aparato omnipresente, inflado, antidemocrático, represor e inútil en que ha convertido el régimen al sector público.
El concepto mismo del Estado que se requiere construir en Venezuela es central para el futuro del país. Será un Estado subsidiario, lo que quiere decir que se encargará de garantizar el acceso a los bienes y servicios públicos e intervendrá en aquellas tareas que el mercado y la sociedad no pueden atender. El Estado debe asegurar las libertades políticas y ciudadanas; entre ellas la libertad de expresión y de prensa; respetar y hacer respetar las reglas de la democracia; y funcionar para la gente. En este sentido, el Estado deberá ser más pequeño, pero más robusto y eficiente en las funciones que le tocan, deberá garantizar la pulcritud y transparencia en el uso de los recursos públicos, y elevar la calidad de los servicios que debe proveer para el desarrollo del país.
En términos de estructura, el Estado asegurará la independencia de los poderes públicos, para mantener un balance sano de pesos y contrapesos entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Esta premisa, tan básica para el funcionamiento de la democracia y para evitar el abuso del poder, ha sido destruida por el régimen, que concentra y avasalla todos los poderes públicos. La primera tarea será restaurar la división de poderes de manera efectiva. Para lograr esto, necesariamente se deben legitimar las tres ramas del Estado. La elección de María Corina a la Presidencia de la República debe ser seguida de elecciones legislativas que permitan establecer un Congreso representativo de la voluntad popular. El Poder Legislativo procederá entonces a renovar las autoridades de los diversos organismos que constitucionalmente le corresponde elegir. Del mismo modo se requerirá renovar y legitimar el Poder Judicial y asegurar la independencia de los jueces.
En el aspecto de administración eficiente del Estado, todavía recuerdo la crítica altisonante del entonces candidato a presidente Hugo Chávez al tamaño del gobierno. El caso es que tanto Carlos Andrés Pérez como Rafael Caldera tenían un gabinete donde se reunían 21 personas, entre ministros y ministros de Estado. En contraste con esto, el gabinete del régimen tiene 37 ministros o cargos con rango ministerial, además de 1 vicepresidencia ejecutiva y 8 vicepresidencias. Algunas vicepresidencias ocupan cargos ministeriales, con lo cual actualmente hay 38 sillas en el gabinete del régimen. Esta inflación de ministerios ha convertido el Estado en un mastodonte lento y desarticulado.
Un gobierno de María Corina racionalizará esta maquinaria pesada y anacrónica, para dimensionar el Estado de forma que su tamaño sea adecuado a sus funciones, con muchos menos ministerios, y más capacidad de ejecución de políticas, proyectos e inversiones. Para esto se establecerá una carrera de servicio civil, que hará atractiva la administración del Estado a personas capaces y con vocación de servir a los ciudadanos. Los empleados públicos que lo requieran serán reentrenados, profesionalizados y ubicados en funciones legítimas y útiles. Se les dará también incentivos y facilidades a aquellos que deseen transferirse al sector privado, que irá creciendo aceleradamente y produciendo muchos y buenos empleos. Se hará un esfuerzo especial en digitalizar las funciones y servicios a los ciudadanos para aligerar trámites y hacer la administración del Estado un reflejo de los avances tecnológicos del siglo XXI y no lo que penosamente tenemos ahora.
Otra área de racionalización será la reducción decidida del sector empresarial del Estado. La organización Transparencia Venezuela reporta a final del año 2022 la existencia de 914 empresas en manos del Estado: 692 están bajo control del gobierno nacional, de éstas 91 están domiciliadas fuera de Venezuela, 601 están en el país y 219 son administradas por las gobernaciones. La mayoría de estas empresas están pésimamente gerenciadas, mal financiadas y muchas en estado de insolvencia, amén de la corrupción que campea por ellas. Son una carga para el Estado, sin ningún beneficio para los ciudadanos. La privatización de este parque empresarial, mediante licitaciones transparentes, mejorará estas compañías haciéndolas funcionar eficientemente y permitirá a sus trabajadores ganar salarios decentes.
La estructura federal de gobierno será revisada y la descentralización revitalizada para asegurar un funcionamiento efectivo y colaborativo del gobierno nacional, los estados y los municipios en la reconstrucción del país.
Finalmente, tenemos a cerca de 8 millones de venezolanos regados por el mundo. La mejora creciente de la situación económica y social del país atraerá a muchos y se reunificarán las familias. Pero, para todos aquellos que opten por seguir en el exterior, o por compartir su tiempo entre Venezuela y sus lugares de emigración, el programa de María Corina propone una representación parlamentaria de esta enorme población. Se buscará darles el espacio que merecen en las decisiones que lleven a Venezuela a convertirse en ejemplo de libertad, democracia y prosperidad en el mundo.
Este es el Estado que propone María Corina. Un Estado decente, eficaz, al lado de la gente y posible.
Rafael de la Cruz es miembro del equipo económico de María Corina Machado y ex gerente general de países andinos del BID.
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