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Mateo, 5, 13. Denuncias de promiscuidad sexual del clero español sacuden a la Diócesis de Huesca-Jaca (1)

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Un escándalo de proporciones imprevisibles sigue aleteando sobre en la Iglesia Católica de España, específicamente en las Diócesis aragonesas (Zaragoza, Teruel, Huesca-Jaca), donde un sacerdote recientemente ordenado, identificado como D. XYZ, ha sido acusado de conductas sexuales inapropiadas y de llevar un estilo de vida que contradice los principios y normas del sacerdocio.

El cardenal Omella, salpicado por numerosos escándalos, protege a dos testigos de la tolerancia de la homosexualidad en el clero

La Iglesia Española, conocedora de la historia, no ha hecho más que mantener la paga al sacerdote permitiéndole ocuparse de sus estudios civiles un par de años hasta después del juicio, y trasladar al obispo Julián Ruiz Martorell de diócesis para protegerlo, al estar citado como testigo a juicio por el periodista que se ve denunciado por el sacerdote en cuestión por mostrar la falta de “compliance” de la Iglesia para con sus fieles. Del mismo modo, el ex rector del seminario de Zaragoza, Fernando Arregui, acaba de ser elevado a oficial del todopoderoso dicasterio de los obispos en el Vaticano, estando también citado para el mismo juicio esta vez como testigo llamado por el periodista: Arregui advirtió a Monseñor Ruiz Martorell que no podía ordenar a ese candidato, conociéndole como e conocía desde joven.

Se pretende así dejar al periodista sin los testigos que permitan demostrar que su investigación no solamente es noticiable, sino que pone el dedo en la llaga de la connivencia por parte de la Iglesia española con la corrupción.  En un acto de clericalismo de la justicia Española difícil de describir, la juez defiende la homosexualidad activa del sacerdote como perfectamente aceptable moralmente y acusa por ende al periodista de homófobo.

Según documentos gráficos y testimonios directos, que mostraremos, incluyendo un testimonio grabado en audio del exnovio del ahora sacerdote, y corroborado en una vista judicial ante la juez, el sacerdote habría incurrido en prácticas sexuales inapropiadas, incluyendo proposiciones sexuales en lugares públicos y participación en actividades sexuales grupales. Estas acusaciones se ven respaldadas por mensajes en redes sociales y otros testimonios, sugiriendo un patrón de comportamiento que plantea serias dudas sobre su idoneidad para el ministerio sacerdotal, pero que sin embargo la juez describe como inadmisible el considerar que tal conducta sea una dificultad para que un sacerdote realice su tarea con toda la autoridad moral requerida.

Además de las acusaciones personales, el caso pone de relieve una serie de problemas más amplios dentro de la Iglesia Católica de España, incluyendo denuncias de corrupción y mal manejo. Se mencionan en las denuncias interpuestas ante el Nuncio a varios sacerdotes y obispos, implicándolos en actividades cuestionables y en el posible encubrimiento de estas acciones. Este escándalo no solo cuestiona la conducta de un individuo, sino que también desafía la integridad y la credibilidad de la institución eclesiástica en su conjunto en España. El cardenal Omella ha venido moviendo los hilos de estas tramas para sus intereses personales, desde el ocultamiento de los abusos del sacerdote Amadeo Elcoso, ahora en los tribunales (aquí lo cuento en una columna anterior), hasta el momento en que el mismo Omella dirigió la trama para expulsar con calumnias al ahora arzobispo emérito de Zaragoza, D. Manuel Ureña por ambicionar para sí ese puesto, como denunció la prensa a nivel nacional en España. Y más recientemente, la colocación de sus adláteres monseñor Arregui y monseñor Ruiz Martorell en lugares protegidos.

El caso de D. XYZ ha provocado un debate sobre la efectividad de los procesos de selección y formación en los seminarios católicos, especialmente en España, así como sobre la respuesta institucional de la Iglesia a tales acusaciones. La controversia también ha reavivado el debate sobre el celibato sacerdotal y la necesidad de una mayor transparencia y responsabilidad en la Iglesia Católica.

La defensa del periodismo libre y la responsabilidad de informar sobre temas delicados son fundamentales en este caso. La importancia de un periodismo que no solo denuncie, sino que también eduque y proporcione un contexto más amplio para comprender estos complejos asuntos, es crucial para una sociedad informada.

Este caso sigue en evolución y la respuesta de la Iglesia Católica será determinante en cómo se maneja la crisis y qué cambios podrían implementarse para evitar futuros escándalos.

@JordiPicazo

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