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La pieza estrella del gobierno de Gustavo Petro acaba de recibir el aval de la Cámara de Representantes: la reforma tributaria con la que esperan echar a andar el resto de los planes de transformación de la economía. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, mostró su complacencia al asegurar que “esta reforma garantiza que Colombia tiene una política fiscal sólida y recursos adicionales para impulsar el salto hacia la paz social. La reforma va el martes a conciliación con el Senado y luego a la sanción de Petro, que la convertirá en Ley de la República. Se espera recaudar con esta ley 20 billones de pesos y con ello reducir el déficit fiscal en 1,2% del PIB.
Tal como fue formulado, el proyecto del gobierno recién instalado debería abrirle a la nueva administración la vía para financiar el objetivo prioritario de la Paz Total, el caballo de batalla de Gustavo Petro desde la campaña electoral. La esencia de esta reforma es la de reducir la pobreza y disminuir la desigualdad a través de la imposición de una mayor carga fiscal a quienes generan para sí los mayores ingresos, a empresas del sector financiero y a aquellas del sector extractivo. También se penalizan a productos cuya explotación sea contraria a la protección del ambiente.
El equipo de Petro se puso del lado de la Organización Mundial de la Salud en lo atinente a la creación de impuestos para lo que se conoce como “productos no saludables”, los que se consideran un factor de riesgo importante para enfermedades no transmisibles como cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias y diabetes. Bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados –embutidos, albóndigas, empanadas de carne, salchichas, jamón, snacks, cereales, galletas, dulces, chocolates– tendrán un impuesto sobre el precio final. De esta manera la cesta de consumo del colombiano que no come tres veces al dia –21 millones de ciudadanos– se verá afectada y su bolsillo por igual.
Pero sin duda que el sector más afectado con la nueva ley es el de los hidrocarburos. Ello tiene un doble efecto: todos los planes estatales pasan a depender de este sector para financiarse, pero al propio tiempo la nueva ley desestimula la inversión en el mismo. Pero, dentro del ideario gubernamental, es la base para promover la transición energética que preconiza.
Fedesarollo la semana pasada presentó el resultado de un estudio que muestra que el nuevo estatuto tributario conseguirá que las petroleras pasen a pagar al Fisco de 36% de sus utilidades a 70,3%. No hay duda, asegura su director, Luis Fernando Mejía, que la consecuencia inmediata es el encogimiento de la inversión en el sector.
Por su lado, la Asociación Colombiana de Petróleo anunció, hace pocos días, que la sobretasa petrolera por aprobarse provocaría una caída tan grave en la producción de combustibles que en el año 2026 se extraerían hasta 200.000 barriles diarios de petróleo menos y que hacia finales de la década la caída sería de 450.000. Hoy se producen 750.000. Con la propuesta fiscal aprobada, muchos de los proyectos en el sector de hidrocarburos dejarán de ser viables.
La ley es bastante mas compleja que lo que podemos citar en este corto espacio, pero queda claro que en los momentos de dificultades económicas generalizadas a escala global, afectar al hombre de a pie y gravar las industrias de las que se depende para generar estabilidad y crecimiento no es lo más aconsejable. Tampoco es beneficioso generar un ambiente de inestabilidad y de desconfianza entre los inversionistas nacionales y foráneos castigando al capital.
La recesión colombiana comienza, a partir de esta ley, a tener un componente interno de gran impacto que se suma a la desaceleración internacional. Ella lleva la firma de Gustavo Petro.