Minería ilegal | Foto Archivo
Las proclamas para asumir la defensa de las reservas naturales que le quedan a la humanidad no pueden reducirse a la retórica que sirve para hacer ruido y llamar la atención de una audiencia que se va quedando atónita, mientras palpa las grandes contradicciones entre lo que se dice o promete hacer y lo que en la vida real se tolera impunemente. Esta reflexión le queda al dedillo a los líderes del mundo que “se rasgan las vestiduras” a la hora de pronunciar encendidos discursos y estampar sus rúbricas en documentos que se convierten en cenizas, después de ser devorados por las llamas de esas “masacres ambientales”, tal como lo ha denunciado, con justificada razón, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, quien aseguró que “el régimen venezolano destruye y ni siquiera pretende controlar. Las próximas generaciones tienen derecho no solo a que se conserven los recursos naturales del país, sino a vivir en un ambiente sano”.
Así tenemos que “el Acuerdo de París establece un marco global para evitar un cambio climático peligroso, manteniendo el calentamiento global muy por debajo de los 2 °C y prosiguiendo los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C. También aspira a reforzar la capacidad de los países para hacer frente a los efectos del cambio climático y apoyarlos en sus esfuerzos”. Ok muy bien, muy bonito todo eso. ¿Pero qué se hace mientras arde la Reserva Forestal de Imataca, en Venezuela? El editor Mauricio Dahbar divulgó un documental basado en informaciones de SOS Orinoco, que da cuenta de uno de los crímenes ecológicos más espantosos que se están cometiendo en el planeta Tierra, como por ejemplo que en “el río Cuyuní, se encuentra una zona minera con un tamaño equivalente a 6.300 canchas de fútbol profesional. Además se confirma, según datos aportados por el señor Dahbar, que “Venezuela es el país amazónico con mayor número de minas ilegales”.
Hasta la fecha SOS Orinoco ha identificado 680 sectores mineros en 51,286 hectáreas y esta cifra va en aumento. Solamente en el Parque Nacional Canaima existen al menos 59 sectores de minería ilegal dentro y en los límites del parque, algunos apenas a 23 km del Salto Ángel. Esta tragedia repercute en la salud de las personas, por lo que se confirma que “en el año 2019, Venezuela reportó ella sola 53% de los casos de malaria de todo el continente americano (398,285 casos nuevos) y más de 70% de ellos se encuentran al sur del Orinoco en las zonas mineras”.
Los estragos de esa masacre afectarán aún más al país que ya bastante sufre por los apagones que dejan sin luz a la mayoría de las familias venezolanas, esto porque “de las cuencas Caroní-Paragua, depende más de 60% del abastecimiento eléctrico del país». SOS Orinoco estimó que “70% del curso del río Caroní podría estar severamente alterado por causa de la minería aurífera. Estos sedimentos afectan el funcionamiento de las centrales”. Las comunidades indígenas no escapan a esta masacre ambiental, porque “indígenas pemón en Canaima y la Gran Sabana, yekwana y sanema de la cuenca del Caura, tienen en sus cuerpos 5 veces los niveles de concentración límite de mercurio, fijada por la Organización Mundial de la Salud”. Compartimos el testimonio de la capitana de una comunidad.
Ante esta realidad ¿cómo queda el Acuerdo de París?, que es el primer acuerdo universal y jurídicamente vinculante sobre el cambio climático, adoptado en la Conferencia sobre el Clima (COP21) en diciembre de 2015.