Recientemente hemos recibido la noticia de que la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional ha autorizado al fiscal Karim Khan a reanudar la investigación en relación con la situación en la República Bolivariana de Venezuela.
Se trata de una noticia de suma relevancia para los venezolanos en tiempos recientes, se trata de una decisión de la CPI que oficializa la carrera para investigar los presuntos delitos del régimen de Maduro. Esto significa que la situación en Venezuela ha obtenido el reconocimiento por parte de esta instancia que reúne los méritos para iniciar tamaña indagatoria judicial, por lo tanto, es oficial que Maduro y su régimen están siendo investigados y el reconocimiento que los ciudadanos venezolanos están siendo sometidos por un Estado que viola sistemáticamente sus derechos, siendo responsable de numerosos crímenes y del mayor éxodo de migrantes en América.
En este proceso, la Sala examinó detenidamente la solicitud presentada por la Fiscalía, así como las observaciones de las autoridades venezolanas que participaron activamente con la Corte. Además, se tuvieron en cuenta 1.875 opiniones y observaciones transmitidas por la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones.
Nuestra denuncia se encuentra entre las múltiples acusaciones presentadas. La envié en nombre de un grupo ad hoc de masones que fuimos directamente afectados por Maduro durante la intensa persecución dirigida hacia el masón Oscar Pérez. En 2022, dirigí una solicitud al fiscal Karim Khan para que se investigara el crimen cometido contra dos miembros de la Respetable Logia Santiago Mariño N° 208, de la cual soy miembro.
La investigación se enfoca en los crímenes cometidos contra los hermanos Oscar Pérez y José Pimentel, pero también es importante destacar que informé al fiscal sobre las graves violaciones de los derechos humanos que sufrieron otros miembros de nuestra logia debido a su afiliación. Entre estos hechos, resalta el que cinco miembros fueron sometidos a interrogatorios que superaron las 12 horas de duración. Además, se llevaron a cabo allanamientos tanto en la logia como en las viviendas de los miembros del taller, lo cual resultó en arrestos, torturas y presuntas confesiones forzadas.
Como consecuencia de la persecución emprendida por el régimen contra los masones, varios miembros de la logia nos vimos obligados a exiliarnos. Es relevante mencionar que uno de ellos, Ángel Fajardo, miembro de mi taller, recibió asilo en Francia debido al reconocimiento de la situación de peligro que enfrentaba por su conexión con la logia donde se encontraba Oscar Pérez. Otro hermano, William Jiménez, obtuvo asilo en Holanda después de denunciar irregularidades durante la autopsia de los hermanos.
También informé al fiscal que el mismo año 2018 que se cometieron los crímenes contra Oscar Pérez se denunciaron las desapariciones de dos miembros de nuestra orden masónica, Wilmer Muñoz y Juan Hurtado. Comuniqué al fiscal que el investigador designado por la Gran Logia encontró motivos para sospechar que ambas desapariciones fueron perpetradas por el régimen de Maduro en su presunta cacería de masones vinculados a Oscar Pérez. También le informé sobre la situación del investigador Endry Méndez, quien tuvo que huir de Venezuela para proteger su vida y sufrió un presunto atentado mientras se encontraba exiliado en un país suramericano. Dada la estrecha relación de este país con Venezuela y su influencia por parte del régimen de Maduro, es crucial que se brinde asistencia internacional para trasladar a este valiente hermano a un lugar seguro, como Francia.
Además, informé al fiscal que he denunciado cada una de estas situaciones en mi columna de opinión en el prestigioso diario El Nacional. Por último, solicité que se agregue a la investigación contra el régimen de Maduro una indagación sobre el papel del coronel Ubaldo Jiménez Silva, quien fue Gran Maestro de la Gran Logia de Venezuela durante el período 2017-2019. Se presume que colaboró con el régimen de Maduro en perjuicio de los miembros de la orden masónica, facilitando medios para que los organismos de seguridad del Estado encubrieran y cometieran todo tipo de atropellos y violaciones de derechos humanos contra los miembros de la orden.
Es un gran alivio y motivo de gratitud saber que esta corte ha iniciado estas investigaciones. Los miembros de la Corte Penal Internacional son inmunes a sobornos y presiones externas. Incluso han enfrentado amenazas recientes, como la proveniente de Putin, quien ha sido acusado de crímenes de lesa humanidad en Ucrania. Esto demuestra que Maduro, siendo un peón de Putin, no podrá evadir la justicia de una corte que ha demostrado ser fiable, transparente, decidida e imparcial. Maduro, sus miembros de gabinete y todos aquellos vinculados a su régimen cuentan con suficientes pruebas en su contra para ser enjuiciados por sus crímenes atroces.
Creo que habrá una amplia convocatoria de personas que serán citadas en relación con estos cientos de casos introducidos en la Fiscalía, incluyendo el nuestro, y dependiendo de los resultados, surgirán otras demandas. Entre ellas, se incluirán aquellos encubridores, colaboradores y personas que amenazaron para que abandonáramos nuestras denuncias. Estos individuos deben ser considerados como cómplices y ser llamados a rendir cuentas por sus acciones, ya que actuaron de manera deliberada creyendo tener el poder para amenazarnos y someter nuestra voluntad.
Nuestro objetivo es que se inicie la investigación llamando primero a los principales responsables, y posteriormente se continúe escalando hasta llegar a aquellos que colaboraron y obstaculizaron a los denunciantes. Aunque no soy abogado, puedo intuir que este proceso estará lleno de actividad, dado que el fiscal ha recibido abundante información de testigos y víctimas. Solo espero que Dios permita que los venezolanos obtengamos justicia para todas las víctimas pronto, ya que muchas personas han sufrido y siguen sufriendo.
En relación con la autorización de la Fiscalía de la CPI para continuar la investigación, el régimen de Maduro alega que se está violando el derecho a la defensa del Estado venezolano, alegando una supuesta dictadura. Sin embargo, es incoherente tratar de evadir sus responsabilidades transfiriéndolas al Estado. Tal como dice el Dr. Zair Mundaray: “La Corte ha dejado claro que no se investiga al Estado, sino la responsabilidad penal individual de los crímenes más graves de trascendencia internacional cometidos por individuos”.
Es vergonzoso que Maduro intente eludir sus responsabilidades y pretenda que la gente no tome en cuenta sus acciones. Recordemos cuando él mismo dijo «orden cumplida» después de que se asesinara a Oscar Pérez y a su grupo mientras estaban rendidos y bajo arresto. Este hecho fue presenciado por millones de personas y registrado en línea. El descaro de Maduro es evidente y universal. Durante su mandato, su régimen ha cometido miles de crímenes de Estado, incluyendo el asesinato de más de doscientos manifestantes por parte de colectivos armados y agentes policiales durante protestas contra su régimen. Es importante que no permitamos que se eludan sus responsabilidades y que la justicia internacional los cite ante los tribunales. Son cientos de personas las que han sido denunciadas con nombres y apellidos, y es necesario que respondan ante la justicia internacional.
Esperamos con ansias que se llame a testigos y víctimas para que podamos aportar nuestra versión de los hechos y, finalmente, que los responsables sean llevados ante las causas penales correspondientes para que respondan por sus acciones.
Esperando que pronto retorne la democracia a Venezuela, me despido invitándolos a seguir leyéndonos en una próxima entrega en El Nacional.
@estebanoria