Foto: @SSC_BOLIVAR
Todo lo sucedido en este enclave es por mandato directo del tirano y del zar de la minería Nicolás Maduro Guerra.
Desastre mundial. Tragedia humana y geopolítica.
Son 111.846,70 kilómetros cuadrados , equivalente al 12,2% del territorio nacional, donde se ubican los ecosistemas de 3 estados: Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, saqueados bajo el amparo de un decreto fantasmal.
Se utiliza el método chavista de reparto. Las minas son entregadas a personeros del régimen, el Tren de Aragua, las FARC, el Foro de Sao Paulo, iraníes, cubanos, rusos, Hamás, PSUV, gobernadores y el resto de la delincuencia organizada mundial. Es una franquicia que cobra Nicolasito, contante y sonante. La alcabala de Miraflores.
Las violaciones constitucionales, comenzando por el propio decreto que crea el Arco Minero, son ilimitadas. Artículo 127 de la CRBV: derecho y deber de proteger el ambiente. 128: desarrollo de una política sustentable en la ordenación del territorio. 129: Estudios de impacto ambiental para proteger los ecosistemas. Artículo 311: los ingresos provenientes de la renta minera deben ser invertidos en desarrollo y bienestar social. En fin, el espíritu de la Constitución eleva la defensa y preservación del ambiente, estableciéndolo como un derecho individual y colectivo.
Patean la legislación: Ley de Minas, que establece ventajas especiales para la República ante el otorgamiento de concesiones, buscando el mejoramiento del entorno y no una subasta del tirano y el zar minero a forajidos de marca global. La Ley Orgánica de Ordenación del Territorio, en torno a la definición de los espacios para esta actividad, mediante una serie de condiciones específicas, siempre en bien de un ambiente sano, como se establece en la carta magna. La Ley Orgánica del Ambiente, en sus artículos 92 y 93 plantea los mecanismos para el ejercicio de esta actividad. De aplicarse la Ley Penal del Ambiente al saqueo del Arco Minero, estarían todos estos salteadores sometidos a la justicia.
El problema del agua, archivando la ley sobre la materia, es un crimen de proporciones devastadoras, no solo contra los habitantes de los estados cercanos, sino para todo el país y las nuevas generaciones. La contaminación de ríos y afluentes es infernal y están envenenando la geografía nacional con profundas implicaciones para el resto del continente.
Es profusa la legislación vulnerada: Ley de Bosques, de la Diversidad Biológica, de Protección de la Fauna Silvestre, Ley de Salud, del Trabajo, de Condiciones y Medio Ambiente Laboral.
Los tratados internacionales a los cuales el país está adscrito son numerosos. Todos letra muerta, incluyendo los relativos a los derechos humanos, irrespetados masivamente, no solo en la actividad comentada, sino en lo relativo a la organización social e institucional.
El Arco Minero es símbolo de los delitos de lesa humanidad. Serán inculpados en algún momento y ojalá no sea tarde para frenar a los garimpeiros chavistas. Las ONG en el continente reciben la visita de los lobistas de Sao Paulo. La mayoría miran para otro lado. Pacto de silencio ecocida.
Destacan los valiosos estudios de las ONG venezolanas. Sus miembros perseguidos y encarcelados. Ejemplos de honestidad y valentía. Valiosas investigaciones científicas. SOS Orinoco, Fundaredes, las universidades, entre otras, realizan estudios claros y concluyentes ante el crimen país, ofrecen su voz y su esfuerzo.
La perversidad instalada en Miraflores ha decidido arrasar con los pueblos indígenas que allí confluyen, cuyos hábitats alcanzan a casi 200 comunidades. Pisoteada su diversidad cultural, destruidas sus vidas, ante la imposición de un decreto criminal. Papel mojado la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.
Misión especial merece el colectivo militar. Verdaderos asaltantes de camino, con sus minas particulares y prestándose para masacrar al pueblo en este inmenso territorio. Oro militar, oro de sangre. Tropas al mando del zar minero.
Lo que acaba de acontecer con pérdidas humanas no cuantificadas en la mina derrumbada Bulla Loca -calificada ilegal, como si algo allí tuviera algún atisbo de legitimidad- es un despeñadero más de los que usualmente se suceden, sin que las FARC y el militarismo mafioso permitan darlo a conocer.
Luis Velázquez Alvaray es exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia