Basado en su discurso de una supuesta «guerra económica» que supuestamente también ha perdido, el régimen de Nicolás Maduro insiste en aplicar una especie de venganza continua sobre los trabajadores. Con por lo menos dos propósitos, a mi parecer: victimizarse y tener a la disposición más alimento para su corrupción.
Se victimiza creyendo poder así ablandar la dureza de las sanciones que le han impuesto por violador de derechos humanos, tanto como por impedir elecciones libres, las libertades de los ciudadanos venezolanos. Un modo también desde afuera de atajar una corrupción tan inocultable que el mismo régimen la ha usado para someter a sus enemigos que buscan, desde su propio seno, desde su propia conformación criminal, atacarlo.
Así, se voló las convenciones colectivas que el mismo impuso con sus agentes dizque sindicales. Esto hasta llevar a los trabajadores públicos, con su indudable incidencia sobre los privados, a una situación poco comparable de explotación permanente, de esclavitud moderna. Muy atrás queda el derecho laboral, la intangibilidad y progresividad de los derechos adquiridos. Muy atrás quedan los acuerdos nacionales e internacionales con los trabajadores, sus logros, sus conquistas.
De este modo ha venido atropellando continuamente y como con un saña superior a los incapacitados, a los pensionados y jubilados, en busca tal vez de un exterminio más acelerado. No sólo con los pagos constantes sino con los límites hasta la extinción de cualquiera protección social. Donde la salud es la primera en saltar a la vista. Basta ver la búsqueda pública de recursos diaria para tratar de atender dolencias hasta mínimas. En cuanto a jubilados y pensionados, el desconocimiento de la homologación de beneficios conquistada en gremios como el universitario, o el educativo en general, resulta demasiado evidente.
Se luce en su crueldad el régimen despótico, del terror, desproporcionadamente, esta misma semana cuando tocaba pagar el bono de alimentación para los activos, denominado de salud para jubilados. Revisa el día antes de proceder a autorizar el pago que debió ser efectuado el 25, detiene y retrocede en todo lo que antes como patrón había otorgado. Lo que antes eran pagos dobles, por doble trabajo se suspende y se transforma en uno. Los jubilados y pensionados preteridos, disminuidos en sus beneficios.
A la manera burda de atropellar todo el derecho laboral hay que sumar la forma canallesca de mofarse del trabajador y sus necesidades. Un primero de mayo ofreció un bono especial para jubilados que en ningún momento ni ningún caso se hizo efectivo. Luego, ofrece indexar al dólar las mensualidades, públicamente, mientras el decreto da una discrecionalidad permanente para cancelar las mensualidades de los trabajadores. Con este régimen macabro el trabajador solo ha obtenido burla y atropello en sus derechos. Razón de más para continuar las protestas y las denuncias dentro y fuera del país.
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